Cargando...El mismo año en el que, felizmente, algunos datos macroeconómicos permiten debatir sobre el final de la crisis, apenas se entrevé nada sobre la recuperación de las condiciones cotidianas de los ciudadanos en materia de bienestar y, mucho menos, sobre la regeneración de la vida política, que es un asunto que sobrevivirá a la crisis económica. Esta es la realidad a pesar de que la intensa propaganda del Gobierno pretenda convertir las ocas en cisnes.
A mes y medio de unas elecciones europeas que todas las élites consideran trascendentales, no hay apenas ambiente de las mismas. Si se consolidan los niveles de abstención que prevén los sondeos, el 25 de mayo nos recordará brutalmente la crisis existencial que padece la Unión Europea. Tratando de adormecer a los votantes, el PP no se ha dignado hasta ahora proporcionar candidato a esos comicios, ni lista electoral y, lo que es peor, ni programa. No sabemos como pretende el PP cambiar la realidad que expresaba el último Eurobarómetro, que decía que sólo el 31% de los europeos confiaba en la UE (un poco más de la mitad de los que lo hacían antes de la crisis: el 57%).
Para avalar al PP sólo disponemos del programa electoral con el que ganó las elecciones generales de 2011, y ya sabemos lo que ha dado que sí. Un programa que decía que era “un programa contra la resignación. Un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción”; un programa en el que se escribía que “nos preocupan los jóvenes, su futuro, su educación, sus oportunidades de empleo”, en el que se afirmaba que “el diálogo sincero y el respeto son siempre esenciales para que los cambios y las reformas sean estables y fecundos”. Un programa en el que uno de sus seis ejes fundamentales era “el fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto de la ley y a la seguridad jurídica”.
Los ciudadanos necesitan saber qué van a hacer los representantes de su Gobierno en las instituciones europeas. Qué ocurre con sus demandas en una coyuntura determinada por su volumen de desempleo (26 millones de europeos en paro, de los cuales casi seis corresponden a nuestro país, y en el que sobresalen dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración, en permanente crecimiento) y, ahora mismo, por las posibilidades de una deflación que es especialmente dañina en países como España, Portugal, Grecia, Chipre o Eslovaquia. En estos países, las tasas negativas en la variación de los precios de consumo están motivadas en buena parte por la bajada continua de salarios, lo que conduce a un mayor empobrecimiento de sus sociedades.
Es positivo que esté a punto de lograrse la Unión Bancaria para que en el futuro la carga de las dificultades de las entidades financieras no repercuta sobre los contribuyentes. Es más inquietante que el monopolio de la discusión durante los últimos meses haya sido sólo esa Unión Bancaria y apenas se hayan abordado problemas como los anteriores o como que las personas en riesgo de exclusión en la zona lleguen al 25% del total.
La pasada semana se hizo público el informe que los <CF1001>hombres de negro </CF>de Bruselas y Fráncfort han hecho sobre España, después del programa de rescate financiero de 41.000 millones de euros. Mientras nuestro país no pague el 75% de esa deuda, allá por el año 2026, los hombres de negro vendrán dos veces por año a Madrid a supervisar nuestras cuentas.
Más allá de las alabanzas por lo conseguido y de los reproches por las reformas prometidas y no puestas en marcha (la autoridad fiscal independiente o la liberalización de los servicios profesionales), los responsables de la Comisión y del Banco Central Europeo recordaron que el déficit público tiene que estar en el año 2016 en el 2,8% del PIB. Lo que significa que en tres años se ha de pasar del 6,6% a ese porcentaje: un esfuerzo fiscal (por incremento de la recaudación, por la reducción del gasto público o por una mixtura de ambos) de 38.000 millones de euros. Eso es lo que exige Europa a nuestro país.