¿Hacia dónde dirigir ahora la lucha?

En primer lugar, tenemos que aprovechar tanto el éxito del 14-N cómo el de la lucha contra los desahucios para extender y ampliar mucho más consecuentemente la campaña para blindar las pensiones en la Constitución, añadiendo como punto cualitativo la idea de que sí­ se puede, porque somos el 90%.

A Rajoy se le está acabando el plazo exigido imperativamente por el FMI y Berlín para tomar medidas con respecto al recorte de las pensiones. Y previsiblemente, a principios del próximo año, dependiendo del grado de reducción del déficit alcanzado este año con los recortes, la ofensiva exterior para recortar las pensiones se recrudezca. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya ha lanzado el globo sonda sobre lo que pretenden. Alargar el cálculo de la cuantía de la pensión a 45 años (frente a los 25 actuales) y volver elevar la edad de jubilación, esta vez desde los 67 hasta los 70 años. Lo que supone reducirlas entre un 30 y un 50%.«¿Cómo hacer que la creciente unidad sindical y social dé pasos hacia una unidad superior?» El gobernador del Banco de España acaba de declarar en el Senado “la necesidad de adoptar medidas de carácter fiscal para controlar el gasto en pensiones y aportar credibilidad al proceso de consolidación fiscal”. Difundir la campaña, extender las concentraciones a toda España, ampliarla a nuevas fuerzas y presentar ya a comienzos de año el primer paquete de firmas exigiendo el referéndum son las tareas del momento en que hay que concentrar la batalla. Al mismo tiempo que se hace imperativo avanzar y dar pasos efectivos en la unidad de las fuerzas políticas, sindicales y sociales, tanto a nivel central como sobre todo a nivel local o sectorial, en torno a un programa mínimo concreto que permita dar un salto, desde el rechazo a los recortes y ajustes del gobierno a la exigencia de una serie de medidas concretas para avanzar en una salida a la crisis en beneficio de la mayoría. Medidas que proponemos articular en torno a los siguientes puntos:1º.- Eliminación inmediata de todos los recortes en sanidad, educación y gastos sociales. Los recortes en los gastos innecesario de la administración, empezando por la rebaja de un 25% en los salarios de todos los cargos públicos con rentas anuales superiores a 60.000 euros. Y de un 50% para quienes ganan más de 120.000. Prohibición de ocupar más de un cargo público remunerado. Supresión del salario en especie para los altos cargos de la administración (dietas, tarjetas a cuenta del erario público, coches oficiales,…) Adelgazamiento de la ineficaz estructura improductiva de la alta administración central, autonómica y municipal (asesores nombrados a dedo, consejos consultivos de todo tipo,..) Liquidación de todas aquellas empresas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos que en el plazo de dos años no consigan ser autosuficientes y financiarse por sus propios medios.2º.- Paralización de todos los desahucios actualmente en marcha y revisión de los ya ejecutados. Reforma de la ley hipotecaria y aprobación de una Ley de dación en pago retroactiva y alquileres sociales.3º.- Medidas efectivas de persecución del fraude fiscal de bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas. Destinar todo el dinero recaudado a un plan público de choque contra el paro para crear empleos productivos y de utilidad social.4º.- Auditoría ciudadana e independiente sobre la deuda pública. Con el objetivo de determinar que parte de ella ha sido utilizada para el enriquecimiento de una minoría a costa de los presupuestos públicos. Declarando esta parte como deuda ilegítima y por tanto exenta de la obligación de pago.5º.- Creación de una banca pública con las cajas y bancos rescatados. Banca pública sin ánimo de lucro para reactivar inmediatamente el crédito en condiciones ventajosas a pymes, autónomos y familias. 6º.- Redistribución salarial y derogación de las reformas laborales. Salario mínimo de 1.000 euros. 7º.- Las pensiones a la Constitución. Reforma de la Constitución, mediante un referéndum, para que ningún gobierno pueda congelar, rebajar o privatizar las pensiones.