Cargando...
El salto cualitativo que han dado dos importantísimos casos de corrupción -la Gürtel y la Púnica- puede salirle caro al partido del gobierno
Tras la ‘cantata’ de la Gürtel, que apunta a la cúpula del PP valenciano, le ha llegado el turno a su otra gran baronía, el Partido Popular de Madrid, cuya financiación ilegal constituye la pieza central de la Trama Púnica. Su principal acusado, Francisco Granados, que fuera secretario general de los populares madrileños, ha acusado a Esperanza Aguirre y a Ignacio González como máximos responsables de la financiación ilegal del PP de Madrid. Y ha señalado que también Cristina Cifuentes estaba implicada.
«Yo no sé lo que es la trama Púnica. No existe, es una invención». Eso decía Francisco Granados en junio de 2017, después de pasar 32 meses en prisión y salir en libertad vigilada. Pero ahora ha recuperado la memoria. Tanto, que ha tirado de toda la manta del PP madrileño, del antiguo y del moderno. No solo ha implicado por primera vez a la expresidenta Esperanza Aguirre y a su mano derecha, Ignacio González -dos cuadros ya tocados por la corrupción- sino que ha señalado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, figura emergente del PP madrileño y nacional.
El ex secretario general del PP madrileño ha reconocido la financiación ilegal del PP madrileño, aunque ha descargado la responsabilidad principal en la que fuera su jefa, la expresidenta Esperanza Aguirre -que hasta ahora había salido judicialmente ilesa de las insinuaciones de corrupción- que era quien «lo supervisaba todo», y en el que fue su sucesor, Ignacio González. Granados manifestó ante el juez que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una “campaña paralela y de refuerzo”, que se pagaba con una «Caja B» del PP regional. Mientras que él mismo se centraba en los gastos de la campaña legal, sostenida por fondos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, los de la «Campaña B» en dinero negro eran controlados por Ignacio González.
Sin embargo, ha negado que él mismo participara en las actividades ilícitas. Algo que tiene muy difícil probar después de que se descubriera en la «libreta Moleskine» de Granados abundantes anotaciones sobre las entradas y salidas de la Caja B, como por ejemplo el jugoso bocado de 500.000 euros que se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, procedentes de una una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.
Los fondos de la Caja B provinieron de falsos contratos de publicidad de monopolios como el ya citado de OHL, del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). Según Granados, Cristina Cifuentes -hoy una figura liberal, tecnocrática, y «moderna» dentro del PP, aparentemente alejada de sus sectores más rancios- no solo estaba plenamente al corriente, sino que estuvo en el núcleo de control y en la estructura de poder de dicha campaña paralela, al estar entonces ligada sentimentalmente a Ignacio González. Una de las máximas representantes del “PP renovado” se ve así manchada por las acusaciones.
El salto cualitativo que han dado dos importantísimos casos de corrupción -la Gürtel y la Púnica- que afectan a las estructuras centrales de las dos principales baronías del Partido Popular, y que apuntan amenazadoramente a Génova, puede salirle caro al partido del gobierno. Muchos daban por amortizado el coste de la corrupción para el PP. Ahora eso no está tan claro.