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30-5-2017
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, convocó ayer por la tarde a los partidos soberanistas –ERC, PDECat y CUP–. Su propósito era intercambiar impresiones e ir perfilando la fecha y la pregunta del referéndum, para concretarlas en el plazo de dos semanas. A la negativa de Rajoy, reiterada el sábado en Sitges, de prestarse a negociar un referéndum pactado, le siguió la exigencia formulada por las entidades soberanistas al president para que avanzara en la cuestión de la fecha y la pregunta. Y Puigdemont atendió tal deseo de inmediato, anunciando la convocatoria de ayer, que terminó sin otro acuerdo que seguir por la vía del referéndum.
Esta reunión puede interpretarse como una prueba más de la determinación de la mayoría soberanista del Parlament, pese al incierto resultado final del proceso. Pero tal determinación no debería interpretarse como un símbolo de mayor fortaleza. De hecho, Catalunya en Comú, una formación siempre cortejada por el soberanismo, decidió no acudir a dicha reunión. El referéndum pactado les parecía una iniciativa defendible. El unilateral, no. Este es el otro efecto del apremio de las organizaciones soberanistas sobre el president y los partidos independentistas: mientras por un lado creen avanzar hacia la materialización de su anhelo, por otro pierden apoyos o complicidades de diversa intensidad.
No es una novedad que el soberanismo siga con su proyecto pese a contar con apoyos insuficientes. Hemos señalado a menudo que la mayoría parlamentaria no se corresponde con la mayoría real del país; que con un 47,8% de los votos no se puede pretender cambiar las estructuras en las que se integran todos los catalanes. Pese a lo cual, el soberanismo justifica sus acciones en un “mandato democrático” que en puridad no es tal, y que, además, los últimos sondeos han devaluado. Este es un modo de actuar más que discutible, y sin duda con menos fondo democrático del que se jacta poseer el soberanismo. Tampoco brillan por su calidad democrática iniciativas como la de la reforma del reglamento del Parlament, que trata de allanar el camino a la independencia, ninguneando de modo inaceptable a la oposición. O como el desvelado borrador de la ley de transitoriedad, que aporta el marco para los comportamiento unilaterales, ajenos a la actual legalidad. Nada de ello habla en favor de la calidad democrática de la Administración catalana. Y no es, pues, de extrañar que tales iniciativas carezcan del apoyo del conjunto de la sociedad. En ella se afianza la sensación de que el Govern trabaja para medio país y desampara al otro medio.
Este empecinamiento soberanista tiene su correlato en Madrid. Ayer la vicepresidenta del Gobierno insistió en lo que ya sabíamos: que el PP no facilitará un referéndum pactado. Y Pedro Sánchez, de nuevo al frente del PSOE, expresó su sintonía con los populares sobre este extremo. Unos y otros, soberanistas y constitucionalistas, parecen haber llegado a la conclusión de que pueden gobernar para los suyos, menospreciando las reclamaciones del resto. Craso error. Al menos en una sociedad democrática, diversa, muchos de cuyos miembros hallan un común denominador entre estas dos partes enfrentadas: su incapacidad para llegar a acuerdos que permitan salvar la actual coyuntura y, también, su irresponsable asunción de que el denominado choque de trenes es la solución conveniente o inevitable del proceso en marcha. ¿De verdad no se les ocurre una mejor?