Este estudio evidencia que, actualmente, los menores de 30 años deben firmar 5,2 contratos a lo largo de un año para trabajar, cuando hace diez años la media era de 3,4 contratos. Según Comisiones Obreras (CCOO), esta situación es resultado del incremento de la rotación y la precariedad en la contratación, algo que su Secretario General, Unai Sordo, ha calificado como una “mili laboral”, porque a los jóvenes se les impone que tengan que asumir la precariedad y los bajos salarios.
La temporalidad también se ceba con los trabajadores de menos edad. Entre los trabajadores que tienen de 16 a 29 años, el 58% tiene un contrato por tiempo determinado, y el 28% trabaja por horas (el doble que la media general).
Además, la bajada de los sueldos ha sido especialmente mayor entre los menores de 30 años: al comparar los datos de 2008 con los de 2016, se evidencia que el salario medio cayó un 28% entre los menores de 20 años, y que el 26% de los menores de 30 años está por debajo del umbral de pobreza.
El informe pone de manifiesto también que, en los años previos a la crisis, hubo un gran acceso temprano de jóvenes con poca formación al mercado de trabajo. Esa situación cambió a partir de 2008, cuando se alargaron los periodos de formación ante la dificultad de encontrar trabajo.
Esta llamada “mili laboral” a la que se ven obligados los jóvenes no les ofrece otra opción que trabajar en unas condiciones laborales precarias y con bajos salarios, provocando un aumento de la desigualdad salarial y unas condiciones de vida inaceptables.
Nadie se puede extrañar de que los jóvenes tengan muchas dificultades para emanciparse: el 81% de la población de 20 a 24 años y el 53% de la de 25 a 29 años vive con sus padres. Incluso un 24% de las personas de 30 a 34 años lo siguen haciendo.
A grandes males, grandes remedios
En el informe se presentan unos “ejes de trabajo”, en los que podemos encontrar medidas tales como una apuesta por la formación profesional y un estatuto del becario, en el ámbito laboral, y becas-salario para garantizar la igualdad de acceso a la universidad, así como una ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años, en el ámbito estudiantil.
Si no se crea empleo sostenible y de calidad, que dé perspectivas y futuro a los jóvenes actuales y a las nuevas generaciones, esta situación no tiene solución. Y para ello es necesario aplicar políticas de redistribución de la riqueza: subir los salarios para que no haya ninguno por debajo de 1.000 euros al mes. Pero, sobre todo, es necesario poner en marcha una política de reindustrialización del país, vinculada a la modernización, al cambio del modelo energético y a la investigación y desarrollo. Esta es la base que puede permitir la creación de empleo cualificado, sostenible y de calidad.