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La devaluación salarial continúa imparable y afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores españoles. La Encuesta de Coste Laboral publicada por el INE revela que en el cuarto trimestre de 2014, el «primer año de la recuperación» según Rajoy, el salario medio volvió a bajar un 0,5%. La rebaja salarial se ensaña con los trabajadores con empleo precario y con los parados que vuelven a ser contratados, desvelando la cruda realidad: o paro, o trabajar cobrando menos y trabajando más.
Según la encuesta del INE, en el conjunto de 2014 los salarios cayeron un 0.2%, pero en las grandes empresas la caída se eleva hasta el 0,8%, gracias a que la mayoría de los nuevos contratos son precarios, temporales y/o a tiempo parcial, y cobran un 33,7% menos por hora trabajada. Esta es la realidad del casi medio millón de empleos creados en el último año. «Que nadie gane más de 10.000 para que nadie cobre menos de 1.000»
Una y otra vez los datos confirman lo que los gobernantes nos pretenden ocultar, la devaluación sistemática y programada del 25% al 50% de nuestros salarios y rentas dictada desde los centros de decisión en Washington y Berlín. Entre 2008 y 2013 las nóminas de los nuevos contratados -los que han sustituido a los ajustes de plantilla- son sustancialmente más bajas y han caído, según la EPA, un 12%, sin tener en cuenta la inflación; lo que significa que el salario real (el que tiene en cuenta la inflación) habría sufrido una devaluación por encima del 21%, sólo atendiendo a las cifras presentadas oficialmente hasta 2013. ¿Dónde estamos ya si sumamos la devaluación de 2014? Cuando ellos reconocen estos niveles de devaluación significa que la realidad es mucho peor, como percibe una población trabajadora cada vez más al límite de la subsistencia. Según los datos de la Agencia Tributaria, al final de 2014 el 34% de los trabajadores (¡5,7 millones!) eran “seiscientoseuristas”, apenas cobran el equivalente al Salario Mínimo, 645 euros al mes. Un colectivo en el que están, sobre todo, 1,15 millones de jóvenes menores de 25 años y 1,4 millones de mayores de 45 años.
Redistribución frente a concentraciónLa devaluación salarial y de rentas a la que estamos sometidos la gran mayoría de la población contrasta con la acumulación de riqueza que se produce en el polo contrario. De los datos publicados por Hacienda se deduce que el 1% más rico ha seguido acumulando hasta un 27% más desde que empezó la crisis/saqueo hasta 2014. Así, los presidentes y consejeros delegados de las empresas del IBEX-35 han pasado de recibir una media de 1,98 millones de euros anuales en 2013 a 2,07 millones en 2014. Este año se han repartido 90 millones de euros más que en 2013. Encabezados por los presidentes de Inditex (Pablo Isla con 7,93 millones de euros), Telefónica (Cesar Alierta, 6,73 millones), Iberdrola (J.I. Sánchez galán, 6,17 millones) y del Santander (Ana Patricia Botín con 4,84 millones).La alternativa a esta situación es, como propone Recortes Cero en su programa, una política de redistribución de la riqueza. Es decir, de redistribuir los recursos del país para ponerlos al servicio de una recuperación económica que cree riqueza y empleo.
Una alternativa a la situación actual exige romper con la dinámica de acumulación de la riqueza en pocas manos para destinar los recursos a la creación de empleo productivo y de calidad. La alternativa no es crear empleo precario y subsidiado para que las grandes empresas y multinacionales exporten basando su competitividad en los bajos salarios que pagan a nuestros trabajadores. No está en los salarios de miseria que atrofian el consumo interno.La alternativa está en dos tipos de medidas indisolublemente unidas. Por un lado, en la liberación de recursos para la creación de empleo (reforma fiscal integral para que paguen más los que más tienen y más beneficios obtienen, acabando con los privilegios fiscales de bancos, monopolios, multinacionales, grandes empresas y grandes fortunas). Por otro, en una elevación general de los salarios y pensiones que aumente el poder adquisitivo del 90% de la población y que actúe de motor interno de la economía. Ningún salario, ni pensión, por debajo de 1.000 euros netos al mes, nadie por encima de 10.000.