El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ya ha conformado su gabinete, una variada combinación de fuerzas y perfiles. La base principal la constituyen los nombres ligados a Apruebo Dignidad -la coalición entre el Frente Amplio y los comunistas-, pero Boric ha incorporado a importantes referentes del Partido Socialista que le apoyó contra Kast, a varios independientes y a cuadros estructurales del Estado. Una apuesta por desmontar, sin levantar la animosidad de las élites, el modelo neoliberal y caminar -de forma firme pero paulatina- hacia un Estado del Bienestar a la europea.

Desde su victoria electoral el 19 de diciembre, no hay día en el que los medios de comunicación conservadores, dentro y fuera de Chile, no hayan manifestado su temor a que el «radicalismo izquierdista» del nuevo gobierno pusiera en peligro las bondades de la economía chilena. En realidad, estaban expresando su furibunda oposición a que se cuestione el ultraneoliberal modelo económico y social vigente en Chile desde hace décadas, un país donde prácticamente todo ha sido privatizado y donde bancos, monopolios y capital extranjero tienen vía expedita para imponer sus intereses sobre las espaldas de las clases populares.

La victoria de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad se cimienta sobre la promesa de desmontar este feroz modelo económico y social y encarrilar a Chile en algo parecido a lo que en Europa conocemos como un «Estado del Bienestar», con pensiones, sanidad y educación públicas, inversión estatal en políticas de bienestar social y en el desarrollo de los sectores históricamente desfavorecidos. Pero llevar adelante ese programa también implica pisar poderosos callos, desmantelando la abigarrada maraña de intereses oligárquico-monopolistas donde también participa de forma muy destacada el gran capital norteamericano.

Para poder llevar adelante su proyecto político, el presidente Boric ha decidido hacer un equilibrio entre la moderación y la lealtad a la exigencia de cambio. El nuevo gobierno tiene nombres rupturistas, pero también cuadros de Estado para no soliviantar aún más a las élites.

Boric ha apostado por un perfil de gobierno no sólo joven y femenino -con 14 mujeres y 10 hombres y una media de edad de 49 años, algo inédito en América Latina- sino claramente feminista. Ha contado con algunos de los más fieles compañeros que le han acompañado desde que en 2011 se pusiera al frente de las movilizaciones estudiantiles en la Universidad Católica de Chile. Entre ellos destacan como portavoces del Gobierno la comunista Camila Vallejo y Giorgio Jackson (34 años), compañero de andanzas de Boric en la Federación de Estudiantes.

También sobresale la carismática Izkia Siches como ministra del Interior. Esta joven médica se hizo muy popular -especialmente entre jóvenes y mujeres- por haber coordinado, desde su puesto en el Colegio de Médicos, la estrategia contra la Covid cuando el gobierno de Piñera se sumía en la inacción. Sin filiación política (aunque militó brevemente en las Juventudes Comunistas), se unió a la campaña de Apruebo Dignidad y desde entonces se ha convertido en una de las figuras claves en el ascenso de Boric a La Moneda.

Seguramente la designación de mayor impacto -por su enorme simbolismo- ha sido la de Maya Fernández Allende, nieta del presidente Salvador Allende, asesinado por el Golpe de Estado de Pinochet de 1973, como ministra de Defensa. Criada en el exilio de Cuba, representante del ala más izquierdista del Partido Socialista, y presidenta de la Cámara de Diputados entre 2018 y 2019, se encargará de dirigir a una cúpula castrense y de carabineros cuya pro-pinochetista filiación ideológica y largo historial de brutalidad represiva es de sobras conocida.

Asimismo, el gobierno Boric incorpora a diversos cuadros procedentes de los gobiernos socialdemócratas de Michelle Bachelet -como la abogada Jeanette Jara, ministra de Trabajo y militante del Partido Comunista, o Marco Ávila al frente de Educación- y a diversos nombres con una acreditada trayectoria política, académica o profesional en el campo donde son ministros.

Por último, dos de los nombramientos que ha dado más que hablar son el de Mario Marcel como ministro de Hacienda y Antonia Urrejola al frente de Relaciones Exteriores. Ambas designaciones han servido para calmar las voces alarmistas de las élites, pero no han gustado tanto a los sectores más izquierdistas.

El primero, Marcel, porque actualmente es el presidente del Banco Central de Chile. Fue nombrado por Piñera, es militante del Partido Socialista y tiene importantes vínculos con la oligarquía chilena y los principales nódulos del capital extranjero. La segunda, Urrejola, fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el año 2021, durante el cual criticó fuertemente a gobiernos como el venezolano o el nicaragüense. Además, fue asesora de José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), una institución caracterizada por seguir las directrices de Washington.

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Los retos del nuevo gobierno

El nuevo ejecutivo de izquierdas busca poner en marcha un ambicioso programa que transforme, de forma paulatina pero radical, las estructuras económicas, políticas y sociales de Chile.

Sistema tributario. Lo primero que se propone es un nuevo régimen de rentas para grandes empresas y grandes fortunas. Se busca elevar la recaudación hasta 5 puntos del PIB en una legislatura, logrando abundantes recursos públicos para programas sociales y de impulso al desarrollo económico nacional.

Banco Nacional de Desarrollo, un organismo especializado en créditos a las empresas -especialmente a las micro-pequeñas empresas (MiPymes)- y a impulsar la innovación y la I+D hacia la transición ecológica.

Pensiones. El gobierno Boric quiere implementar paulatinamente un modelo público de reparto, con una Pensión Básica Universal (PBU) para todos los chilenos y chilenas mayores de 65 años. Financiada con las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, y una nueva cotización para empresas del 6%, que se establecerá gradualmente. Los nuevos flujos de pensiones ingresarán todos al nuevo sistema público, mientras que los afiliados a los sistemas privados (AFP) podrán decidir dejar o no sus fondos en el antiguo sistema.

Salarios. Se aumentará en Salario Mínimo de los trabajadores y se reducirá la jornada de trabajo a las 40 horas semanales. Este cambio se hará mucho más gradualmente en las MiPymes, acompañándolas con incentivos y subsidios.

Sanidad. Se avanzará hacia un Sistema Universal de Salud centrado en la atención primaria, financiado por impuestos estatales y por la cotización (7%) de trabajadores y empresas, al que podrá acceder toda la población, incluidos los migrantes en situación irregular. En la transición, gradual, se mantendrán los contratos de la sanidad privada hasta que se extingan.