Todos los grandes medios señalan a Syriza y a Tsipras como los responsables de “traicionar sus promesas antiausteridad”, y “capitular ante la troika”.
Es una curiosa forma de explicar las cosas aquella que carga todas las culpas sobre los errores de la víctima mientras exonera al agresor.
La historia de la imposición del tercer rescate sobre Grecia es muy diferente.
Cuando Syriza llegó al gobierno en 2015, los dos primeros “rescates”, ejecutados en 2010 y 2012 por un valor de 260.000 millones de euros, un 115% del PIB griego, habían provocado un descenso del PIB griego del 25%, la tasa de paro se había disparado hasta el 26%, los salarios se redujeron un 22% y las pensiones entre un 35% y un 50%, y la deuda pública alcanzó el 175% del PIB…
Una tragedia social que también vació las arcas públicas. El gobierno de Syriza no tenía dinero ni para pagar la siguiente mensualidad de los funcionarios.
Esta fue el “arma de destrucción masiva” que Bruselas y el FMI utilizaron. Cuando el gobierno griego quiso renegociar los términos del rescate, la troika se negó a darle la liquidez ya comprometida… si no ejecutaban más recortes. Y tras el referéndum, convocado por Tsipras y en el que el 61,5% se negó a aceptar las draconianas condiciones impuestas por la troika, se desencadenó la mayor operación contra un gobierno europeo.
Cada día el capital extranjero y la oligarquía griega retiraba 1.500 millones del país. Y Bruselas amenazó con expulsar a Grecia del euro.
Esta situación límite, donde la única opción era arrojarse al abismo, fue la que obligó al gobierno de Syriza a firmar el tercer rescate. Y fue la clara intención política de “escarmentar” a un “gobierno díscolo”, la que provocó que ese tercer rescate se impusiera bajo condiciones draconianas, desde salvajes subidas de impuestos a nuevos recortes de pensiones y sanidad, o privatizaciones por valor de 50.000 millones. Creando una “jaula” que obligaba a Grecia, entonces en ruinas, a tener un superávit del 3,5% del PIB en las cuentas públicas hasta 2022… y un 2% hasta 2060. Algo que hoy no cumple ni siquiera Alemania.
No es que el gobierno de Syriza “derechizara” su programa, es que Berlín y Washington, a través del FMI y la UE, le impidieron tomar medidas sociales. Cuando Syriza impulsó un “programa paralelo” social, para minimizar las consecuencias del tercer rescate a la población, la troika lo vetó.
Y el último tramo del rescate, de 15.000 millones, se concedió con la expresa prohibición de que se utilizara para otra cosa que no fuera pagar la deuda o sanear la banca.
Lo que es un milagro es que en estas condiciones, que hundirían a países más poderosos, la economía griega haya podido recuperar el crecimiento, por primera vez en diez años: un 1,4% en 2017, un 1,9 en 2018, un 2,3 en 2019… Todo bajo un gobierno de Syriza que consiguió el agosto pasado finalizar el rescate. Algo que, en palabras de Tsipras, significaba que “estamos ganando puntos para la libertad económica”. Para poder avanzar hacia un camino que no dependa de la troika.
El tercer rescate ha obligado al gobierno griego a ejecutar nuevos recortes. Pero ha “exprimido” el escaso margen que permitía Bruselas para subir el salario mínimo por primera vez desde 2009, reducir el paro del 27,5% al 18,5%, anunciar rebajas del IVA y restitución de la paga extra a pensionistas… O medidas sociales como la aprobación del matrimonio homosexual, alabado por los movimientos LGTBI.