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Procurando no provocar más ruido del necesario, eludiendo permanentemente el enfrentamiento directo, pero manteniendo la «hoja de ruta» hacia la independencia. Así actúa el nuevo gobierno de Carles Puigdemont, con unas formas aparentemente más suaves… y en realidad más peligrosas. Con el objetivo de revertir el rechazo que, como se comprobó el 27-S y el 20-D, sus planes provocan en la sociedad catalana.
Pocas horas después de ser investido president de la Generalitat, Carles Puigdemont renunciaba a una “declaración unilateral de independencia”, y anunciaba que el plazo de 18 meses prometido para alumbrar un nuevo Estado podría ampliarse dependiendo de los acontecimientos.
Quienes interpretaron estas palabras de Puigdemont como un “paso atrás” o una “retirada” respecto a la “firmeza independentista” mostrada por Artur Mas se equivocaban.
La realidad es que la nueva estrategia para hacer avanzar la fragmentación es todavía más peligrosa.
A pesar de que los propios servicios jurídicos del parlament catalán han cuestionado su legalidad, Junts pel Sí y las CUP insisten en tramitar las tres “leyes de desconexión con España”. Las que deberían permitir construir una Hacienda propia catalana, y una Seguridad Social y un Banco Central propios. «Nadie puede pensar que una Catalunya independiente dirigida por los Mas y Pujol, o la nueva versión encarnada por Puigdemont, puede crear mejores condiciones para acabar con los recortes»
Utilizando dos tretas para permitir su trámitación.
En primer lugar posponiendo su presentación en el pleno del Parlament hasta dentro de 18 meses, coincidiendo con el final de la la legislatura y la declaración de independencia prevista en la hoja de ruta de JxSí y la CUP. En segundo lugar, cambiando el nombre de las tres ponencias, aunque conserven el mismo contenido, para evitar que puedan ser impugnadas.
La determinación del nuevo gobierno catalán por llevar hasta el final la fragmentación la confirmó Puigdemont cuando anunció a los cónsules presentes en Barcelona que “esta ciudad no es aún la capital de un Estado, pero lo será dentro de unos meses”.
Que en ese mismo acto confirmó Raül Romeva, nuevo conseller de “Afers Exteriors” calificando la independencia como “un proceso inexorable”.
El mayor obstáculo es el rechazo que la fragmentación y los recortes generan en la sociedad catalana. Por eso, la nueva estrategia de Puigdemont es la de intentar “ampliar la base de masas del independentismo” bajo el señuelo de que separarse de España permitiría “impulsar un cambio social” en Cataluña.
Para ello se utiliza como “banderín de enganche” un “procés constituent”, para el que el parlament ya ha formado una comisión, y que debe alumbrar “la Constitución de la nueva República Catalana”.
Empleando también la fuerza de las organizaciones sociales más vinculadas al independentismo, como la Assemblea Nacional Catalana o Omnium Cultural, que a han convocado para el 5 de marzo una “Convención Constitucional Catalana”.
No podemos dejar que nos confundan. Nadie puede pensar que una Catalunya independiente dirigida por los Mas y Pujol, o la nueva versión encarnada por Puigdemont, puede crear mejores condiciones para acabar con los recortes, eliminar la corrupción o regenerar la democracia.
Por el contrario, quienes pretenden fragmentarnos lo hacen para imponernos a todos un saqueo todavía mayor.