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«Somos todos viejos y nos han robado miserablemente». Así se expresaba uno de los propietarios de preferentes que se manifestó en las puertas del Congreso, el mismo día que Rajoy vetaba que instaba a devolver su dinero a las víctimas de esta gigantesca estafa. Primero les impusieron, por mandato directo de Bruselas, una «quita», que les arrebataba casi la mitad de sus ahorros. Y luego les obligaron a canjear sus título por acciones, que gracias a una operación especulativa, han perdido casi todo su valor. Han sido estafados dos veces. Y los ladrones se han quedado con su dinero.
El primer atraco llegó con la firma de la U.E. Una de las 32 condiciones del Memorándum impuesto por Bruselas para aprobar el préstamos de 100.000 millones a la banca española era que los propietarios de preferentes cargaran con parte de la factura. «Si sumamos los dos tramos del atraco, los propietarios de preferentes han perdido el 73,6% de su dinero»
Por eso, mientras se “rescataba” a los ladrones –los bancos que habían colocado fraudulentamente las preferentes, asegurando que eran un “producto seguro” cuando en realidad eran títulos financieros de alto riesgo-, se impuesto a las víctimas de la estafa una “quita” del 38%.
Pero entonces, se puso en marcha la segunda etapa del atraco. Ofreciendo como única alternativa a los afectados, si es que querían recuperar parte de su dinero, canjear sus títulos de preferentes por acciones de Bankia.
Hace solamente un mes, el Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre afirmaba que “los canjes de preferentes son lo más generosos posible, porque convierten a los titulares de estos productos en accionistas, y de esa forma se aligera su carga para sanear la entidad».
El resultado es que las acciones, que se entregaron a los preferentistas con un valor de 1,35 euros, han pasado en solo dos días a valer apenas 0,57 euros.
Si sumamos los dos tramos del atraco, los propietarios de preferentes han perdido el 73,6% de su dinero.
Y esta segunda parte de la estafa ha contado con el agravante de una gigantesca operación especulativa, destinada a “traspasar” el dinero desde los pequeños a los grandes accionistas.
Los “inversores institucionales” –es decir, los grandes bancos y fondos de inversión, propietarios de multimillonarios paquetes de acciones- utilizaron su poder para vender masivamente, hundiendo el valor.
En una operación tan turbia que incluso ha obligado a la CNMV (la Comisión Nacional del Mercado de Valores) a abrir una investigación.
Lo peor es que no estamos hablando de ningún timo ni estafa criminal, sino de un atraco que es una operación comercial perfectamente “legal” a gran escala de una entidad con ficha bancaria, avalada por la decisión del gobierno.
El mismo día que se hacía pública la estafa, el gobierno de Rajoy se negaba a secundar en el Congreso una propuesta que pretendía garantizar a todos los preferentistas que recuperarían su dinero.
Pero un “robo legal” no deja de ser un robo.