Sobre la creciente deuda externa de España se multiplica la intervención de los acreedores sobre todos los aspectos (políticos, sociales, culturales) de la sociedad española. En la base, una deuda adquirida, tal como afirman varios movimientos sociales, de forma ilegal o ilegítima.
El pago de la deuda externa, tal como ocurrió a los países del Tercer Mundo en los ochenta y noventa, no sigue leyes económicas “naturales” como la ley de gravedad o el inexorable movimiento de la Tierra.
Sabemos que España ha pagado ya tres veces la deuda que tenía en 2000 y todavía debe el doble que entonces. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Tabla normal»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,»sans-serif»; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} «O evitar a toda costa las condiciones impuestas por el FMI, la UE y el BCE o 15 años más de crisis»
El historiador belga Éric Toussaint, presidente del Comité para la Condonación de la deuda del Tercer Mundo afirma que Grecia, Portugal o España deberían seguir el ejemplo de países como Argentina, “evitar a toda costa las condiciones impuestas por la troika (en alusión a la UE, el FMI y al Banco Central Europeo), implementar otras políticas, lo que implica negarse a asumir deudas privadas”. España tenía antes de la crisis una de las deudas públicas más bajas de la UE (60% del PIB, frente a Alemania 80%). Hoy ya asciende 82% del PIB porque el estado se ha hecho cargo del rescate del sistema financiero y sus multinacionales, socializando las deudas privadas y privatizando los beneficios públicos.
El dilema para él está claro: “o una solución que venga de la movilización ciudadana o a España le esperan diez o quince años de crisis”.
El inspector de hacienda Agustín Turiel ha demostrado que solo en 2008, 2009, y 2010 la deuda ilegítima, para él la adquirida por el estado (en su informe el estado central) para prestársela a la banca sin perspectivas de recuperarla, es de 120.842 millones de euros.
Así pues, una gran parte de la deuda es ilegítima puesto que proviene de una política que ha favorecido a una ínfima minoría en detrimento de los derechos de una aplastante mayoría. Pero a ello hay que añadir que las nuevas deudas impuestas por la Troika (planes de rescate) suponen:
* la extorsión de los acreedores contra la soberanía nacional: utilizando las agencias de calificación de riesgo o las auditoras (EEUU) para generar un aumento arbitrario de los intereses de la deuda y arrancar a los países intervenidos los ajustes y privatizaciones a precio de saldo que más les convienen.
* que los países acreedores y sus bancos se enriquecen en forma abusiva imponiendo tipos de interés prohibitivos. Francia y Alemania cogen préstamos al 2 % en los mercados financieros y prestan a más del 5 % a Grecia y a Irlanda. O que los bancos privados obtienen préstamos al 1,25 % del BCE, y prestan a Grecia, Irlanda, Portugal a más del 4 % a 3 meses.
Desde movimientos sociales como Attac o la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda «No debemos, No pagamos» se insiste en que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la deuda. La auditoría popular y la moratoria de su pago son ya instrumentos imprescindibles para crear una correlación de fuerzas favorable a redistribuir los recursos hacia la generación de riqueza, empleo y mejora de las condiciones sociales básicas.