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La inmensa mayoría de los españoles hemos visto cómo en la crisis anterior nuestros salarios reales, pensiones y rentas han caído –como poco– un 25%. Hemos visto las devastadoras consecuencias de los recortes, sobre todo en Sanidad. Y cómo la precariedad se hacía estructural en nuestras vidas.
Para amplias capas de la población la recuperación no ha llegado y ya están sufriendo la nueva “pandemia económica”.
En cambio, para bancos, monopolios y multinacionales, para la oligarquía y el capital extranjero los últimos cinco años han sido de recuperación. De 2015 a 2019, bancos y grandes empresas del Ibex35 han ganado más de 164.000 millones de euros.
Es hora de exigir que esta nueva crisis la paguen ellos.
En torno a quién y cómo se van a pagar los costes de esta crisis se han puesto tres alternativas sobre la mesa.
Una, el rescate. Que España sea rescatada acudiendo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con más o menos condiciones.
Otra, la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez que aboga por un Fondo de Reconstrucción Europea de hasta 1,5 billones de euros con “deuda perpetua”, sin límite de devolución definido, que “solo pagaría intereses” a través de los presupuestos europeos creando nuevos impuestos.
Y una tercera, basada en la Redistribución de la Riqueza.
Las dos primeras tienen una base común, parten de que España solo puede salir de esta crisis con la “ayuda” de la UE y solo si la Union Europea “actúa como dique de contención” y aplica el rescate o con el “fondo de reconstrucción” basado en la “deuda perpetua” que propone Sánchez. En los dos casos -con sus diferencias- supondría hipotecar al país, a la generación actual y a las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos, por décadas. Incluso en el caso del fondo que propone Sánchez, los intereses se seguirían pagando mientras no se resarciera una deuda “que los estados del norte” podrían decidir cuándo llegaría el momento de pagarla.
A día de hoy, la “deuda perpetua” propuesta por Sánchez, con transferencias de liquidez a los Estados como España o Italia más afectados, no tiene posibilidades de salir adelante, pese al apoyo que pudieran dar Francia y Portugal, ante la firme oposición de Alemania y su ariete holandés.
La opción del rescate a través del MEDE, combinada con otras medidas, como la compra de deuda por el BCE y el acceso a los fondos del Fondo Europeo de Desempleo (SURE), es la opción por la que, a día de hoy, parecen apostar el FMI y Bruselas, las agencias de calificación norteamericanas como Moody’s, así como al parecer los sectores dominantes de la oligarquía española y las fuerzas políticas de la derecha. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, justificaba su apoyo al MEDE porque “España va a necesitar el dinero… y creo que no nos van a dar dinero a fondo perdido”.
Mientras que la agencia de rating norteamericana Moody’s se ha manifestado a favor de que “España active el MEDE aprovechando la línea de crédito para el gasto relacionado con la lucha contra el virus…”. Moody’s además calcula que el BCE comprará 114.000 millones de deuda pública española este año.
La tercera, redistribuir la riqueza
La tercera es la encabezada por Recortes Cero, basada en la Redistribución de la Riqueza y cuyo punto de partida es radicalmente contrario: En España hay riqueza y recursos suficientes para afrontar esta crisis, así como capacidad para generar nueva riqueza y no hipotecar el país y a las futuras generaciones.
El problema es si se redistribuye, si se toman las medidas necesarias para que quienes se han beneficiado de la anterior contribuyan ahora en función de sus beneficios para salir de ésta.
Los bancos que se han quedado con el rescate y las Cajas de Ahorros. Unas entidades que en los cinco años de recuperación, desde 2015 a 2019, han ganado 63.737 millones de euros.
Los monopolios del IBEX-35 que se han beneficiado de cinco años de recuperación, en los que han ganado 100.500 millones de euros. El 45% se lo ha llevado el capital extranjero.
Y las grandes fortunas, que a través de los privilegios fiscales, de las Sicav y los paraísos fiscales han dejado de contribuir a las arcas públicas en estos cinco años cuanto menos con más de 10.000 millones de euros anuales.
En total ellos, han acumulado durante la “recuperación” casi 215.000 millones de euros.
Si nosotros, el 90 por ciento de la población, hemos pagado la anterior con el 25% de nuestras rentas y los recortes en los servicios esenciales, ¿por qué no hay que exigir que, quienes no han dejado de ganar durante la crisis anterior y se han beneficiado de la recuperación, contribuyan con una proporción similar del 25% de sus beneficios? Por ejemplo, con la parte proporcional de sus beneficios en los últimos cinco años, unos 53.750 millones de euros.
En la anterior crisis se rescató al sistema bancario con 125.000 millones de dinero público, dijeron que era un préstamo, pero a día de hoy quienes se han beneficiado de esos recursos y se han quedado con las Cajas de Ahorro no han devuelto más de 60.000 millones de euros. ¿Por qué no lo han de devolver ahora que lo necesitamos el país y las personas para salir de esta crisis?
Para empezar tendríamos 113.750 millones de euros, aproximadamente lo equivalente a los 115.000 millones del déficit público que calcula el gobierno. ¿Entonces por qué no exigir que se devuelva el rescate y el 25% de sus beneficios en vez de generar esa mil millonaria deuda y sus intereses?