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El PIB de España, la nueva riqueza generada cada año, es 400.000 millones mayor que en 2010. Por lógica, este desarrollo económico se habría traducido en un aumento de la inversión en sanidad, educación y políticas sociales. Pero la realidad es exactamente la contraria. Hoy se dedica a estas partidas que determinan nuestro bienestar menos que hace 14 años.
Hagamos las cuentas.
En 2010 las autonomías dedicaban a sanidad, educación y servicios sociales 100.000 millones de euros. Ahora esa cantidad se ha elevado hasta los 149.636 millones. ¿Eso significa que se ha hecho un esfuerzo para invertir más en estos servicios públicos esenciales? No. Y la clave está en la proporción.
Los presupuestos autonómicos han aumentado seis veces más que las inversiones sociales. Y el saldo es que estas suponen una proporción cada vez menor.
Así lo demuestran los datos del informe “La inversión social por comunidades”, que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Si en 2010 las autonomías destinaban a servicios sociales el 67,4% de su presupuesto, ahora solo dedican el 58,4%.
Son siete puntos menos, que suponen muchos miles de millones robados a la sanidad y la educación públicas. Según el informe mencionado “si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en el 2023”.
Es una cuestión de prioridades. Hay más dinero, pero se destina a otras cosas -a regalos a bancos o eléctricas, por ejemplo- y no a mejorar la sanidad y la educación públicas.
Y no sucede por casualidad. Es un atraco planificado. Tras 2010 los organismos internacionales exigieron durísimos ajustes, que se tradujeron en recortes en sanidad o educación.
Y han persistido en el atraco.
En noviembre de 2022 el FMI reclamó a España “empezar la senda de ajustes en 2023”, con recortes valorados en 8.000 millones anuales, que incluían una “contención del gasto sanitario”.
En el “Informe País 2023” dedicado a España, la Comisión Europea se mostró “preocupada” por el gasto en sanidad español. No porque fuera escaso, sino porque era excesivo, llegando a calificarlo de “insostenible” y exigiendo al gobierno de coalición que lo recortara.
Deberíamos gastar 23.000 millones más en sanidad o educación para llegar al nivel de 2010
Y la imposición de las nuevas reglas fiscales, con objetivos más duros de reducción de la deuda y el déficit, que empezarán a aplicarse este año, son una “espada de Damocles” que pende sobre el gasto sanitario, reclamando nuevos recortes.
El escándalo es mayor cuando sabemos que las comunidades que menos invierten en políticas sociales son las más ricas. A la cola de gasto social por habitante está Madrid, y la segunda que menos invierte es Cataluña. Ayuso y las élites del procés hermanadas en los recortes.
El resultado es una planificada degradación de la sanidad y educación públicas. Nos es porque no haya dinero. Eso es mentira. Es una decisión política. Que nos condena a tener una sanidad y una educación por debajo de nuestras posibilidades para que ese dinero se lo quede el Ibex-35 o el capital extranjero.
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Degradar la sanidad pública para fortalecer la privada
Recortar derechos para mejorar el negocio
Un reciente editorial de La Vanguardia reconocía que “el colapso de la sanidad pública dispara la demanda de la atención sanitaria privada”. Afirmando explícitamente que “un porcentaje muy elevado de la población española ha comprendido que si desea un servicio médico rápido y de calidad no tiene más remedio que pagárselo”.
Aquí está el meollo de la cuestión. Atacan la sanidad pública, degradándola, con el objetivo de que se ensanche el negocio de la sanidad privada.
Cuanto más controlan la salud los tiburones financieros de la superpotencia, más se degrada la sanidad pública
Los hechos así lo demuestran. En los últimos diez años los seguros médicos privados han aumentado un 30%, y ya cubren a 12,4 millones de españoles. El dinero que manejan ha pasado de 7.127 millones a 11.098. Controlado por tres gigantes de los seguros: SegurCaixa, Sanitas y Adeslas.
Pero esta es una pequeña parte del negocio de la sanidad privada, que mueve en España un total de 109.000 millones de euros, un 9,5% del PIB.
¿Quién se lleva ese dinero, que se lo quitan a la sanidad pública?
En 2023 un comunicado de BlackRock, el megafondo norteamericano, dirigido a los inversores, recomendaba invertir en el sistema sanitario español porque “las ganancias del sector de la salud son más resilientes”. Cuando se trata de salud, pagamos lo que haga falta. Es un nicho de negocio garantizado.
Desde 2013 vivimos una oleada de capital extranjero, principalmente norteamericano, para controlar la sanidad en España.
En los últimos 15 años tres grandes nódulos de la burguesía norteamericana han creado fondos específicos para “orientar” las inversiones en sanidad. JP Morgan, el primer banco y viga maestra de la burguesía monopolista norteamericana. Fidelity, uno de los grandes fondos norteamericanos, con una presencia dominante en el Ibex-35. Y BlacRock, principal propietario del Ibex-35.
Cuanto más controlan el sector sanitario estos tiburones financieros de la superpotencia, más se degrada la sanidad pública.
Recortan nuestra salud para aumentar su negocio.
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Redistribuir la Riqueza para mejorar la sanidad pública
¡Sí hay alternativa! ¡Sí se puede!
Los ejecutores de los recortes, y los fondos y monopolios que se benefician de ellos, no están solos. Se enfrentan a la mayoría de la población. Y a un movimiento de lucha en defensa de la sanidad pública presente en todo el país, con una enorme vitalidad y apoyo social, y que tiene un poder e influencia que pretenden ocultar.
Un ejemplo de ello es la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que ahora se está tramitando. Pretende evitar nuevas privatizaciones sanitarias y facilitar que puedan revertirse las que ya se han producido en los últimos 20 años.
Bajo la bandera de la “colaboración público-privada” se han desviado recursos de la sanidad pública a la privada, y se ha entregado el control de centros y servicios sanitarios públicos a fondos y monopolios.
Si ahora se presenta una ley para evitarlo y revertirlo no es porque “hay un gobierno de izquierdas” -en ocho años de gobiernos presididos por Sánchez no lo habían hecho-. Sino por la presión social y la influencia del movimiento de lucha en defensa de la sanidad pública.
Una aplastante mayoría de la población rechaza los recortes en sanidad. Según el CIS el 92% de los españoles exige un aumento de la inversión pública en sanidad.
¿Cómo hacerlo? La Organización Mundial de la Salud afirmó en 2008 que era posible alcanzar la equidad sanitaria en solo una generación. Su principal recomendación no era una medida sanitaria, sino “luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos”.
Somos la cuarta economía de la UE, pero estamos por debajo de la media europea de inversión pública en sanidad. Igualarnos exige destinar 13.500 millones más a sanidad.
Hay que hacerlo Redistribuyendo la Riqueza. En los próximos cuatro años pagaremos, a los bancos y fondos extranjeros propietarios de la deuda, 150.000 millones solo en intereses. Siete veces más que el total destinado cada año a prestaciones a los parados. Hay que acabar con este atraco. Implantando una moratoria en el pago de los intereses. Recortando las ganancias de bancos y grandes fondos para mejorar la salud de la mayoría.