España afronta una segunda ola del coronavirus

A principios de junio, la primera oleada del Covid-19 había sido vencida en España, computándose aproximadamente 300 nuevos casos al día. Algunos epidemiólogos llegaron a pronosticar que España podría estar libre de coronavirus al acabar el verano. Ahora, al iniciar septiembre, estamos en el entorno de los 7.300 nuevos casos al día, y sigue subiendo. Aunque hay que ser cauto a la hora de comparar estas dos cifras, ya que ahora se hacen muchos más test que en junio, es evidente que los rebrotes estivales se han convertido en una segunda oleada. 

Somos el país europeo que encabeza la lista de contagios por 100.000 habitantes (205, frente a los 85 de Francia, otro sitio donde la pandemia rebrota con fuerza), y también el primer territorio UE que rebasa los 400.000 contagios registrados de covid-19 desde el comienzo de la pandemia. 

Durante los dos meses del fin del Estado de alarma, los contagios han ido subiendo, especialmente con fuerza hacia la segunda quincena de agosto. En estos 60 días se han producido 131.000 nuevos casos, unos 500 nuevos brotes y medio millar de fallecimientos.

La situación no es tan alarmante como la de marzo, los hospitales no está saturados y tanto la sanidad como la población están más preparadas para combatir esta segunda ola, pero el panorama -con la vuelta de las vacaciones y el inicio del curso escolar- es francamente preocupante.

¿La culpa es de la gente?

Para los expertos, no hay una única causa de este empeoramiento, sino varias. Y frente a lo que suele aparecer en las pantallas y las tertulias, los ciudadanos no son los principales culpables.

 Por supuesto que se han producido comportamientos censurables, incluso descerebrados, pero la mayor parte de los factores del agravamiento dependen de la buena o mala gestión de unas autoridades autonómicas sobre las que ahora recae la principal responsabilidad.

Al acabar el Estado de Alarma, todos los colegios de médicos y colectivos en defensa de la sanidad aseguraron que para mantener bajo control a la Covid-19 había dos cuestiones clave. Una, fortalecer la atención primaria y comunitaria, dotándola de más medios y efectivos, y mayor capacidad diagnóstica. Y la segunda, que cada CCAA se dotara de un cuerpo suficiente de rastreadores para que, en caso de nuevos brotes, la cadena de contagios pudiera ser rápida y eficazmente trazada y controlada.

El nivel de consecuencia a la hora de seguir estas dos directrices, repetidas hasta la saciedad, ha sido muy distinta según los gobiernos autonómicos. Y no mecánicamente según el color político de la CCAA.

En cuanto a los centros de atención primaria, atalaya fundamental para la detección temprana de nuevos casos, tenemos casos como los de Madrid, que mantiene uno de cada seis centros de salud y consultorios cerrados (72 en total) mientras los sindicatos denuncian la falta de profesionales. El Govern de Torra ha cerrado 46 centros de atención primaria (CAP) y 462 consultorios, el 15% de los que hay en Cataluña.

De forma global, los sindicatos denuncian que la Atención Primaria trabaja casi al 50% de su capacidad en muchas comunidades. Estas fuentes alertan que hay médicos en Madrid, Aragón y País Vasco que están atendiendo alrededor de 80 pacientes al día, casi el doble de la media

En cuanto a los rastreadores, España tiene unos 19.200, menos de la mitad de los necesarios según los cálculos de los expertos. Galicia, gobernada por Feijóo (PP), es la que tiene más efectivos por población: 6.100 rastreadores, 226 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Andalucía, también gobernada por el PP, con 8.600 rastreadores, 103 por c/100.000 hab. 

En la cola tenemos a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, con la bochornosa cifra de 180 rastreadores, 2,7 por cada 100.000 habitantes. No muy lejos anda Cataluña, con 245 rastreadores, 3,2 por c/100.000 hab.

Ayuso se ha negado a contratar nuevos rastreadores a pesar de todos los ofrecimientos de los colegios profesionales (medicina o enfermería), que tienen listas de espera preparadas. Llegando al esperpento de proponer a los estudiantes universitarios que se ofrecieran «voluntarios» (es decir, gratis), una convocatoria que quedó desierta. 

Frente a todos los titulares que ponen el foco en la irresponsabilidad ciudadana, algo tendrá que ver esto -junto a las imágenes de los vagones del Metro atestadas, algo que los trabajadores sufren, no eligen ni provocan– con que Madrid, junto a Cataluña y País Vasco, encabece la escalada de casos.