Ante la gravedad de los acontecimientos que vive el país y la gente, se ha impuesto un clima de opinión abrumadoramente mayoritario, que exige unidad y solidaridad para salir juntos de este trance.
Una voluntad de unidad que se plasma en miles de gestos, como el que todos los días a las 20:00 de la tarde, en los balcones de toda España -de norte a sur, de este a oeste, en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos- une a millones de personas saliendo a dar un emotivo y prolongado aplauso a los profesionales de la sanidad pública. Pero ese gesto también es un aplauso al esfuerzo colectivo, un mensaje de ánimo a los vecinos en una situación que está reforzando los lazos de solidaridad entre nuestro pueblo.
Existe un amplio apoyo social a las medidas drásticas que supone haber decretado el estado de alarma, a pesar de las dificultades y los costes que ello va a generar.
Todo el arco parlamentario ha cerrado filas con el gobierno tras la aprobación del estado de alarma. El PP, por boca de Pablo Casado, ha debido anunciar, por encima de sus críticas al gobierno, el viernes el apoyo al decreto que el gobierno presentaría el sábado, incluso antes de conocer su contenido, y ya ha anticipado que votará a favor de prorrogarlo.
Ciudadanos, a través de Inés Arrimadas, ha anunciado un apoyo cerrado al gobierno, afirmando que “no es tiempo de reproches sino de unidad”, anticipando su voluntad de permitir la aprobación de unos presupuestos extraordinarios, e incluso Vox se ha visto obligado a anunciar, por primera y única vez, el apoyo a las medidas tomas por el gobierno.
La ampliación del estado de alarma más allá del plazo de 15 días ahora fijado requerirá la aprobación del parlamento. Se da por descontado que deberá ser así y con toda seguridad el gobierno contará con un apoyo unánime.
En un comunicado conjunto, los principales sindicatos -CCOO y UGT- y organizaciones empresariales -CEOE y Cepyme- se han colocado detrás del gobierno, consensuando tres grupos de medidas: facilidades para aprobar ERTEs, suspensión temporal de actividad, para evitar que se conviertan en despidos definitivos; medidas que proporcionen liquidez a las empresas; y prestaciones para apoyar a las familias afectadas y los trabajadores -que todos, aunque sus cotizaciones no le den para ello, puedan empezar a cobrar el paro desde el primer día que se paralice la actividad de su empresa-.
Las únicas fuerzas políticas y sociales que se han desmarcado del apoyo al gobierno tras aprobar el estado de alarma han sido el PNV y JxCat.
El portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo ha calificado de “un 155 encubierto”, mientras Quim Torra se refería a una “confiscación de las competencias y la autonomía catalana”, afirmando que “no estaremos detrás del gobierno español, sino al lado”.
No solo las pretensiones de los sectores más agresivos de la burguesía catalana se enfrentan a la voluntad mayoritaria de los catalanes -que en una encuesta de La Vanguardia apoyaban en un 93% la decisión del gobierno central de decretar el estado de alarma-. También las proclamas de la ultraderecha para privatizar la sanidad pública revelan hoy su auténtico carácter criminal.