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Si alzamos la vista desde el bullicio de los turistas de invierno que se agolpan por las calles de Barcelona, veremos algunos balcones cubiertos con la estelada, una mezcla de las banderas catalana y cubana que se ha convertido en la bandera de aquellos que quieren que sus tierras sean independientes. Hay menos de las que había, pero todavía basta para inspirar la promesa del gobierno regional catalán de que 2017 será el año en que celebrará un referéndum vinculante sobre la independencia. Puesto que el gobierno español se niega a contemplar tal voto, un enfrentamiento parece inevitable.
3-01-2017
De hecho, ya ha comenzado. Unos 300 funcionarios catalanes se enfrentan a casos judiciales por violar la ley, en actos que van desde el anterior acto unilateral de 2014 para organizar un voto de independencia a pequeñas protestas, como colgar la estelada de los ayuntamientos. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, promete impulsar las «leyes de desconexión» en el verano, como la creación de su propia agencia tributaria, antes de celebrar un referéndum, probablemente en septiembre. Su coalición pro-independencia tiene una mayoría en el parlamento catalán. El 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional de España advirtió a la Generalitat que el referéndum sería ilegal. España podría enfrentar un desafío sin precedentes a su constitución democrática.
¿Cómo se ha llegado a esto? La Constitución democrática española de 1978 dio a Cataluña, una de las regiones más prósperas del país, más autogobierno que casi cualquier otra parte de Europa. La Generalitat no sólo controla las escuelas y los hospitales, sino también la policía y las prisiones. Ha hecho del catalán el idioma principal de la enseñanza. Bajo Jordi Pujol, cacique nacionalista moderado que encabezó la Generalitat de 1980 a 2003, Cataluña se contentó con este asentamiento, aprovechando sus votos en el parlamento de Madrid para extraer incrementos a sus poderes e ingresos.
Dos cosas molestan. La primera fue cuando el Tribunal Constitucional de 2010 redujo un nuevo estatuto de autonomía, que reconoció el sentido de nacionalidad de Cataluña y otorgó poderes legales adicionales a la Generalitat. Había sido aprobado por referéndum en Cataluña y por el parlamento español. El segundo factor fue la crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en España en 2008.
El año siguiente vio la primera de varias manifestaciones culpando a Madrid, en lugar de a Artur Mas, el heredero del señor Pujol, por la austeridad. El apoyo a la independencia aumentó de menos del 25% a más del 45%. «La sociedad se movió hacia posiciones más radicales», piensa Joan Culla, un historiador. Otros lo ven como al menos en parte inducido por la Generalitat, con su dinero y su poderosa maquinaria de comunicación. Permitió a los nacionalistas mantener el poder, a pesar de los recortes presupuestarios y las revelaciones de que durante décadas habían sacado tajada de los contratos públicos.
La sociedad catalana sigue dividida. «No hay números para avanzar [a la independencia], pero hay suficiente para hacer mucho ruido», dice Jordi Alberich, del Cercle d’Economia, un grupo empresarial.
Esta oposición ha sido políticamente rentable no sólo para los nacionalistas catalanes, sino también para Mariano Rajoy, primer ministro de España, y su conservador Partido Popular. Su defensa inflexible de la unidad territorial de su país es popular en la mayoría de los lugares fuera de Cataluña. Durante años, el Sr. Rajoy no hizo nada para responder a las quejas de Cataluña, algunas de las cuales están justificadas. Cataluña paga más en el gasto central de lo que vuelve. Sus sistemas de transporte han sido descuidados, mientras que Madrid tiene elegantes líneas de metro y un exceso de autopistas.
Sin embargo, el cansancio de un callejón sin salida se ha apoderado, tanto de Barcelona como de Madrid. El mes pasado el señor Rajoy puso a su diputada, Soraya Sáenz de Santamaría, a cargo de la cuestión catalana. Está lanzando señales a la Generalitat. El Sr. Puigdemont ha publicado una lista de 46 puntos para negociar. Comienza con el «referéndum vinculante».
No es difícil adivinar los contornos de un trato. El Sr. Rajoy podría ofrecer concesiones sobre financiación e infraestructuras. Más polémicamente, podría proponer reconocer la lengua catalana o que Cataluña es una nación dentro de España. Todo esto podría recortar el apoyo a la independencia hasta el 25% aproximadamente.
El tema más difícil es el referéndum. No es momento de contemplar ningún tipo de plebiscito con ecuanimidad. Los nacionalistas catalanes dicen ser pro-europeos ejemplares. Pero hay muchos ecos del Brexit en Cataluña. En lugar de Bruselas, los nacionalistas acusan a Madrid de robar el dinero de los catalanes. Argumentan que la independencia sería rápida y fácil. «El gran crecimiento en el apoyo a la independencia desde 2012 fue la primera manifestación del populismo en España», dice Javier Cercas, escritor que vive en Barcelona.
El Sr. Puigdemont insiste en que el bloqueo del referéndum «sería una mala noticia para la democracia». Está dispuesto a negociar su calendario. Pero añade: «No vamos a renunciar fácilmente a ello. Creo que nos hemos ganado el derecho a ser escuchados «. Algunos en Barcelona creen que los líderes de la Generalitat buscan una manera digna de retroceder. El Sr. Puigdemont también habla de elecciones «constituyentes» para fundar un nuevo Estado. Pero su partido, empañado por la corrupción, puede sufrir. La variante catalana del izquierdista Podemos de España, que ya dirige el gobierno de la ciudad de Barcelona y que está formando un nuevo partido más amplio, probablemente ganará terreno. Quiere que Cataluña forme parte de una España «plurinacional», una fórmula ingeniosamente vaga.
«¿Ser parte de España es un problema en la vida cotidiana de los catalanes?», Pregunta Inés Arrimadas de Ciudadanos, un partido antinacionalista que lidera la oposición en el parlamento catalán. «Para nosotros, los problemas de Cataluña son el desempleo, la pobreza y la corrupción». Cuanto más dure el punto muerto, más difícil será para el señor Puigdemont persuadir a los catalanes de lo contrario.