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El plazo para investir un presidente del gobierno o repetir las elecciones ha entrado en el tiempo de descuento, 140 días después de las elecciones del 28 de abril que no han servido para que las dos fuerzas que recibieron el mayor número de votos de la mayoría social progresista lleguen a ningún acuerdo.
Las reuniones de negociación entre PSOE y Podemos se han cerrado con sonoros fracasos y solo han servido para constatar que ninguno ha cedido en sus posiciones.
El rey, después de reunirse con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado una ronda de consultas con los partidos los días 16 y 17 de septiembre y ha trasladado a la presidenta de la Cámara que si no constata la existencia de un candidato que reúna los apoyos suficientes, no habrá investidura. Y las elecciones quedarían convocadas oficialmente en apenas unos días, el 23 de septiembre.
Mientras esto ocurría en el Palacio de la Zarzuela, en otro lugar de Madrid había tenido lugar otra reunión, en la que una vez más se hacían explícitos los intereses de los grandes centros de poder que han hecho todo lo posible para llegar a esta repetición de elecciones.
Era una reunión del Círculo de Empresarios –la organización donde está representados los dueños y altos ejecutivos de la Banca y empresas del Ibex-35- en la que su presidente, John Zulueta, exponía que “sería mejor repetir las elecciones generales, parece que saldría más o menos lo mismo, pero puede dar un respiro y quizás algunos partidos reconsideren su postura” para que se pueda formar un gobierno “estable y de centro” que incluyera a PSOE, PP y Ciudadanos, o al menos a PSOE y Ciudadanos “pero sin extremistas”.
¿Qué es “extremista” para los representantes de este selecto club del gran capital español y extranjero?
Extremista hubiera sido que se aprobaran los Presupuestos Generales que tumbaron la derecha y los independentistas. “Lo empresarios están contentos de que no se aprobaran los Presupuestos de Montero y de que sigan todavía vigentes los de Montoro», aseguraba Zulueta.
Extremista es que se suba el “salario mínimo interprofesional”, apunta.
Extremista es que no se sigan profundizando las reformas estructurales, como la de las pensiones. «Este asunto no se arregla con tiritas, son cuestiones muy profundas que se deben abordar con grandes reformas…, en no mucho tiempo acabaremos con la edad de jubilación fijada en los 70 años; es algo que paliará la situación”, decía hace unos meses otro dirigente del club, Miguel Iraburu, presidente del grupo de trabajo de informes.
Sabemos quiénes son los que vienen haciendo todo lo posible para forzar un nuevo escenario más favorable a sus intereses, pero también hay una responsabilidad en quienes han recogido el apoyo mayoritario del voto progresista con el mandato de transformarlo en un gobierno de progreso y que lo están dilapidando, defraudando a 12 millones de votantes progresistas.
Como dice Nuria Suárez en el artículo que publicamos en la revista: “La posibilidad de una nueva convocatoria electoral es prácticamente segura. La decepción de la gente de izquierdas aumenta por momentos. La decepción es directamente proporcional a la satisfacción de los representantes de la banca y los monopolios que llevan semanas repitiendo públicamente su preferencia por unas nuevas elecciones”.
A día de hoy, entrados ya en el tiempo de descuento, el curso más probable de los acontecimientos es la convocatoria de nuevas elecciones el 23 de septiembre, salvo un giro imprevisible que dé la vuelta a la situación. Pero que en todo caso lo ocurrido tendrá consecuencias en la izquierda.