Los dueños del procés, una radiografía de clase.

Al abrirse el juicio contra los dirigentes del procés en el Tribunal Supremo se ha hablado de ideas, de políticos encarcelados, de democracia, de dos millones de votantes independentistas al que no puede excluirse…

Pero lo que ha desaparecido es que, tanto quienes se sientan en el banquillo como los que actúan desde su despacho en Waterloo, no pueden ser valorados individualmente, ni actúan movidos únicamente por su ideario independentista. 

Desde Puigdemont a Junqueras, desde Torra a Mas, todos ellos forman parte de una élite de poder, una auténtica burguesía burocrática, constituida gracias al control del enorme presupuesto y el gigantesco poder político y social que otorga la autonomía catalana.

Esta clase, sus intereses y sus proyectos, y su capacidad para imponerlos sobre la sociedad catalana, está detrás de todas las turbulencias que el procés ha provocado.

Y la Generalitat creó una clase

Cataluña tiene un PIB de 223.139 millones de euros anuales, aproximadamente un 20% del PIB español. Este volumen le colocaría en el puesto 22 de un hipotético ránking mundial, por delante de países como Portugal o Grecia.

Y en España, la estructura del Estado autonómico, con un extraordinario grado de descentralización, otorga un enorme poder y capacidad de actuación a quien controla el gobierno en cada comunidad.

En el caso de Cataluña, la Generalitat dispone de un presupuesto anual de unos 35.000 millones de euros. Y se gestiona según los intereses de quien controla el gobierno y las instituciones autonómicas.

En 1980, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas, la izquierda, que había obtenido mayoría, aunque distribuida en diferentes partidos, renunció a gobernar, y entregó la Generalitat a Jordi Pujol. Desde entonces -y por encima de cambios políticos, como los dos tripartitos encabezados por el PSC- se ha construido una nueva élite de poder en Cataluña. Se ha gestado una nueva clase, que ya no es la vieja burguesía catalana, fundamentada en la actividad productiva y en la venta de sus mercancías, sino una auténtica burguesía burocrática que vive de la gestión y saqueo de los fondos públicos.

Es la existencia de esta burguesía burocrática catalana, organizada como clase y con intereses propios, el centro que impulsa el procés

En siete años de gobierno Mas y Puigdemont manejaron la astronómica cifra de 266.518 millones de euros, sumando presupuestos y aumento de la deuda. Esta es la cuenta del enorme poder que disponen, base desde donde desplegar su proyecto de fragmentación.

Pero no es solo una cuestión económica. El president de la Generalitat es el más alto representante del Estado en Cataluña. Dispone de un amplísimo poder político y social. Lo que ha permitido construir, a lo largo de 40 años, un auténtico régimen.

La Generalitat tiene el control directo de 278.000 funcionarios, incluyendo las administraciones autonómica y local, a los trabajadores públicos sanitarios, docentes, Mossos y policías locales. Sobre ellos la Generalitat ejerce una presión constante y asfixiante, utilizando todo tipo de chantajes y amenazas para que se plieguen a sus exigencias  económicas y políticas. 

Tienen a su disposición un sector público de más de 200 entidades, de las que forman parte 27 sociedades mercantiles, 54 consorcios y 34 fundaciones, desde ellos controlan la gestión de los contratos públicos y la colocación de personal, especialmente de profesionales afines en los puestos de dirección.

Han levantado un enorme aparato de propaganda, con una Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con TV3 como punta de lanza.

Y han creado una amplísima red clientelar extendida por todos los ámbitos de la sociedad catalana, las instituciones políticas y sociales, la economía regional, los medios de comunicación o el mundo de la cultura, nutrida con millones de subvenciones y las posibilidades que ofrece la cercanía al poder político.

A través del reparto de subvenciones han impulsado organizaciones soberanistas -desde la Asamblea Nacional Catalana a Omnium Cultural- presentadas después como “representantes de la sociedad civil, o creado una clase empresarial independentista, a la que la cercanía al poder político le permitía hacer pingues negocios.

Evidentemente, no todo en Cataluña se limita a esta élite burocrática. Ni lo controlan ni lo pueden abarcar todo. Pero su capacidad de intervención social, en primer lugar en el interior de Cataluña, es enorme.

Una clase con relaciones internacionales

Si Puigdemont recibe amparo en países europeos como Bélgica y Alemania, o es recibido por importantes miembros del Congreso y el Senado cuando viaja a EEUU, no es gracias a su “agenda de contactos” individual, sino a las relaciones internacionales tejidas durante décadas por la burguesía burocrática catalana.

Los sucesivos gobiernos catalanes desde la transición han sido alumnos aventajados en aprovechar las nuevas condiciones internacionales para fortalecer sus relaciones con el nuevo centro de poder europeo, que se configuró en torno a Alemania. Y que ofrecía a las regiones más ricas la posibilidad de tratar directamente con el centro europeo. A través de instituciones como la “Europa de las regiones”, o estableciendo por parte de los núcleos dirigentes de la ex Convergencia una relación privilegiada con la CSU, representantes de la “fracción bávara” de la burguesía alemana.

En 2012, España era sometida a un acoso y derribo por parte del FMI y la Comisión Europea, para imponerle un draconiano programa de recortes. Fue entonces cuando las élites independentistas encontraron lo que Artur Mas definió como “una ventana de oportunidades que debemos aprovechar”. Es solo en esas condiciones cuando lanzaron el procés, como un desafío de fragmentación abierto. 

Y por eso reciben el amparo de grandes centros de poder internacionales, en EEUU o en la “Europa alemana”, que no tienen en su agenda inmediata la fragmentación de España, pero que sí les interesa mantener abiertas las heridas contra la unidad, como una vía de intervención que permita aumentar su grado de control sobre nuestro país.

Extremadamente reaccionarios

Esta base burocrática confiere a la élites catalanas, a los Puigdemont, Mas y Torra, un carácter más reaccionario.

Viven de parasitar los recursos públicos, extraídos, como un moderno vampiro, a toda la sociedad catalana. Su rostro está dibujado en el escándalo del 3%, una trama de corrupción convertida en modus vivendi. Y en la facilidad con la que se convirtieron en los más aventajados ejecutores de los recortes que exigía Bruselas o el FMI. Transformando a Cataluña en la comunidad donde se ha impuesto un mayor tijeretazo contra la sanidad y la educación pública o las ayudas sociales.

Conforme aumenta su poder esta nueva casta, se agudizan los rasgos más reaccionarios -que nunca habían sido dominantes en el nacionalismo catalán-: la difusión del odio a España, la siembra de un racismo de clase hacia los “charnegos”, los trabajadores venidos de otras partes de España, o la nueva clase obrera inmigrante, la sumisión al catolicismo más conservador, el recurso estructural a la corrupción…

Y, mientras la inmensa mayoría de la burguesía catalana tradicional tiene el mercado español como base de sus ganancias, y no quiere saber nada de independencias, la nueva burguesía burocrática de los Mas y Puigdemont está más dispuesta a proyectos secesionistas, pues convertirse en virreyes de una gran potencia, con un Estado propio, aumentaría su capacidad de esquilmar a la población catalana.

Es la existencia de esta burguesía burocrática catalana, organizada como clase y con intereses propios, el centro que impulsa el procés. Cuyo objetivo es imponer, de forma antidemocrática y quebrando su voluntad, la independencia a la mayoría de catalanes que defienden la unidad.