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La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha hecho público que en 2018 sólo se pondrán en marcha 26 de las 213 medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Andrea Carballo, de Vila-Real, ha sido una de las últimas víctimas de violencia de género asesinada en 2017. Atropellada por su exnovio, al que ya había denunciado previamente por tres delitos de lesiones, su caso se ha hecho famoso, en cuanto que la policía sólo tenía considerada a Andrea como víctima en grado “medio” de riesgo.
Este caso ha puesto el foco en cómo resulta deficiente el sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia machista (Sistema VioGén) que divide el riesgo que corren las víctimas que sufren violencia de género.
Actualmente hay más de 55.000 casos activos de violencia machista. De esos casos, sólo 14 son consideradas víctimas en rasgo extremo, y 184 son consideradas víctimas en riesgo alto. Es decir, sólo un 0’36% de las víctimas de violencia machista tienen nivel alto de riesgo. Y sólo 4.660 tienen rango “medio”, el 8% del total. Es decir, 9 de cada 10 casos tienen rango bajo o no apreciado.
10 de las 48 mujeres asesinadas este año habían presentado denuncia previa. Por ello mismo, personalidades como Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, han denunciado la escasa eficacia de la actual valoración de riesgo.
Corregir este sistema de valoración es una de las muchas razones por las que en septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas (salvo la de Unidos Podemos, que se abstuvo). Una medida más que necesaria.
Dicho Pacto se basa en 213 medidas que deben aplicarse en cinco años, presupuestadas con 1.000 millones de euros, para combatir la violencia de género, no sólo en el terreno jurídico, sino también en el social, educativo, cultural, laboral, etc.
El Pacto en sí mismo es una buena noticia, si bien se criticó en su momento, tanto por Unidos Podemos como por diversas personalidades y asociaciones feministas, el ser insuficiente y el que quedase en manos del gobierno central los plazos en que se habrían de aplicar las medidas. Temiendo así que el gobierno ralentizase al máximo su aplicación, ganar tiempo e incluso dejarlo sin efecto en última instancia.
Temores que han resultado nada infundados. Sólo se van a aplicar 26 medidas en 2018, un 12% de las medidas acordadas. Dejando pospuestas el resto para los años siguientes, según predisposición del gobierno.
Desde que se empezó a hacer registro en 2003, han muerto más de 900 mujeres víctimas de la violencia machista. Eso es más que todas las víctimas del terrorismo de ETA. Es obvio que no se puede perder el tiempo, sino que todas las medidas deben ser aplicadas cuanto antes, o esta lacra no menguará. Estamos ante un caso claro de voluntad política. No actuar es como ser cómplice de los asesinatos.