Mucho se habla del discurso xenófobo, racista, machista u homófobo de Vox. Sin embargo, poner exclusivamente la atención en estas ultrarreaccionarias banderas ideológicas no permite conocer el verdadero propósito de este partido, su verdadera función y utilidad para las clases dominantes y centros de poder. La ultraderecha es el ariete para introducir -crudamente y sin anestesia- en el debate político cuestiones tan impopulares como la privatización de las pensiones, de la sanidad o de la educación.
Desde hace muchos meses, la ultraderecha llena portadas, columnas y minutos en informativos, tertulias y debates. Unos se dedican a blanquear su mensaje y a homologar sus discursos. Otros denuncian con vehemencia sus declaraciones antidemocráticas, misóginas u homófobas, su demagogia ultra o sus provocaciones fascistoides. Pero pocos profundizan.
Las ultratóxicas banderas ideológicas de Vox, así como sus bulos demagógicos y reaccionarios, deben ser contestadas, rebatidas y desmontadas. Una a una, con argumentos y datos. Levantando un cordón sanitario a la extrema derecha y a su ideario, y generando defensas y anticuerpos en la conciencia de la mayoría.
Pero es preciso no embestir exclusivamente contra este capote, ni dedicarle todas nuestras energías, si no queremos ser burlados.
Porque esos trapos malolientes no son más que la punta del iceberg de Vox, debajo de la cual se halla el verdadero grueso de su programa político, económico y social. Centrarse en esos harapos no permite comprender el porqué de que importantes centros de poder -nacionales pero sobre todo extranjeros- hayan decidido “potenciar” y alentar el avance de la ultraderecha, en las urnas, en el Parlamento y en los altavoces mediáticos.
Solo hay que dejar que el propio gurú económico de Vox, Rubén Manso, nos desgrane el verdadero objetivo del partido de ultraderecha.
«No es función del Estado proveer de ningún bien ni de ningún servicio. Salvo tres o cuatro, como justicia criminal, policía y Ejército. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar como sanidad, educación… puede ser el asegurador, pero eso es todo. Todo esos servicios -asegurar la vejez, dar educación a los hijos, gozar de ahorros suficientes o de un sistema de protección que nos asegure la sanidad- deben ser decisiones de consumo». Mando, dice, en román paladino, que hay que privatizar esos servicios.
Vox es la primera fuerza política que se ha atrevido a poner encima de la mesa la necesidad de desmantelar el actual sistema público de pensiones, basado en un solidario sistema de reparto, donde los trabajadores del presente sostienen las pensiones de los actuales pensionistas, sus padres o abuelos. Contribuyendo a una caja única de la Seguridad Social para todo el país, que significa un elemento de cohesión social y nacional.
El partido de Abascal habla de «avalancha de pensionistas» y de un sistema público de pensiones que es «un lastre para el crecimiento económico de España». Y proponen abiertamente su sustitución por un sistema de capitalización, donde la mitad o más (entre un 50% o 60%) de las cotizaciones vayan a parar a fondos privados en manos de bancos o fondos de inversión, generando un plan de pensiones que se percibe al jubilarse.
Lo que abre las puertas a que los grandes capitales -nacionales y extranjeros- pasen a poder gestionar el gigantesco botín de los 130.000 millones de euros que las pensiones mueven cada año en España. Y lo que eventualmente significaría la instauración del modelo norteamericano y el fin de la Seguridad Social tal y como la conocemos, y su conversión en un sistema sanitario-jubilatorio meramente caritativo y «asistencial».
Pero hay más, mucho más.
Vox elogia la reforma laboral aunque la tilda de insuficiente. Pide revisar el sistema de protección al desempleo por ser «uno de los más generosos» y «de los más prolongados de los países de la UE». Plantean que los convenios colectivos dejen de existir para pasar a negociaciones empresa a empresa. Y exigen limitar el derecho de huelga o que los tribunales no puedan rechazar la validez de los ERE, aunque sean contrarios a la ley.
Abogan por una «liberalización total» del transporte ferroviario -o sea, la privatización de Renfe- y del mercado de alquileres. Es decir, carta blanca para que los bancos, inmobiliarias y fondos buitre -la mayoría norteamericanos- puedan seguir inflando sin tasa los precios de los alquileres en las grandes ciudades, una de las mayores causas de precariedad y empobrecimiento de la mayoría.
En política fiscal, Vox exige una reforma que beneficia claramente a las rentas más altas, con la eliminación de numerosos impuestos dejando solo dos tramos de IRPF y un tipo único del 22% para Sociedades, pretende utilizar el IVA para sustituir a las cotizaciones sociales.
Además, la ultraderecha plantea eliminar el gravamen a los dividendos, el decir, por los beneficios que las empresas distribuyen a sus accionistas y grandes ejecutivos.
La política fiscal de Vox es, en palabras de Ricardo Rodríguez, técnico de Hacienda, «buena para las ricos, y mala para el resto», «comporta un grave riesgo para las pensiones futuras» y “se llega más lejos de lo que nadie lo había hecho antes en la apertura a la privatización en educación y sanidad”.
Esta es la “función” de Vox en el debate político. Poner encima de la mesa cuestiones e intereses oligárquico-imperialistas que ni el Partido Popular se atreve a plantear. O al menos tan cruda y descarnadamente. Son un ariete, un escuadrón de choque para el Ibex35, la patronal… y para Wall Street.
Este -y no solo sus miserias ideológicas- es el verdadero “servicio a España” que Vox ofrece a la oligarquía financiera española y a los grandes capitales extranjeros. Estas son sus auténticas banderas.