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Hace ya 20 años, un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia ecuatoriana se organizaron para luchar contra los daños causados por la petrolera estadounidense Chevron. En todo este tiempo no han cejado en su lucha. Con la intervención activa del gobierno de Rafael Correa, lanzando la campaña «La Mano Sucia de Chevron», finalmente la Corte Nacional de Justicia ha dictado sentencia definitiva: la petrolera deberá indemnizar con 6.400 millones de euros a los afectados.
Entre 1964 y 1992, la petrolera norteamericana Texaco explotó, en régimen de exclusividad, una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Como resultado de sus prácticas extractivas ilegales, 1.400 personas murieron por enfermedades derivadas de sus vertidos. Miles de indígenas y agricultores de la región siguen afectados por secuelas que incluyen desde defectos de nacimiento hasta distintos tipos de cáncer. Para justificar las piscinas con desechos que levantaban al lado de casas y comunidades decían a los residentes que el agua mezclada con petróleo era buena para el dolor de huesos. Perforó y operó 356 pozos de petróleo, abriendo más de mil fosas sin ninguna clase de protección o recubrimiento donde arrojó residuos de todo tipo. Más de 20 años después, el aire en la región sigue siendo irrespirable, no hay agua apta para el consumo y los campos continúan contaminados. «Tras décadas de lucha, la justicia ecuatoriana ha condenado a Chevrron» Texaco fue adquirida por Chevron en 2001, pasando a ser propiedad del trust de los Rockefeller. La multinacional está catalogada por la revista Fortune como la quinta empresa con mayor caudal monetario del mundo. A lo largo de estos 20 años, Chevron, ha rechazado una tras otra todas las resoluciones de la justicia ecuatoriana, alegando su nulidad ante el Tribunal de La Haya con el argumento de que Ecuador violó un tratado de 1998 con Estados Unidos. Pero, por boca del fiscal general, Ecuador rechaza la jurisdicción del tribunal internacional porque el acuerdo de comercio bilateral entre Estados Unidos y su país entró en vigencia cinco años después de que Texaco finalizara sus operaciones en Ecuador, en 1992. Tras décadas de lucha, finalmente la máxima autoridad judicial ecuatoriana, la Corte Nacional de Justicia, dictaba el pasado 12 de noviembre su sentencia definitiva, ratificando la condena decretada por un juzgado provincial en 2011 y condenando a Chevron al pago de 6.400 millones de euros. Es la sanción más alta jamás aplicada a una petrolera por un delito medioambiental. En previsión de una sentencia favorable, y dado que Chevron no posee bienes en Ecuador, los demandantes han puesto en marcha distintos procesos judiciales en varias decenas de países (entre ellos Canadá, Brasil o Argentina) donde sí opera la petrolera. Buscan que los jueces de esos países reconozcan la sentencia de la justicia ecuatoriana y embarguen sus propiedades para cumplirla. El dinero de la sanción pasará a formar parte de un fideicomiso que será administrado a favor de las comunidades afectadas. Desde 1993, fecha en que fue presentada la primera demanda, el caso ha ido recorriendo los distintos tribunales de justicia sin llegar a ninguna parte. Ha sido con la llegada de Correa y su gobierno, que ha hecho de la defensa de la soberanía nacional su principal bandera, cuando el proceso se ha acelerado y los tribunales de las distintas instancias han ido fallando favorablemente a los afectados. Todo un ejemplo para los pueblos de otros países (Angola, Polonia, Nigeria, los propios EEUU,…) que tienen planteadas demandas similares contra Chevron. “Aquí gobernaba Chevron, no las autoridades”Extractos del testimonio ante la ONU de José Medardo Shingre, ex-trabajador de Chevron y campesino de la Amazonia ecuatoriana afectado por los vertidos de la petrolera norteamericana:“Soy un campesino que vivo radicado en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el cantón y provincia de Orellana. Lo que voy a mencionar no es otra cosa, sino que la verdad y simplemente la verdad. La compañía Texaco, hoy Chevron, operó con unas prácticas, nada convincentes y que a hoy nos están costando no solamente el batallar en el campo social y cultural (…)Entonces nos dimos cuenta que habían hecho una compañía llamada ‘Texpet”, Texaco. Y ellos no quisieron reconocer que esa compañía era de ellos pero a nosotros los sueldos sí nos los pagaban como Texaco. Es así que en las décadas, especialmente en el 70 y el 80 y hasta cuando se fueron en el 90, hubieron muchos abusos, no solamente de la salud humana, sino a las personas en sí mismo, porque ellos gobernaban, no gobernaban las autoridades. Nosotros no queremos plata, no queremos dinero, lo que queremos es tener dos cosas señores: agua queremos porque en la zona no hay como coger agua. Está contaminada. Por más que las autoridades locales quieran darnos agua no lo pueden, todo está contaminado, inclusive el aire. Queremos agua y justicia, nada más. Justicia. Porque hoy por hoy, ni la agricultura nos vale (…)Pero ellos eran los que daban las órdenes a todos, no solamente a los ecuatorianos que trabajaban ahí, sino a toda la gente de otros países que venían. Disculpe que redundo ¿y hoy quieren que nosotros mismos paguemos todas las irresponsabilidades de esta compañía? No es justo. No es justicia. Repito y redundo: queremos agua y queremos justicia, no dinero. Queremos una remediación ambiental y social (…)”