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La enconada lucha política entre el gobierno bolivariano de Maduro y la Asamblea Nacional (dominada ahora por la oposición) se centra en el «Estado de excepción económica» decretado por el ejecutivo para aumentar durante 60 días sus poderes sobre las palancas de la economía venezolana, ante la situación de «guerra económica» al que Washington somete a la república, con la ayuda de la oligarquía. El decreto fué rechazado por la Asamblea Nacional, pero ahora el Tribunal Supremo le da la razón al gobierno y avala su puesta en marcha.
El pasado 14 de enero, el gobierno de Maduro emitió un decreto de “Estado de excepción económico” -previsto por la Constitución venezolana- que dará poderes especiales al ejecutivo para combatir la grave crisis económica que viene sufriendo el país, provocada por la “guerra económica” orquestada por Washington, que combina la caída del precio del crudo -principal fuente de ingresosy una campaña de desabastecimiento generalizada para provocar el descontento social.
El trámite parlamentario de la medida fué -como todos esperaban- un boicot sin matices. La oposición, empeñada en socavar el suelo que pisa el gobierno, rechazó el decreto para «no extenderle un cheque en blanco» a Maduro.El bloqueo institucional ha tenido que ser resuelto finalmente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que ha anulado la decisión del Parlamento de impedir el decreto. Según la Constitución, los decretos de emergencia deben ser aprobados por la Asamblea, a no ser que se decida que son inconstitucionales.
Gracias al “Estado de excepción económica”, el Gobierno podrá utilizar discrecionalmente los fondos sobrantes de la gestión de 2015, tomar medidas para garantizar el abastecimiento de productos esenciales, incluida la ocupación de empresas y otros bienes privados si se sospecha de acciones acaparadoras y especulativas, restringir las operaciones financieras y habilitar partidas presupuestarias extraordinarias para garantizar los programas sociales.