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La Comisión Europea ha propuesto la salida de España del “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por déficit excesivo y su paso al “brazo preventivo”, tras confirmar que nuestro país baja su déficit por debajo del 3% que fija Bruselas. Pero al mismo tiempo pide un ajuste de 15.000 millones de euros entre este año 2019 y el que viene; y ha colocado en la diana la subida de las pensiones.
España es el último país de la UE en salir de este procedimiento sancionador después de la salida de Portugal y Grecia y diez años con las cuentas públicas intervenidas. Sin embargo esto no significa que España deje de estar bajo tutela, que Bruselas deje de intervenir en nuestro país y sus comisarios aflojen en sus exigencias.
Pasar al “brazo preventivo” es un nuevo estadio de control, supone que la Comisión Europea seguirá tutelando las cuentas públicas españolas pero ahora su principal atención no estará sobre el déficit nominal dependiente del día a día de la marcha económica, sino que pondrá toda su atención en el cumplimiento del déficit estructural, el que es independiente de los vaivenes del ciclo económico, y que no suba por encima del 3% que fija el Pacto de Estabilidad. ¿Habrá más flexibilidad y será como dicen un ejercicio más “suave” del yugo de Bruselas? ¿Qué dicen los hechos?
En primer lugar, la Comisión Europea ha empezado marcando el terreno, avisa de que “existen grandes peligros” y de entrada la lupa estará puesta sobre las reformas estructurales y los ajustes fiscales. Cuestiona que se vayan a cumplir las previsiones fiscales del Plan de Estabilidad enviadas por el gobierno y le impone un “corsé fiscal”: exigiendo un esfuerzo estructural del 0,65% para los próximos dos años.
El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se ha encargado de advertir que hay que seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria” y ahora pide un ajuste de 15.000 millones de euros en dos años -7.500 millones cada año- por “riesgo significativo de desviación respecto a los objetivos de 2019 y 2020”.
Segundo, la Comisión pide que “los posibles ingresos extra de recaudación fiscal –hasta 20.000 millones de euros- no se utilicen para financiar prestaciones sociales ni inversiones, que se utilicen para “pagar deuda de las administraciones públicas” y que así puedan cobrar antes los dueños de la deuda (bancos y fondos extranjeros).
Y en tercer lugar, se reclaman “medidas compensatorias” para contrarrestar el aumento de los gastos en pensiones.
Todas ellas exigencias que abren la puerta a nuevos recortes en los próximos Presupuestos y condicionan la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, limitando sus posibilidades de negociación con las fuerzas susceptibles de apoyar su investidura, como Podemos o Ciudadanos.
Las pensiones en la diana
Entre todas las medidas que exige Bruselas, las pensiones ocupan un lugar central.
El informe de la Comisión que recomienda la salida del” brazo correctivo”, dedica una atención especial a las pensiones. Reconoce que “durante la crisis, el sistema de pensiones español desempeñó un papel importante al garantizar el nivel de las personas mayores y su menor riesgo de pobreza”, para a renglón seguido exigir “medidas compensatorias” para contrarrestar el aumento de los gastos en pensiones por seguir ligándolas a la inflación, en contra del criterio de la Comisión Europea, y el retraso hasta 2023 en la aplicación del “factor de sostenibilidad” por el que la reforma de 2013 vinculaba el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida.
Una vez más insiste en defender que se mantengan las reformas de 2011 y 2013 que “han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”.
En el informe se fija también otra condición que tiene que ver con la “regla de gasto” y que implica a las pensiones. A partir de ahora en el llamado gasto primario se incluyen las pensiones y se fija que no podrá subir del 0,9% en 2020. Otro límite. ¡Un palo más en la rueda de las pensiones!
El nuevo régimen de vigilancia de la UE quizás no “ahogue” pero aprieta. Bajo la “flexibilidad” el yugo sigue funcionando.
anarkoÑ dice:
El único punto de vista defensor de los trabajadores y capas laboriosas españolas sólo puede ser poner fin a esta relación de clientelismo con la burguesía burocrática europea, con la que vendemos nuestro presente y nuestras perspectivas a cambio de las migajas en forma de subvención. Esta relación sólo interesa a los clientes caciquiles españoles de sus padrinos radicados en Bruselas, pero no interesa al pueblo español ni a los pueblos europeos.
Juan Tala dice:
Parece hasta mentira que España esté así todavía, cuando al principio de esta crisis-saqueo, siempre se decía: ¡España no es Grecia! ¡España no es Portugal!
También será la falta de confianza en nuestros políticos trileros!