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La financiación autonómica ha vuelto a irrumpir en el debate político de la peor manera posible, al vincularse a un acuerdo entre el PSC y ERC para desbloquear la investidura de Salvador Illa.
¿A qué aspira ERC? A trasladar a Cataluña el sistema de concierto vasco y navarro. La Generalitat catalana recaudaría todos los impuestos, y entregaría a la Hacienda central solo el coste de los servicios prestados por el Estado y un “cupo de solidaridad”.
¿Qué proponen el PSC y Moncloa? Poner en marcha el consorcio tributario catalán, presente en el Estatut de 2009 y no cuestionado por el Constitucional, pero que nunca se ha puesto en marcha. Y ampliar las transferencias a Cataluña por las competencias que gestiona y otras autonomías no tienen, como la política autonómica, prisiones o investigación y desarrollo.
La financiación autonómica es un asunto importante. Afecta directamente a nuestras vidas. El 65% del presupuesto de las autonomías se destina a sanidad, educación y servicios sociales. Infrafinanciar a las comunidades es recortar servicios básicos y esenciales.
Pero este debate, necesario, debe abordarse para fortalecer la unidad y la solidaridad. Y la izquierda jamás debería comprar los reaccionarios y falsos argumentos de las élites del procés.
Puigdemont, o ERC, reclaman mejor financiación para Cataluña reeditando el “España nos roba”. Es mentira. Lo que ha provocado que la sanidad se degrade más en Cataluña que en otras comunidades no es la mala financiación autonómica, sino las políticas de recortes aplicadas por los partidos del procés.
Si el debate sobre una nueva financiación autonómica se abre con concesiones bilaterales a Cataluña se habrá iniciado con mal pie. Partidos que forman parte de la mayoría que sostiene al gobierno -Compromís desde Valencia, el BNG en Galicia o la Chunta desde Aragón- ya han protestado que reclamarán cualquier mejora que consiga Cataluña.
Solo se puede conseguir una financiación justa, que refuerce los mecanismos de solidaridad y fortalezca la unidad, respetando los intereses de todas las comunidades.
Y en ese camino hay un obstáculo principal. La Airef (el organismo impuesto por Bruselas tras el rescate bancario para actuar como policía de los recortes en España) ha advertido que, para cumplir con los compromisos de reducción de deuda contemplados en las nuevas reglas fiscales, las autonomías van a tener que contener el gasto… al menos durante los próximos 7 años.
El “dumping fiscal” que practica Madrid, rebajando los impuestos autonómicos para atraer inversiones, es injusto. Pero el problema principal, que se cierne como una espada de Damocles sobre todas las autonomías, son las tijeras de la Comisión Europea y el FMI, que amenazan con nuevos recortes.
La propuesta de una “financiación singular” para Cataluña -que todavía no sabemos en qué va a consistir- ha generado confusión y enfrentamiento.
Lo que todas las autonomías, también Cataluña, necesitan es un sistema de financiación justo que permita revertir los recortes y mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Es posible si se aplica una política basada en la Redistribución de la Riqueza, donde se eleven los impuestos a bancos, monopolios y capital extranjero, destinando esos recursos a fortalecer los servicios esenciales.