Cargando...
La aprobación en septiembre, por parte del gobierno de coalición, del Decreto Ley para consolidar y endurecer las sanciones a Israel -y que establecía una prohibición legal taxativa y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a este país- ya tiene una primera consecuencia.
El juez De Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha imputado por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de la siderúrgica española Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos de la empresa.
Estos tres directivos de Sidenor, violando la legalidad, serían los máximos responsables de una venta de acero a Israel -en concreto, a la compañía Israel Military Industries (IMI) -para fabricar armas. Jainaga y los otros dos imputados tenían perfecto conocimiento de que su cliente es una conocida industria fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y por tanto que el material suministrado iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Además, Sidenor ha consumado esta operación sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.
El magistrado inició sus pesquisas hace varios meses a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y las ha mantenido bajo secreto de sumario. Les imputa dos presuntos delitos: el de contrabando y el de lesa humanidad, aunque este último el juez plantea que pueda encuadrarse como complicidad en un delito de genocidio.
La acusación es contra Jainaga y los otros dos directivos, y no contra la Sidenor como empresa, ya que el juez destaca el “papel activo” que han tenido sus trabajadores para denunciar los hechos e “impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva”.
Al conocerse la noticia, la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa ha mostrado su satisfacción. “Es un hito muy relevante. Normalmente, las denuncias contra grandes corporaciones cuentan con un amplio margen de impunidad. Haber conseguido superar este escollo en una querella de estas características, lanza un mensaje claro para poner fin a la impunidad de aquellos que se lucran de un genocidio”.
La lucha contra el genocidio en Gaza -y contra el apartheid en toda Palestina- exige perseguir también con todo el peso de la ley, a los que, por lucro y sin ningún escrúpulo, son cómplices del opresor.