Cargando...La denuncia que el Partido Popular presentó el miércoles pasado por vulneración del derecho al honor contra la sociedad editora de EL PAÍS pasará a los anales del caso Bárcenas como un punto de inflexión en la sucesión de pésimas decisiones que sus dirigentes han tomado desde que el diario publicara los apuntes contables del extesorero. El PP atribuye a este periódico “la intención de dañar la imagen y la buena reputación del partido, de sus dirigentes y empleados” con la difusión de apuntes contables que recogen donativos de empresas, la mayoría de los cuales violaron las leyes vigentes en su momento, así como pagos a los principales dirigentes de la formación conservadora y otros destinados a cubrir gastos de variadas categorías. El escándalo ciertamente está erosionando a velocidad de vértigo la confianza en la formación conservadora, no solo de empleados y votantes, sino también de la generalidad de los ciudadanos.
A ello han contribuido los remedos de explicaciones que los dirigentes populares han pergeñado hasta hoy, especialmente confusos los referidos al contrato del que disfrutó Bárcenas hasta el mismo día en que este periódico difundió su contabilidad secreta. Actuaciones todas que no han hecho más que agravar la irritación de la sociedad española sin mejorar un ápice la credibilidad del PP, ni siquiera entre sus propios votantes. La mayoría de ellos no les cree una sola palabra. Ya sucedió lo mismo en su día respecto al intento de negar toda veracidad a los papeles de Bárcenas: una encuesta de Metroscopia mostró que el 76% de los españoles y el 58% de los votantes del partido conservador no consideraban ni creíbles ni convincentes las explicaciones recibidas. Tampoco convencerá ahora el PP a nadie de su voluntad de luchar contra la corrupción basándose en llevar a un periódico ante al juzgado.
En este paisaje de descrédito general de sus dirigentes, el PP acusa a este periódico de la “difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente fabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde”. Sorprenden el desparpajo y la ligereza con los que los redactores de la denuncia despachan tanto el trabajo profesional y los códigos deontológicos de los periodistas que firman la información como los hechos comprobados que de sus artículos se derivan. EL PAÍS ha cumplido con rigor el compromiso con sus lectores: publicar información veraz y de relevancia para la opinión pública, aunque ello incomode a los poderes establecidos. Y lo ha hecho aplicando en todo momento las técnicas exigibles que garantizan el rigor de sus informaciones.
En cuanto a los sucesos desvelados, lejos de descartarlos como falsos o sin importancia, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ya venía ocupándose de los oscuros tejemanejes financieros de Bárcenas que le llevaron a acumular decenas de millones de euros en cuentas secretas en Suiza durante los años en los que fue gerente y tesorero del PP, aprecia ahora la necesidad de investigar los hechos que detallan los papeles que publicó EL PAÍS. Se basa para ello en un informe de la Unidad para los Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía que constata numerosas correlaciones entre los papeles de Bárcenas y la documentación existente en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción organizada de la democracia. El juez se hace cargo así en una pieza separada de las indagaciones sobre los papeles del extesorero, hasta ahora circunscritas a la Fiscalía Anticorrupción. El propio fiscal general del Estado ha subrayado lo correcto de la decisión.
El PP tiene todo el derecho a demandar a quien quiera. Pero sus dirigentes deben tener claro que no se trata de un ejercicio fútil. Como efecto colateral arruina asimismo sus pretensiones de transparencia y compromiso con sus militantes, sus votantes y los ciudadanos en general. En vez de mostrarse como la primera interesada en que la justicia aclare los presuntos delitos en que ha incurrido el extesorero y exsenador —que gozó de la confianza del partido durante dos décadas—, la dirección del PP enfoca el tiro hacia el diario que dio a conocer los papeles que documentan algunas de esas prácticas. Es flaco el favor que se hace a sí mismo y a la decencia democrática que este país necesita de forma urgente, en un momento en el que el conjunto de las instituciones sobre el que se basa nuestra vida política se ve ya sometido a tensiones insoportables. Esta es la primera y última vez que comentamos en un editorial la denuncia del PP contra este periódico. Corresponde ahora a la justicia establecer el origen de la fortuna de Bárcenas y la veracidad de sus apuntes contables.