El PP no quiere que se investigue a los corruptores

Basta hacer una lista de los donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas para comprender inmediatamente el alcance de la trama orquestada por los sucesivos tesoreros del Partido Popular. OHL, FCC y Sacyr, tercera, cuarta y quinta grandes constructoras españolas respectivamente son las más relevantes. Pero también están entre los donantes Constructora Hispánica, Aldesa o los grupos Sando y Rubao, todas ellas incluidas en el top-20 de las grandes constructoras del paí­s.

Sumándolas a todas, en las dos últimas décadas han obtenido contratos de decenas, tal vez centenares de miles de millones de las Administraciones públicas: autovías, líneas de alta velocidad, instalaciones portuarias y aeroportuarias, grandes obras hidráulicas, instalaciones deportivas, infraestructuras de abastecimiento, depuración de aguas y residuos, reciclaje,… Comparados con los enormes beneficios que han obtenido de estas adjudicaciones, las cuentas suizas de Bárcenas o las comisiones de la Gürtel no son mas que el “chocolate del loro”.Ante la querella presentada en la Audiencia nacional por Izquierda Unida, el juez Gómez Bermúdez, a quien le tocó el caso por reparto, decidió aceptarla, abrir la instrucción y, como primera medida, llamar a declarar a los dos últimos tesoreros del PP, al ex-responsable de las finanzas del PP gallego y a los 10 grandes empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas.Durante los cuatro años que dura ya la instrucción del caso Gürtel y tras la defenestración del juez Baltasar Garzón, a nadie se le había ocurrido todavía llamar a declarar a los grandes empresarios que acabaron adjudicándose las obras que repartía la trama y por las que obtenía jugosas comisiones. Cuando aparecieron publicados por El País los papeles de Bárcenas, tanto el juez como el fiscal no vieron en ellos ningún indicio que los relacionara con el caso Gürtel. Tuvo que ser un recurso del partido socialista valenciano –personado en la causa– el que les “hiciera ver” que al menos existían tres claras coincidencias entre los papeles y las pruebas del caso. “Uy, perdonen. No nos habíamos dado cuenta”, vinieron a decir entonces.«Si para los corruptos hay benevolencia, para los corruptores hay impunidad total» Y cuando el juez Bermúdez decide entrar a fondo e ir directamente contra los principales responsables de la supuesta financiación irregular del PP, entonces se echan las manos a la cabeza, le exigen que no se entrometa en un caso que ya llevan (es un decir) ellos y, sobre todo, que no llame a declarar a los grandes empresarios. Valiente cinismo el de la fiscalía, el PP y sus voceros mediáticos.Que la corrupción es un auténtico cáncer sistémico que anega toda la geografía española y que su extensión ha sido la gasolina que ha avivado el fuego de la especulación inmobiliaria, con la que grandes bancos y monopolios han obtenido multimillonarias ganancias no se le escapa ya a nadie.Que existe una indignante suavidad y condescendencia en el tratamiento a la corrupción, que sus fechorías prescriben muchas veces librándose por ello de la condena y que los corruptos guardan el botín en paraísos fiscales y disfrutan de él tras cumplir –en el mejor de los casos– una mínima condena, tampoco.Sin embargo, ¿qué pasa con los corruptores? De los cientos de casos de corrupción juzgados en España en los últimos años jamás hemos visto sentarse en el banquillo ni a uno sólo de ellos. Si los corruptos se salen de rositas la mayoría de las veces, a los corruptores ni siquiera se les molesta. «Hay que dar a la corrupción el tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado» Y sin embargo, para que exista el delito de corrupción pública es necesario que haya dos partes: los corruptos y los corruptores. Los que reciben jugosas comisiones y los que las dan a cambio de obtener unos beneficios muy superiores. Beneficios que acaban saliendo siempre, de una u otra manera, de las arcas públicas. Es decir, del dinero de todos nosotros. Si para los corruptos hay una ley benevolente, para los corruptores lo que hay es la impunidad absoluta. Es hora de que esto acabe. Y medios para ello existen de sobra.En primer lugar, hay que dar a la corrupción el tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado. Pues de eso es de lo que se trata. Tramas organizadas de criminales cuyo objetivo es el saqueo de las arcas públicas. Sin la existencia de una asociación de malhechores que se organizan con el propósito definido de delinquir no sería posible la comisión del delito de corrupción. No es una acto aislado, no nos enfrentamos a la acción individual de pequeños grupos de delincuentes, sino ante una nueva ramificación, una nueva forma que ha adquirido el crimen organizado. Nuestro Código Penal (y además en el capítulo consagrado nada más y nada menos que a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas) es explícito al tratar del crimen organizado: «Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada». De acuerdo con esta definición, ya existe en nuestro país una más que suficiente base legal para dar a la corrupción en el seno del Estado el tratamiento propio que se le da al crimen organizado (bandas mafiosas, cárteles del narcotráfico, lavado y blanqueo de dinero ilegal,…) En sucesivas sentencias, el Tribunal Supremo ha ido concretando y especificando en que consisten estas “asociaciones ilícitas” definiendo el concepto organización, y puntualizando que «debe incluir cualquier red estructurada que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas o funciones entre ellas y que posea una vocación de permanencia en el tiempo. Para su apreciación debe existir una jerarquía, con reparto de papeles o funciones, estable o permanente, que disponga de medios adecuados». Para la justicia de nuestro país hay que considerar que existe crimen organizado si se dan los requisitos siguientes: 1.- Que el grupo lo formen más de tres personas 2.- Que el delito que cometan sea grave. 3.- Que actúen durante un tiempo prolongado 4.- Que obtengan beneficios, poder o influencia de su actividad delictiva ¿No entran sobradamente en esta categoría, no cumplen uno por uno todos estos requisitos todas y cada una de las tramas de corrupción que se han descubierto en España en los últimos años? ¿No lo cumplen sobradamente la trama Gürtel, el caso Campeón o el del Palau? ¿No hay indicios más que suficientes de financiación ilegal de PP en los papeles de Bárcenas como en su día los hubo del PSOE en el caso Filesa? ¿Por qué no se les aplica entonces el mismo tratamiento que a las bandas mafiosas, a los cárteles del narcotráfico, a las redes de traficantes de inmigrantes, a las mafias de la prostitución,…?Lo estamos viendo estos días con la actitud tomada por el fiscal ante la querella de IU y la iniciativa del juez Gómez Bermúdez. Porque hacerlo implicaría directamente no sólo a una gran parte de las cúpulas del bipartidismo, sino también, y sobre todo, a los grandes poderes económicos del país, cuyas grandes fortunas no son explicables sin la corrupción que anega al Estado.