Cargando...Durante el más reciente episodio de la farsa de Washington que ha dejado atónito al mundo, un comentarista chino escribió que si Estados Unidos no puede ser un miembro responsable del sistema mundial, tal vez el mundo deba separarse del Estado rufián que es la potencia militar reinante, pero que pierde credibilidad en otros terrenos.
La fuente inmediata de la debacle de Washington fue el brusco viraje a la derecha que ha dado la clase política. En el pasado se ha descrito a Estados Unidos con cierto sarcasmo, pero no sin exactitud, como un Estado de un solo partido: el partido empresarial, con dos facciones llamadas republicanos y demócratas.
Ya no es así. Sigue siendo un Estado de un solo partido, pero ahora tiene una sola facción, los republicanos moderados, ahora llamados nuevos demócratas (como la coalición en el Congreso ha dado en designarse): existe una organización republicana, pero hace mucho tiempo que abandonó cualquier pretensión de ser un partido parlamentario normal. El comentarista conservador Norman Ornstein, del Instituto Estadunidense de Empresa, describe a los republicanos actuales como una insurgencia radical, ideológicamente extremista, que se burla de los hechos y de los acuerdos, y desprecia la legitimidad de su oposición política: un grave peligro para la sociedad.
El partido está en servicio permanente para los muy ricos y el sector corporativo. Como no se pueden obtener votos con esa plataforma, se ha visto obligado a movilizar sectores de la sociedad que son extremistas, según las normas mundiales. La locura es la nueva norma entre los miembros del Tea Party y un montón de otras agrupaciones informales.
El establishment republicano y sus patrocinadores empresariales habían esperado usar esos grupos como ariete en el asalto neoliberal contra la población, para privatizar, desregular y poner límites al gobierno, reteniendo a la vez aquellas partes que sirven a la riqueza, como las fuerzas armadas.
Ha tenido cierto éxito, pero ahora descubre con horror que ya no puede controlar a sus bases. De este modo, el impacto en la sociedad del país se vuelve mucho más severo. Ejemplo de ello es la reacción violenta contra la Ley de Atención Médica Accesible y el cierre virtual del gobierno.
La observación del comentarista chino no es del todo novedosa. En 1999, el analista político Samuel P. Huntington advirtió que para gran parte del mundo Estados Unidos se convertía en la superpotencia rufiana, y se le veía como la principal amenaza externa a las sociedades.
En los primeros meses del periodo presidencial de George Bush, Robert Jervis, presidente de la Asociación Estadunidense de Ciencia Política, advirtió que a los ojos de gran parte del mundo el primer Estado rufián hoy día es Estados Unidos. Tanto Huntington como Jervis advirtieron que tal curso es imprudente. Las consecuencias para Estados Unidos pueden ser dañinas.
En el número más reciente de Foreign Affairs, la revista líder del establishment, David Kaye examina un aspecto de la forma en que Washington se aparta del mundo: el rechazo de los tratados multilaterales como si fuera un deporte. Explica que algunos tratados son rechazados de plano, como cuando el Senado votó contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades en 2012 y el Tratado Integral de Prohibición de Ensayos Nucleares en 1999.
Otros son desechados por inacción, entre ellos los referentes a temas como derechos laborales, económicos o culturales, especies en peligro, contaminación, conflictos armados, conservación de la paz, armas nucleares, derecho del mar y discriminación contra las mujeres.
El rechazo a las obligaciones internacionales, escribe Kaye, se ha vuelto tan arraigado que los gobiernos extranjeros ya no esperan la ratificación de Washington o su plena participación en las instituciones creadas por los tratados. El mundo sigue adelante, las leyes se hacen en otras partes, con participación limitada (si acaso) de Estados Unidos.
Aunque no es nueva, la práctica se ha vuelto más acentuada en años recientes, junto con la silenciosa aceptación dentro del país de la doctrina de que Estados Unidos tiene todo el derecho de actuar como Estado rufián.
Por poner un ejemplo típico, hace unas semanas fuerzas especiales de Estados Unidos raptaron a un sospechoso, Abú Anas Libi, de las calles de Trípoli, capital de Libia, y lo llevaron a un barco para interrogarlo sin permitirle tener un abogado ni respetar sus derechos. El secretario de Estado John Kerry informó a la prensa que esa acción era legal porque cumplía con las leyes estadunidenses, sin que se produjeran comentarios.
Los principios solo son valiosos si son universales. Las reacciones serían un tanto diferentes, inútil es decirlo, si fuerzas especiales cubanas secuestraran al prominente terrorista Luis Posada Carriles en Miami y lo llevaran a la isla para interrogarlo y juzgarlo conforme a las leyes cubanas.
Sólo los estados rufianes pueden cometer tales actos. Con más exactitud, el único Estado rufián que tiene el poder suficiente para actuar con impunidad, en años recientes, para realizar agresiones a su arbitrio, para sembrar el terror en grandes regiones del mundo con ataques de drones y mucho más. Y para desafiar al mundo en otras formas, por ejemplo con el persistente embargo contra Cuba pese a la oposición del mundo entero, fuera de Israel, que votó junto con su protector cuando Naciones Unidas condenó el bloqueo (188-2) en octubre pasado.
Piense el mundo lo que piense, las acciones estadunidenses son legítimas porque así lo decimos nosotros. El principio fue enunciado por el eminente estadista Dean Acheson en 1962, cuando instruyó a la Sociedad Estadunidense de Derecho Internacional de que no existe ningún impedimento legal cuando Estados Unidos responde a un desafío a su poder, posición y prestigio.
Cuba cometió un crimen cuando respondió a una invasión estadunidense y luego tuvo la audacia de sobrevivir a un asalto orquestado para llevar los terrores de la Tierra a la isla, en palabras de Arthur Schlesinger, asesor de Kennedy e historiador.
Cuando Estados Unidos logró su independencia, buscó unirse a la comunidad internacional de su tiempo. Por eso la Declaración de Independencia empieza expresando preocupación por el respeto decente por las opiniones de la humanidad.
Un elemento crucial fue la evolución de una confederación desordenada en una nación unificada, digna de celebrar tratados, según la frase de la historiadora diplomática Eliga H. Gould, que observaba las convenciones del orden europeo. Al obtener ese estatus, la nueva nación también ganó el derecho de actuar como lo deseaba en el ámbito interno. Por eso pudo proceder a librarse de su población indígena y expandir la esclavitud, institución tan odiosa que no podía ser tolerada en Inglaterra, como decretó el distinguido jurista William Murray en 1772. La avanzada ley inglesa fue un factor que impulsó a la sociedad propietaria de esclavos a ponerse fuera de su alcance.
Ser una nación digna de celebrar tratados confería, pues, múltiples ventajas: reconocimiento extranjero y la libertad de actuar sin interferencia dentro de su territorio. Y el poder hegemónico ofrece la oportunidad de volverse un Estado rufián, que desafía libremente el derecho internacional mientras enfrenta creciente resistencia en el exterior y contribuye a su propia decadencia por las heridas que se inflige a sí mismo.