El juicio del caso Palau arrincona a Convergencia

A punto de desmoronarse. La estructura de Convergencia (CDC), ahora traspasada a Pdecat, se encuentra al borde del abismo.

Tras anunciar los principales acusados del caso Palau que, a cambio de un pacto con la fiscalía, entregarán pruebas sobre la financiación ilegal del partido de Pujol y Mas, la defensa de CDC y de Daniel Osàcar, (ex gerente del partido) ha renunciado a más de treinta de los testigos propuestos, todos ex altos cargos y ex consejeros de la Generalitat, vinculados a los organismos que adjudican los contratos y obras públicas investigadas. El testimonio de esos testigos, acorralados con las pruebas sobre la mesa, podía resultar demoledor para los intereses de CDC y su extesorero, y peligroso para ellos.

En el juicio se buscan algo más de 30 millones. Según el sumario está probado que al menos 7 se los llevó Félix Millet, 1,5 su segundo, Jordi Montull, y 6,5 fueron a parar a Convergencia. El resto… Todo apunta a la financiación de CDC. Desde hace meses se conoce que las empresas investigadas por pagar a CDC las famosas comisiones del 3% repartían cantidades entre las dos fundaciones del partido —CatDem y Fòrum Barcelona—. Entre 2008 y 2013 a CatDem llegaron 7 millones de cien empresas, a Fórum 3,3 millones de 44 sociedades. En ambas listas coinciden 30 empresas. Los mayores donantes fueron constructoras, adjudicatarias de servicios municipales de recogida de basura, y hasta empresas del juego (Convergencia redujo el impuesto al juego del 55 al 10%)… Las dos fundaciones transfirieron después al partido 3,5 millones por trabajos injustificados.

Patriotismo de paraíso… fiscal

Pero lo que ha superado todas las expectativas es que estudiando la información obtenida hace dos años en los registros policiales del domicilio y el despacho del extesorero del partido, Andreu Viloca, ha aparecido un documento donde un notario da fe de «la operación de compra y venta de la sede central de CDC por el ciudadano hindú Ravichadran Narasimhan, con domicilio en Hong Kong». Este es un representante de la sociedad Synergy Inversiones, cuya apoderada es una mujer que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de sociedades (conviene recordar que Hong Kong es un paraíso fiscal). La venta se efectuó por un valor de 13 millones euros. Pocos días después, un juez ordenó el embargo de otras 15 sedes para garantizar posibles responsabilidades del partido en el marco del caso Palau.

En una entrevista en La Sexta hace apenas unas semanas, Artur Mas afirmaba que «no hay caso», respecto a la investigación de la trama del 3%. ¡Vaya si hay caso! Porque no podrán estirar la bandera para tapar sus cuentas y negocios desde Andorra a Panamá y desde Suiza a Hong Kong. A ver si todo su sueño de independencia es convertirnos en un paraíso fiscal.

Vidas ejemplares

Josep Antoni Rosell, fue subdirector general de Infraestructuras del Departamento de Agricultura, en el Gobierno de Jordi Pujol. Desde ahí preparó la licitación del canal Segarra-Garrigues, una de las mayores adjudicaciones de la Generalitat. En 2002, la empresa ASG (FCC, Agbar, Copcisa, Copisa) ganó el concurso por 1.100 millones de euros. Acto seguido Rosell deja la política y pasa a ser director de la empresa beneficiada con la concesión. En el primer gobierno de Artur Mas, en 2011, Rosell fue nombrado de nuevo director general de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat, desde donde modificó criterios de adjudicación y dio instrucciones para alterar los concursos a favor de empresas que donaban dinero a las fundaciones de Convergència, según la Fiscalía. Es uno de los principales implicados en la trama del 3%. ¿Pero dejó realmente de velar por los intereses de la concesionaria privada del canal Segarra? El contrato inicial fijaba un precio cerrado. La concesionaria debía cumplir las condiciones fijadas, pero Rosell desde su puesto hizo todo lo posible para modificarlas y logró que ASG pudiera entregar obras parciales acabadas, pero inútiles por sí solas, aumentando sus beneficios. El proyecto ha resultado un desastre. De las 70.150 hectáreas de regadío previstas apenas se llegará a las 18.000. Y el sobrecoste estimado de acabarse la obra sería del 81%. Un ejemplo de un claro representante de esta burguesía burocrática, improductiva y depredadora de las arcas públicas, enquistada en torno a Convergència. Y que permite entender los intereses que hay detrás de su propuesta independentista.