Cargando...140.000 euros es la cantidad que la Junta de Andalucía tendrá que pagar a la familia de Carmen Espejo, una madre sevillana a la que Bienestar Social retiró la custodia de sus dos hijas en el año 2000. Seis años son los que las niñas han estado separadas de su madre… ¡seis años!, hasta que la sentencia fue anulada. Esta madre ya ha declarado que el importe le parece ridículo, como lo es que no existan responsabilidades políticas directas, que se exijan y se depuren.
Carmen Esejo reclamaba 1.8 millones de euros. 300.000 euros por año, 25.000 euros mensuales, 830 euros al día… 34 euros por hora, para todo lo demás… la Junta de Andalucía – como diría el anuncio.En una entrevista para el De Verdad digital, el fundador de Coordinadora de Barrios, Enrique Martínez Reguera denunciaba: “Una cosa es que en situaciones de urgencia, como situaciones de abandono o tortura, se apropiasen de los niños, y otra es que eso se utilizase como herramienta de hostigamiento contra las clases pobres y las clases medias para tenerlas amenazadas de poderles expropiar a sus hijos. Y esto último es lo que ha ocurrido”Tocando la médula del problema, Enrique Martínez, con cuarenta años dedicados a la pedagogía y a trabajar con los niños a pie de calle, contestaba indignado a una pregunta sobre las instituciones que “dan cobijo” a los menores: “Yo tengo delante de mí una lista de veintitantas entidades como las que me acaba de mencionar. Son entidades que se dedicaban a otras cosas y, de repente, han encontrado que es una mina la presunta atención de niños, y se han puesto todos a cuidar de los niños, es decir, a sacarles rentabilidad económica”El Tribunal Supremo de Andalucía ha reconocido que las niñas "no estaban en situación de desamparo", por lo que la Junta "se debió abstenerse de intervenir sobre la guarda y custodia". Además, la sentencia recoge que la retirada de la custodia se prolongó "excesivamente" por el retraso de la Administración en el envío de la documentación requerida por los jueces. Al final la sentencia considera desproporcionada la cuantía demandada por la madre: 347 euros por hora “robada” con sus hijas.Teniendo en cuenta que una de estas entidades reclama 3.000 euros mensuales por el mantenimiento de un niño, que esta madre exija nueve veces más como reposición de lo que ya se ha perdido para siempre – porque en definitiva hablamos de tiempo de vida – no parece que sea exagerado. Más si tenemos en cuenta que lo que se ha hecho es utilizar las estructuras del Estado para imponer a una madre la pérdida de sus hijas injustamente, y retrasar la solución por problemas de “papeleo”. Si al final va a resultar que para hombre del saco también hay que hacer oposiciones.Según declaraciones a la agencia Efe, Carmen Espejo afirma que la Junta "nunca" le contó las razones que le llevaron a retirarle la custodia de las niñas. "Luego me explicaron en el juzgado que yo las maltrataba, que las tenía desasistidas. Y eso no era verdad". El informe realizado por el psiquiatra Pedro Benjumea determinó que las heridas que presentaba la menor, y que habían motivado la retirada de la custodia, respondían al síndrome de Cornelia, una enfermedad genética que le causó las lesiones.¿Dónde está, según la Junta, la desproporción?