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Los casos de acoso sexual que han salido a la luz en el PSOE a lo largo de 2025 no aparecen de forma espontánea ni aislada. Muchos de ellos ya habían sido denunciados internamente a través de los canales habilitados por el propio partido, pero permanecieron sin consecuencias durante meses hasta que se hizo público.
El punto de inflexión llega el 5 de julio de 2025, cuando eldiario.es publica las denuncias internas por comportamientos sexuales inapropiados y acoso contra Paco Salazar, entonces alto cargo en La Moncloa y próximo a la dirección federal del PSOE.
La publicación se produce en un momento clave: Salazar iba a ser propuesto como adjunto a la Secretaría de Organización del partido. La información sale a la luz precisamente para alertar de que ese nombramiento no podía producirse, y provoca su dimisión inmediata de todos sus cargos y su baja como militante.
A pesar de todo eso, el PSOE se resiste inicialmente a activar la vía judicial y a trasladar las denuncias a la Fiscalía, lo que mantiene el caso abierto durante meses y alimenta la percepción de una gestión interna opaca.
A partir de ahí, a lo largo de todo diciembre de 2025, en plena precampaña de las extremeñas, comienzan a aflorar más casos en distintas federaciones -Galicia, Torremolinos, Valencia, Córdoba- con un patrón en común: denuncias que llevan meses circulando dentro del partido, investigaciones internas poco transparentes y una reacción política que solo se ha activado cuando el asunto llega a los medios. El silencio se prolongó durante semanas, incluso meses, antes de que se tomaran decisiones.
Lo ocurrido en el PSOE no puede entenderse como una suma de episodios aislados, ni tampoco como un problema exclusivo de esta organización. Es un problema estructural que atraviesa a las organizaciones políticas y a la sociedad en su conjunto. Casos similares se han dado en otras formaciones y en distintos ámbitos, y la cuestión central no es solo la existencia del acoso, sino cómo actúan las organizaciones cuando tienen conocimiento de él: si protegen a las víctimas o si priorizan evitar el daño político hasta que la presión mediática obliga a intervenir.
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Un auténtico Me Too interno.
Como no podría ser de otra manera, las mujeres han desempeñado un papel central tanto en la denuncia como en la presión para que los casos de acoso sexual dentro del PSOE recibieran la atención que merecen. No se conoce con exactitud cuánto se sabía, quién lo sabía ni quiénes fueron responsables de las llamadas “investigaciones internas”. Lo que sí es público, a través de declaraciones y hechos, es que la dirección optó por canalizar las denuncias mediante procedimientos internos, mientras que fueron las mujeres socialistas quienes lideraron una respuesta mucho más exigente, visible y organizada dentro del partido.
En Torremolinos, tras hacerse pública la denuncia contra Antonio Navarro, trescientas mujeres socialistas firmaron un manifiesto contra el acoso y las conductas machistas dentro del PSOE. Militantes locales, junto a compañeras de Málaga, Granada y Córdoba, denunciaron cualquier forma de acoso o violencia machista y exigieron una respuesta clara y contundente por parte de la organización.
Lo ocurrido en el PSOE no puede entenderse como una suma de episodios aislados, es un problema estructural
En el plano estatal, Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, publicó la Carta a los compañeros del PSOE, en la que interpela directamente a los hombres del partido, subraya su responsabilidad y reclama que la dirección escuche a las feministas que llevan años señalando estas dinámicas. La carta apela a romper el silencio y a asumir que la pasividad también tiene consecuencias políticas y éticas.
En Galicia, la crisis se agrava cuando se conoce que José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG, tenía conocimiento de las acusaciones contra José Tomé desde octubre. La gestión del caso provoca la dimisión de Silvia Fraga, secretaria de Igualdad del PSOE gallego, y desemboca en un nuevo manifiesto firmado por unas 170 mujeres socialistas que critican la actuación de la dirección y reclaman coherencia y protección efectiva a las víctimas.
En este contexto, Carmela Silva, presidenta del PSdeG, publica un artículo de opinión en Faro de Vigo en el que reconoce que las cosas “no se hicieron bien” y llama a actuar con rapidez, claridad y poniendo en el centro a la víctima. Sitúa además esta movilización como fruto de un trabajo colectivo y de una organización donde el feminismo lleva tiempo empujando cambios desde dentro.
Paralelamente, dirigentes socialistas de ámbito estatal se pronunciaron públicamente. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, afirmó que “no es compatible ser socialista con ser machista”. Pilar Alegría calificó la actitud de Paco Salazar como “vomitiva”, y Adriana Lastra pidió que la documentación sobre las denuncias internas se trasladara de inmediato a la Fiscalía.
De conjunto, durante el mes de diciembre las feministas dentro del PSOE -desde militantes de base hasta alcaldesas y altos cargos de la dirección- pasaron de una condena inicial de casos concretos a una presión organizada y articulada sobre la dirección del partido. Manifiestos colectivos, apoyos públicos y alianzas entre federaciones evidenciaron un auténtico Me Too interno que no solo exigía respuestas puntuales, sino una revisión profunda de los protocolos y de la cultura organizativa frente al acoso.
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¿Y si denunciar tiene un coste?
Escuchar a quienes, a fuerza de insistir, hemos sido tildadas de incómodas o exageradas es imprescindible, porque en realidad estábamos señalando un problema estructural. A día de hoy no existe un mecanismo real y eficaz de defensa de las mujeres, ni dentro de las organizaciones ni fuera de ellas. Internamente, los protocolos y principios son todavía frágiles cuando quien está en el centro de la denuncia ocupa una posición de poder; externamente, el marco legal sigue siendo insuficiente para garantizar que denunciar no tenga un coste personal, laboral o político para las víctimas.
Lo que ha pasado en el PSOE muestra que la desigualdad de género no flota en el aire, sino que se incrusta en jerarquías, cargos, silencios y miedos. Cuando el feminismo nombra el acoso como un problema estructural, está hablando de poder: de quién puede actuar con impunidad y de quién paga el precio por romper el silencio. No es solo género; es posición, es lucha de clases.
Hoy se escucha porque hay militantes feministas que han convertido la denuncia en una práctica colectiva
Nada de lo ocurrido habría existido sin la acción sostenida de las mujeres. Siempre pasó, pero no se escuchó. Hoy se escucha porque hay militantes feministas que han convertido la denuncia en una práctica colectiva y la incomodidad en una forma de acción política. Por eso las que insistimos, las que “nos ponemos pesadas”, las que no callamos, no estamos exagerando: estamos haciendo activismo político y social. Del incómodo. Del necesario porque cuestiona el orden de las cosas.