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El nuevo gobierno indonesio ha decidido abrir una investigación por crímenes contra la humanidad sobre los responsables de la matanza de cientos de miles de comunistas tras el golpe de Estado de 1965. Una masacre que el New York Times de 12 de marzo de 1966 definía como «una de las matanzas masivas más salvajes de toda la historia política moderna».
Entre dos y tres millones de militantes comunistas, familiares y colaboradores fueron asesinados, encarcelados o torturados tras el golpe del general Suharto en octubre de 1965, organizado y dirigido por la CIA.
Coincidiendo con la escalada masiva de la intervención miliar norteamericana en Vietnam a partir de 1964, la CIA remite a lo largo de ese año incensantes informes al presidente Johnson y su secretario de Defensa Robert McNamara alertando que los países de la península indochina (Vietnam, Laos y Camboya) no son las únicas “pulgas” que se están escapando de los dedos del dominio imperialista norteamericano en el sudeste asiático, que ha pasado a ocupar el papel de gendarme de la región relevando el histórico control de las viejas potencias europeas tras la IIª Guerra Mundial. «El PKI con 3 millones de militantes, era el enemigo a batir por EEUU»
El gigante de la región, Indonesia, con más de 200 millones de habitantes, alrededor de 17.000 islas y el control del estratégico estrecho de Malaca por donde pasa todo el tráfico marítimo del Extremo Oriente (China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur,…) hacia Europa, África y Oriente Medio se había convertido, con el presidente Sukarno, en una de las cabezas claves del nuevo Movimiento de Países No Alineados, una formidable alianza antiimperialista de países del Tercer Mundo con la que buscaban escapar al control hegemonista y la frenética intervención en todo el globo de las dos superpotencias, EEUU y la URSS.
Ante los reiterados intentos de Washington por reconducir y acabar con la línea antihegemonista, de neutralidad e independencia del presidente Sukarno –héroe de la independencia contra el viejo colonialismo holandés– éste busca la alianza cada vez más estrecha con el poderoso Partido Comunista de Indonesia (PKI), que en esos momentos justamente ha empezado a denunciar a la URSS como superpotencia imperialista, romper los históricos lazos de cercanía con el PCUS y tomar como guía ideológica y política la línea general de un Partido Comunista de China que está ya inmerso en el desarrollo de la Gran Revolución Cultural Proletaria.
A mediados de los 60, el PKI se ha convertido en el tercer partido comunista más grande del planeta, sólo por detrás de los partidos ruso y chino. Cuanta con tres millones de militantes y está presente en la gobernación de numerosos territorios. Cuando Sukarno ofrece al PKI entrar en el gobierno central del país, todas las siniestras maquinarias de intervención de EEUU se ponen en marcha, con la CIA al frente. Su resultado será la mayor matanza de comunistas que se conoce en la historia.
Un auténtico genocidioNo se sabe, y probablemente nunca se sabrá, cuanta gente murió asesinada durante los años que siguieron al golpe. En 1966, el departamento de Estado norteamericano daba la cifra de 300.000 personas. Pero una década después, a mediados de los 70, el propio gobierno indonesio por medio del máximo jefe de seguridad del gobierno, el almirante Sudomo, aseguraba que habían sido 500.000. Varias fuentes de Amnistía Internacional, sin embargo, calcularon tras varias investigaciones sobre el terreno que los asesinados se cifraban entre 700.000 y mucho más de un millón.En un primer intento de clarificar la matanza por parte del gobierno indonesio, a principios de los años 1990, los aldeanos del norte de la isla de Sumatra reconocían que: “durante seis meses nadie comió pescado del río porque se encontraban dedos humanos dentro de los peces”.
Los corresponsales de la revista Time desplazados a la zona describían así la situación en la edición del 17 de diciembre de 1965: “Están masacrando a miles de comunistas, sus partidarios y familias. Según informes, unidades del ejército han interrogado y ejecutado a miles de comunistas en parajes muy apartados… La matanza ha creado un grave problema de salubridad en Java Oriental y el norte de Sumatra, donde el aire húmedo huele a muerte. Los que viajan a esas zonas hablan de ríos y quebradas atascados de cadáveres”.
Todavía hoy, medio siglo después de aquello, los supervivientes y antiguos presos políticos se enfrentan a discriminaciones, ataques y amenazas constantes. El PKI sigue ilegalizado y sus antiguos militantes tienen prohibido el acceso a la administración pública. Con regularidad, matones respaldados por el ejército atacan a reuniones de los supervivientes y a las múltiples organizaciones que se han creado en todo el país exigiendo que se investiguen los hechos y se haga justicia. En las escuelas, los textos de estudio oficiales aún enseñan a niños y jóvenes que ‘el exterminio de los comunistas’ fue tan necesario como heroico, y que el Estado se debe ocupar de controlar a las familias de las víctimas por la ‘deslealtad’ que, según el gobierno y el ejército, siguen manteniendo hacia el país. Un relato oficial que sanciona y legitima la violencia, pasada y presente, contra amplios sectores populares del país y que ha sido recogida recientemente por Joshua Oppenheimer, un cineasta independiente estadounidense que en 2012 fue premiado en el Festival de Venecia por su película-documental “The Act of Killing” [El acto de matar] y nominado en 2014 al Óscar por “The Look of silence” [La mirada del silencio], ambas sobre la masacre.
Golpes contundentes en momentos decisivosEl papel clave de EEUU en la matanza
En su condición de nueva superpotencia hegemonista estableciendo redes de intervención e injerencia por todo el planeta, entre 1956 y 1965 Washington se había encargado de entrenar y formar a más de 4.000 oficiales indonesios en bases y escuelas militares de EEUU.
Simultáneamente, la CIA se encargó de establecer una amplia red de de agentes y soplones en los sindicatos, donde el PKI tenía mucha influencia.
Las grandes multinacionales petroleras de Estados Unidos proporcionaron financiación, tecnología y ayuda logística a Pertamina, la compañía petrolera controlada por el ejército indonesio, con el objetivo de fortalecer el papel de las fuerzas militares como un centro autónomo, capaz en un momento dado de ser utilizado para acabar con el legítimo, democrático y antihegemonista poder político de Sukarno que ganaba elección tras elección y de un PKI que no dejaba de multiplicar sus fuerzas y su influencia año tras año.. «Tras el golpe, todos los presidentes norteamericanos mantuvieron una relación privilegiada con Suharto»
Este ejército indonesio, dirigido por generales formados en y por Estados Unidos y férreamente dirigido y controlado desde Washington, es el que jugó el papel central en las masacres. No sólo asesinando directamente a cientos de miles de militantes comunistas, sino también proporcionando vehículos, armas y dinero a los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte encargados de la “limpieza más sucia”, además de incitar entre la población musulmana más radicalizada una histeria anticomunista que espoleó las masacres.
Aunque ya se sospechaba con anterioridad, en 1990 el periódico norteamericano The Boston Globe publicó un amplio reportaje que demostraba concluyentemente cómo la estación CIA de Yakarta, a través de la embajada estadounidense, proporcionó a los militares golpistas un listado de más de 5.000 dirigentes del Partido Comunista de Indonesia. En él figuraban los líderes del PCI de los comités centrales, provinciales, metropolitanos y locales, así como los líderes de las organizaciones de masas, como la federación nacional de trabajo y organizaciones de mujeres y jóvenes. En las primeras semanas del golpe, la dirección del PKI fue literalmente diezmada. Una vez descabezado, se dio el pistoletazo de salida para una masacre sin precedentes que se prolongaría a lo largo de dos años.
Según relataba el New York Times, en la Casa Blanca los miembros del gobierno de Lyndon B. Johnson se mostraba “muy contentos por las noticias que llegan de Indonesia” y los funcionarios no se recataban en afirmar extraoficialmente que “se alegraban de que todo salió como esperaban”. El mismo secretario de Estado, Dean Rusk, mandaba un telegrama a la embajada en Yakarta donde conminaba a seguir “la campaña contra los comunistas” porque el ejército “es la única fuerza que podrá crear orden en Indonesia”. A continuación, el embajador yanqui acudió al palacio presidencial ocupado por los militares golpistas para transmitir directamente a Suharto y sus generales que “el gobierno estadounidense está básicamente de acuerdo y admira lo que hace el ejército”.
El encargado de asuntos políticos de la embajada, Robert J. Martens, encargado de dirigir la elaboración del listado y entregarlo personalmente a los militares, no tuvo ningún empachó en reconocer abiertamente en el reportaje que el listado “fue una gran ayuda para el ejército. Seguramente mataron a mucha gente y no cabe duda de que yo tengo las manos manchadas de sangre, pero a fin de cuentas, eso no es del todo malo. En el momento decisivo toca dar un golpe contundente”.
Ahora que, presionado por las organizaciones de derechos humanos y la opinión pública, el nuevo gobierno indonesio de Joko Widodo ha tomado la decisión de indagar la verdad de las sangrientas matanzas, es de necesidad y justicia que la investigación no se detenga en los militares golpistas indonesios y se extienda a sus verdaderos organizadores e instigadores: aquellos que en lujosos salones u oscuros despachos de Washington diseñaron y organizaron “las matanzas masivas más salvajes de toda la historia política moderna”.