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En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, los sindicatos CCOO, UGT y USO han exigido al gobierno que las pensiones suban de acuerdo al IPC: un 1,2%, frente al 0,25% aprobado por el Gobierno, lo que significa un empobrecimiento efectivo de los pensionistas.
Los sindicatos CCOO, UGT y USO se han unido en la exigencia de que las pensiones públicas se revaloricen en un 1,2%, frente al «claramente insuficiente» 0,25% de subida aprobado por el Gobierno, que apenas supondrá un incremento medio de 1,62€ mensuales para la pensión más habitual (650€ al mes). Las centrales sindicales han advertido de que con una inflación prevista para 2017 entre el 1,2% y el 2%, las pensiones perderán poder adquisitivo el próximo año, al igual que ha sucedido en 2016. CCOO ha denunciado que las pensiones han perdido este año 1,25 puntos de poder adquisitivo y 2,05 puntos desde 2007.
«El Gobierno parece más preocupado en bajar las pensiones año a año para favorecer los fondos privados de pensiones, no sólo ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales, sino que ha vetado de facto la proposición de ley que presentaron la mayoría de los grupos parlamentarios para revalorizar las pensiones el próximo año en un 1,2%. Veto que estudió la Mesa del Congreso y cuya resolución aplazó hasta principios de 2017, cuando ya se haya implementado la subida del 0,25% en todas las pensiones», ha denunciado UGT.
Las razones que ha esgrimido el Gobierno para vetar la propuesta en el Parlamento, es que subir las pensiones de acuerdo al IPC supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros que tendrían que ser financiados por el Estado, «sin que se proponga una fuente de financiación». Y la prórroga presupuestaria que impera al no haber acuerdo aún en unos nuevos Presupuestos Generales para 2017, ha hecho que el gobierno decida emitir deuda pública para pagar las pensiones -en concreto, las dos pagas extra del ejercicio- antes de agotar el Fondo de Reserva. El gobierno emitirá unos 16.500 millones de euros en bonos a lo largo del año, y ha anunciado su intención de hacerlo para las pagas extra de 2018 y de años sucesivos.
De esa manera se sigue engrosando la deuda pública, que alcanza 1,1 billones de euros -más del 100% del PIB, la más alta de la historia- y cuyos acreedores son grandes bancos nacionales y extranjeros, los compradores de esos bonos. ¿De verdad hay que elegir entre poder sostener las pensiones o endeudarse más con los grandes capitales?. Es imperativa una reforma fiscal que garantice una adecuada financiación del sistema de pensiones.
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), ha denunciado que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015 por la Agencia Tributaria. De esa manera España ha perdido unos 77.000 millones de euros en los últimos ocho años, lo que arroja una pérdida recaudatoria media de 9.600 millones de euros anuales. La recaudación del Impuesto de Sociedades (IS) ha estado el pasado año 13.000 millones por debajo de la recaudación de 2007. Cabe recordar que aunque las pymes soportan una presión fiscal de aproximadamente un 25%, las grandes empresas del IBEX35 soportan apenas -en los hechos- un 3% de impuestos sobre sus enormes beneficios, mientras que las multinacionales es de un exiguo un 2%.
Es una orientación deliberada de la dirección de la Agencia Tributaria: el 80% de la plantilla de los inspectores -denuncia Gestha- es enviada a investigar el fraude de pymes, autónomos y trabajadores, a los que se descubre un menor importe defraudado; mientras que el de los grandes patrimonios y corporaciones -que a día de hoy suponen el 70% del fraude fiscal en España-, es decir, el fraude sofisticado, apenas se investiga ni se persigue.
Sólo con perseguir ese fraude, el Estado podría recaudar más de 9.600 millones de euros al año. Como dice el Gestha, “si las multinacionales soportasen la misma carga tributaria que las pymes, España recaudaría 8.250 millones más al año”. Suman 17.850 millones de euros. ¿Cómo que no hay dinero para blindar las pensiones?.
JosefK dice:
“Si las multinacionales soportasen la misma carga tributaria que las pymes, España recaudaría 8.250 millones más al año”, menos mal que aquí se dice alto y claro para quiénes gobiernan la cúpula del PP y la directiva golpista del PSOE. Quieren precarizar las pensiones públicas para que nos abramos una pensión privada. Suculento negocio para los bancos que hasta ahora no han podido comer de este pastel: controlar unos ahorros que la gente guarda hasta el final de sus días, para que ellos puedan invertir y enriquecerse aún más con el dinero de todos y si hay otro crisis, pues oiga, han perdido un % de sus pensiones, por otra «crisis mundial». Los pensionistas son los que más protección merecen de parte del estado y este les está ahogando poco a poco con el objetivo de hacer que tengamos que abrirnos un plan de pensiones privado. Quiero diferenciarlo porque dentro del PP y PSOE tiene que haber gente honrada, como demuestra cómo se ha posicionado la militancia del PSOE frente al golpe de estado perpetrado por González, Susana y compañía.