Cargando...La fiscalía cree que el PP nacional tuvo constancia de la presunta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana destapada en la Operación Taula, según fuentes del ministerio público. Los investigadores mantienen que el PP regional actuó en su conjunto como una «organización criminal» extendida por las tres provincias valencianas, y habría generado hasta cinco cajas b. Otros casos de corrupción, como la rama valenciana de Gürtel o el caso Fórmula 1, serían episodios concretos de la actividad de la organización. Los indicios apuntan a exdirigentes como Francisco Camps, que ayer negó cualquier participación en una rueda de prensa ofrecida en un hotel de Valencia.
La fiscalía cree que el PP nacional tuvo constancia de la presunta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana destapada en la Operación Taula, según fuentes del ministerio público. Los investigadores mantienen que el PP regional actuó en su conjunto como una “organización criminal” extendida por las tres provincias valencianas, y habría generado hasta cinco cajas b. Otros casos de corrupción, como la rama valenciana de Gürtel o el caso Fórmula 1, serían episodios concretos de la actividad de la organización. Los indicios apuntan a exdirigentes como Francisco Camps, que ayer negó cualquier participación en una rueda de prensa ofrecida en un hotel de Valencia.
Fuentes de la dirección nacional del PP señalaron, en línea con lo manifestado por su portavoz Pablo Casado, que si alguien ha cometido irregularidades tendrá que pagar por ello, si bien recordaron que en el pasado otras investigaciones terminaron en nada. Las fuentes evitaron pronunciarse sobre la Operación Taula al estar en marcha una investigación judicial.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinados por el juez Víctor Gómez, detuvieron el 26 de enero a 24 personas en la Operación Taula. Los arrestados vinculados al PP fueron aquellos presuntos miembros de la “organización criminal” contra quienes más pruebas se habían acumulado en el año y medio que llevaban en marcha las pesquisas. Todos ellos, como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, cercanos a Marcos Benavent, el ex alto cargo del PP que grabó durante años el funcionamiento de la supuesta trama y cuyas cintas entregó Esquerra Unida al ministerio público. Pero la extensión de los supuestos hechos delictivos —que incluyen el cobro de mordidas, las más habituales del 3%, en centenares de contratos y el desvío “sistemático” de una parte de su importe al partido— es mucho mayor, según fuentes del caso.
En el sumario existen indicios, como conversaciones grabadas y testimonios, de que Francisco Camps y otros miembros de la cúpula regional de la formación participaron en los hechos, según fuentes de la investigación. Y declaraciones de testigos que apuntan a que el PP nacional no solo estuvo al tanto sino que también pudo beneficiarse de la financiación irregular de la formación en la Comunidad Valenciana, que habría manejado hasta cinco cajas b. Estos indicios forman parte de la fase de la investigación que se está desarrollando ahora.
Más de 15 causas de presunta corrupción afectan actualmente al PP de la Comunidad Valenciana. La tesis de los investigadores es que buena parte de estos procedimientos no son autónomos, sino que forman parte de la actividad de una única “organización criminal” que equiparan con el propio PP.
La actividad de la trama Taula se investiga desde el año 2003 hasta 2015. Grandes causas de corrupción, como la rama valenciana del caso Gürtel —en una de cuyas piezas separadas Camps fue absuelto por un jurado— o el caso Fórmula 1 —en el que está imputado el expresidente—, serían, según las fuentes, reflejos concretos de la actividad de la trama.
El PP gobernó el Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015. La Generalitat y la Diputación de Valencia, entre 1995 y 2015. Y las principales instituciones de la Comunidad Valenciana en las tres provincias de la autonomía durante dos décadas.
Tampoco serían ajenos al funcionamiento de la organización las presuntas redes detectadas en las provincias de Castellón y de Alicante. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, cumple condena de cárcel por cuatro delitos fiscales. Aunque la causa en la que fue investigado no descubrió el origen de su enriquecimiento, que no se compadecía con sus ingresos declarados.
El expresidente de la Diputación de Alicante, del PP de esta provincia y exvicepresidente de la Generalitat, José Joaquín Ripoll, se encuentra procesado en el caso Brugal. Como también lo están dos exalcaldes de Alicante: Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
Los investigadores indagan también las vías de blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por la organización para limpiar la procedencia de los fondos que se habrían obtenido durante años del cobro de comisiones. Y que habrían generado cajas b en las tres provincias valencianas. Y, al menos en la de Valencia, por partida triple, al existir supuestamente una en el Ayuntamiento de Valencia, otra en la dirección provincial y otra de la dirección regional de la formación.