Cargando...Si uno de los objetivos estratégicos de la última reforma laboral era facilitar a las empresas que puedan descolgarse de los convenios colectivos: pleno al 15. El Gobierno ha acertado todos los números de la quiniela. La inaplicación de convenios colectivos era hasta hace un año residual en las relaciones laborales, pero ahora se ha disparado hasta convertirse en un instrumento importante a la hora de salvar la situación económica de una empresa.
Las cifras oficiales muestran que en los dos primeros meses de este año el número de empresas que ha decidido no aplicar a sus trabajadores el incremento salarial pactado previamente en un convenio colectivo de ámbito superior representa más de la mitad que en todo el año pasado.
O dicho en términos más precisos: si en 2012 fueron 748 sociedades las que no aplicaron el convenio por razones económicas -lo que afectó a 29.352 trabajadores-, en enero y febrero de este año ya son 430 empresas las que se han acogido a esta posibilidad. En total, 19.340 trabajadores que no podrán beneficiarse de una mejora de sus relaciones laborales debido a la situación patrimonial de sus empresas, pese a que así lo marca el convenio de ámbito superior.
La posibilidad del descuelgue ya existía con la anterior legislación laboral, pero el procedimiento era tan prolijo y complicado que en la práctica su utilización siempre ha sido muy escasa. La nueva ley facilita que una vez culminado un proceso de consultas con los representantes de los trabajadores, las empresas no apliquen el régimen salarial pactado, pero siempre que su “situación y perspectivas económicas pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma”. Si se dan estas condiciones, una empresa puede acogerse a la cláusula de descuelgue.
Lo que pretendía la reforma laboral, según su declaración de principios, era favorecer “la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de la producción”. Pero lo cierto es que esta posibilidad está afectando sobre todo a las empresas de mayor tamaño. De hecho, casi el 10% de las compañías que se han acogido al descuelgue tienen una plantilla superior a 250 trabajadores, cuando su peso en el conjunto de empresas que tienen algún trabajador y por el que cotizan a la Seguridad Social es de apenas el 0,3%. De los casi 20.000 trabajadores afectados por el descuelgue, casi la mitad tienen su empleo en empresas con más de 250 trabajadores.
Los costes laborales se desploman
La generalización de los descuelgues salariales es una de las causas que explican el desplome de las nóminas. También, como es lógico, la destrucción de empleo, que ha provocado un retroceso históricos de los salarios. Los datos más recientes muestran, en concreto, que los costes laborales unitarios (CLUs) del conjunto de la economía española siguieron retrocediendo en el último trimestre del pasado ejercicio y anotaron una caída interanual del 5,8% frente a un retroceso menos acusado del trimestre anterior (2,9%). Esta tasa contrasta con lo que ocurría, por ejemplo, en 2008, al principio de la crisis. Ese año, los costes laborales crecían nada menos que un 5,7%.
En el conjunto del año 2012, por el contrario, los CLUs mostraron una caída media del 3,4%, frente al -1,4% del conjunto de 2011, lo que da idea del ajuste. El Ministerio de Economía lo achaca tanto a la recuperación de la productividad como a la moderación de los costes laborales, principalmente los salarios. Hay que tener en cuenta que, según el registro de convenios colectivos, las nóminas están subiendo actualmente apenas el 0,6% respecto del año anterior, lo que supone casi cinco veces menos que el IPC.
La conclusión que saca el Gobierno es que esta evolución de los costes laborales unitarios (relación entre productividad y salarios) “comporta una ganancia de competitividad vía costes y una reconstitución de la rentabilidad de la inversión, condiciones necesarias para crear las bases que permitan iniciar la creación de empleo”.