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23-6-2017
España está decidida a evitar un referéndum catalán de independencia, pese a que su actitud dura hacia los líderes catalanes probablemente solo ha incrementado el entusiasmo hacia una medida con apoyo cuestionable.
Una nueva ronda en un largo juego de gallos comenzó a principios de mes, después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunciara un referéndum de independencia el 1 de octubre. El ministro español de Cultura, Deportes y Educación, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó “es lo que no ocurrirá el 1 de octubre – un referéndum ilegal que va en contra de la Constitución”.
Después de que el gobierno de Cataluña realizara un voto de independencia no vinculante en 2014, España acusó al líder de la región autónoma, Artur Mas, de los crímenes de desobediencia y violación de confianza. En marzo, un tribunal multó al Sr. Mas el equivalente a 39.000 dólares y le prohibió ocupar cargos públicos durante dos años. El juicio sólo logró galvanizar a los separatistas catalanes, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en septiembre para exigir que sus políticos avanzaran en la independencia.
Pero mientras que la independencia fue aprobada en la boleta electoral de 2014, menos de la mitad del electorado lo apoyó, y muchos catalanes ven claras ventajas de seguir siendo parte de España, como la pertenencia a la Unión Europea.
España podría suprimir los impulsos secesionistas con más éxito poniendo su propia casa en orden. El fracaso político y dos elecciones no concluyentes dejaron España sin un gobierno nacional durante 10 meses el año pasado, y mientras el gobierno, que se recuperó de un escándalo de corrupción, sobrevivió un voto de censura la semana pasada, el esfuerzo mostró que las divisiones políticas continúan invadiendo España.
Un gobierno central más capaz podría salir del fervor de la independencia dando a la región un mejor retorno económico. Cataluña aporta cerca de una quinta parte del producto interno bruto de España, pero la región sólo recibe el 9,5 por ciento del presupuesto nacional de España. La negociación de buena fe con los líderes catalanes para encontrar una solución política, en lugar de confiar en la interpretación restrictiva de la Constitución por parte del poder judicial para castigar los esfuerzos catalanes por una mayor autonomía, también ayudaría.
El mejor resultado para España sería permitir el referéndum, y para los votantes catalanes rechazar la independencia – como lo han hecho los votantes en Quebec y Escocia. De lo contrario, la intransigencia de Madrid sólo inflamará las frustraciones catalanas.