El corazón económico del caso Palau

La sentencia del caso Palau arrincona a Convergencia. La Audiencia de Barcelona condena a Convergència a pagar 6,6 milllones de euros e impuesto una pena de 9 años y 8 meses de prisión a Fèlix Millet y 7 años y medio a Jordi Montull.

La sentencia que exculpa a los directivos de Ferrovial no persigue ni condena a la trama tejida en torno al caso Palau para expoliar el dinero público.

Con el sentimiento de impunidad de quien se sabe miembro de la comunidad de propietarios, a Félix Millet le gustaba recordar que «en Barcelona hay 400 familias que se encuentran siempre en los lugares que cuentan de verdad».

Un reducido clan endogámico que coincide en el consejo asesor de La Caixa y en la tribuna del Barça, en la junta del G-16 y en los cí­rculos del Liceo y del Ecuestre, en una veintena de consejos de administración… y en el patronato del Palau de la Música.

Esas «400 familias» son el corazón de la trama de corrupción que encontró en el Palau terreno fértil para desarrollarse. Millet es “uno de los nuestros”, pertenece por “derecho de sangre” a los nódulos de la burguesía catalana. Hijo y nieto de presidentes del Palau, heredó un imperio donde se encontraban participaciones en el Banco Popular o en la Agrupació Mutua.

Pero en el seno de las clases también existe una “división del trabajo”, y Millet parece haberse especializado en los negocios turbios.

En 1983, Millet ya fue acusado de estafa por su gestión en Renta Catalana, una sociedad de inversiones filial de Banca Catalana, y estuvo en prisión preventiva durante varias semanas. Con semejantes credenciales, Jordi Pujol y Pasqual Maragall (compañeros de pupitre de Millet en la exclusiva escuela Virtèlia) lo rescataron para presidir el consorcio público del Palau de la Música. Y toda una trama corrupta “oficial” se levantó para mayor gloria de esas 400 familias. El Palau de la Música tenía tres patas. La primera la constituía el consorcio con las administraciones públicas, donde iba a parar el dinero público. En el mismo nivel estaba la fundación, donde cada una de las “400 familias” figuraba como patrón, pero que recibía también multitud de pequeñas aportaciones privadas gracias al prestigio social de la institución. El dinero de ambas entidades confluía en la Asociació Orfeó Català, que no estaba sometida a control alguno y que repartía el dinero en comisiones y mordidas. En la trama cada cual ocupaba su papel: las grandes familias de la burguesía catalana aportaban dinero y recibían jugosas adjudicaciones, la Generalitat y el Ayuntamiento lo permitían, y las fundaciones de sus partidos eran financiadas ilegalmente. Y el presupuesto público -y las pequeñas aportaciones privadas de la gente- engrasaban la maquinaria. Y ahora quieren que nos conformemos con la condena de Millet y Montull.

Los principales acusados del caso Palau a cambio de un pacto con la fiscalía, entregaron pruebas sobre la financiación ilegal del partido de Pujol y Mas, la defensa de CDC y de Daniel Osàcar (ex gerente del partido) renunciaron durante el juicio a más de treinta de los testigos propuestos, todos ex altos cargos y ex consejeros de la Generalitat, vinculados a los organismos que adjudican los contratos y obras públicas investigadas. El testimonio de esos testigos, acorralados con las pruebas sobre la mesa, podía resultar demoledor para los intereses de CDC y su extesorero, y peligroso para ellos.

Este no es un caso particular. Detrás de cada grupo de individuos corruptos hay siempre una trama que los sustenta. No hay individuos corruptos, sino auténticas tramas de delincuencia organizada cuyo único fin es saquear los fondos públicos, estableciendo un “pacto de sangre” en el delito entre las élites económicas y políticas… que acabamos pagando todos con nuestro dinero.