El coche eléctrico ha pasado de ser una especie de fracaso tecnológico por la imposibilidad de fabricar baterías ligeras, duraderas, seguras y fáciles de recargar, a ser la apuesta de futuro de los gobiernos europeos para sus parques móviles. Hace dos años, los monopolios alemanes, que ya tenían la reputación de ir a la zaga en el desarrollo de baterías litio-iones, un 30% menos voluminosas que las japonesas y con capacidad de rodar tres veces más tiempo por el mismo peso que los modelos franceses, dieron un paso de gigante. Li-Tec, una pequeña empresa de un consorcio del que forman parte Volkswagen y el fabricante de equipos automovilísticos Bosch, inventó una membrana de cerámica flexible que permitiva conjurar el peligro de explosión de las baterías que ocurría con el recalentamiento. Un paso decisivo para pasar del motor híbrido al motor solamente eléctrico.
Detrás del desarrollo e imlantación del coche eléctrico están los intereses de las grandes potencias que lideran la producción automovilísitica. A la vez que disminuyen su dependencia energética dan un salto en abrir un nuevo mercado que contribuirá en no muchos años a paliar los efectos de la crisis. Fabricantes de coches y de equipos alemanes y franceses aliados a los nipones lideran este campo en Europa. Pero España no varía con el coche eléctrico su situación de dependencia con respecto a la producción de automóviles, únicamente se propone aprovechar la energía eólica nacional nocturna (producida en horas valle) para recargar las baterías de unos automóviles producidos en las mismas plantas que ahora están en crisis por los planes de reestructuración decididos en París (Renaul, Peugeot), Berlín (Volkswagen, SEAT, Opel) o Washington (Ford). Quien decide donde y cuanto se fabrica siguen siendo los mismos. Ganamos en independencia energética reduciendo la cantidad de petróleo necesaria para mover el parque automovilístico y de transporte por carretera, ganamos en medio ambiente disminuyendo la polución en nuestros grandes centros urbanos, pero no parece que el plan Movele del gobierno tenga como norte la producción nacional, aunque fuera en forma de empresas mixtas, del automóvil eléctrico, sino el ofrecimiento de ayudas a las plantas como la de Renault en Valladolid a cambio de que fabriquen ellos el modelo, algo siempre dependiente de las decisiones que se tomen en París. Incluso el fabricante Indio Tata ha visto la gran oportunidad de fabricar su modelo eléctrico en España (Cataluña o Andalucía), frente a otros países como Noruega, atendiendo a las ayudas que se le ofrezcan. Pactos de inversión conjunta sería una alternativa mucho más acorde con los intereses del país, necesitado de alternativas de producción de riqueza y empleo para salir de la crisis. Necesitado, en definitiva, de romper con nuestro papel “subsidiario” de los intereses y proyectos de los principales monopolios del automóvil. Además, un modelo de producción autónomo permitiría eliminar de los conflictos laborales con los principales fabricantes el manido chantaje por el que eigen mayor flexibilidad, rebaja de sueldos, despidos y toda clase de sacrificios para poder optar a la adjudicación de nuevos modelos como tabla de salvación de las plantas de montaje en una situación de bajada de ventas. Invertir en tecnología permitiría abaratar el coste de los automóviles para que en un período de tiempo fueran competitivos en mercados pujantes, como los asiáticos, al tiempo que se podría exportar en relaciones de beneficio mutuo la capacidad en producción de energías renovables de las que España es puntera.