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Miles de agricultores y ganaderos franceses han estallado de ira, protagonizando cientos de cortes de autopista y carreteras, levantando barricadas y colocando sus camiones y tractores como barreras, en una ola de protestas que recuerda a la de los chalecos amarillos de 2018.
Más allá de los excesos e injusticias de algunos de los integrantes de estas protestas -que a menudo vuelcan las cargas de los camiones españoles, cuyos productos agrícolas culpan de «competencia desleal- lo que estos sectores están expresando es el profundo malestar de las clases medias y trabajadoras de un campo francés al que se le impone la dictadura de los monopolios al tiempo que se le hacen pagar los costes de la «transición ecológica»
Están expresando el legítimo y justificado malestar de las clases populares del campo francés contra un gobierno -el de Macron- que defiende los intereses de la burguesía monopolista gala y su poderosa industria agroalimentaria, que impone una cada vez mayor ruina a los pequeños productores agrícolas, y a los que se les carga con todo tipo de impuestos y tasas abusivas sobre los vehículos diesel o se les lastra todo tipo de normas -nacionales o europeas- en nombre de la defensa del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático, mientras se otorga impunidad a las grandes corporaciones para contaminar.
Sin embargo, esta vez parece que el gobierno de Macron ha tomado nota rápidamente y ha aceptado varias reivindicaciones del sector. A menos de seis meses de las elecciones europeas, en las que la ultraderecha de Marine Le Pen es favorita, el Eliseo quiere evitar a toda costa que la revuelta de los agricultores tenga el alcance de los Chalecos Amarillos, un estallido que puso a Macron contra las cuerdas y que la ultra trató de capitalizar.