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El Banco de España trata con diferente criterio el pago de la deuda que el de las pensiones. Blindar las Pensiones Públicas pasa por asegurar que su gestión solo pueda beneficiar a los pensionistas, como se hace con los acreedores.
Revisar a la baja las pensiones, retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, promover los fondos privados de pensiones y la exclusión de las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo. Pablo Hernández de Cos, director general de Economía y Estadística de Banco de España, ha expuesto ante el Colegio de Economistas de Albacete, los ejes principales de la alternativa del Banco de España para el Sistema Público de Pensiones. Alto y claro.
Un sistema de criterios totalmente contrarios a los que aplica la misma institución con el pago de la deuda. Veamos.
El Banco de España considera que hay que resolver un problema, estamos por encima de la media internacional en la calidad de la pensión, y eso, al parecer, no puede ser. La tasa de sustitución actual, esto es, la relación que existe entre el último sueldo y la primera pensión, “es elevada en comparación internacional”. Y considerando que el Banco de España afirma que no hay dinero suficiente para financiar las pensiones, “hay que tomar una decisión”. O se buscan “otras fuentes de financiación distintas a las actuales”, o se opta “por una reducción de las tasas de sustitución”, es decir, se rebajan las pensiones.
Anteriormente, el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ya había defendido que hay que retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Hernandez de Cos lo hizo también en Albacete, al proponer que el Estado mantenga informados a los trabajadores de cuál es la pensión a la que tiene derecho en cada momento de su vida profesional. El mismo director general reconoce que éste es un mecanismo que “fomenta trabajar más allá de la edad de jubilación para tener así una mayor pensión”. Un mecanismo perverso que se asienta, primero, en degradar las pensiones, para luego informarte de que con lo que te queda no llegarás a un mínimo digno, por lo que mejor que vayas ahorrando a través de algún plan privado.
Una abierta y clara promoción de los fondos privados de pensiones. El gobernador del Banco de España defendió, en este sentido, en la Comisión del Pacto de Toledo que “se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del sistema contributivo público con la acumulación de activos financieros con los que suplementar las futuras pensiones públicas”. En definitiva, que los trabajadores contraten planes de pensiones privados, o «público-privados», con los que completar su pensión.
El cuadro alternativo que defiende el Banco de España al Sistema Público de Pensiones, se cierra con la exclusión de las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo, lo que inevitablemente colocará a este sector en una situación de absoluta indefensión, con cuantías marginales o propias de un sistema de asistencia por caridad.
Ante esto, aparecen dos referencias totalmente distintas. Una, la de una gran parte de los expertos, economistas y técnicos de Hacienda, por no hablar de los sindicatos, que desmienten que no haya dinero. Hay mucho y el problema es a qué se dedica.
Y otra, la alternativa que propone la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), blindar las pensiones en la Constitución para que se prohíba de forma explícita la privatización total o parcial y la degradación de su poder adquisitivo.
Ya son 43 ayuntamientos los que se han manifestado a favor de esta medida – entre ellos 4 capitales autonómicas: Santiago, Pamplona, Oviedo y Zaragoza -, además del Parlamento de Navarra. Las mociones que llaman al gobierno a tomar esta medida se han presentado ya en 80 municipios y acaban de iniciar su andadura por los parlamentos autonómicos. Un buen ejemplo es el compromiso de apoyo adoptado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Más de 750 mil firmas respaldan esta alternativa, además de 180 organizaciones y 100 personalidades.
Cuando se aprobó el artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda, el Banco de España no se apresuró para advertir de que debían asegurarse las formas de financiación, no fuera que no tuviésemos dinero suficiente para cumplir con nuestras obligaciones para con los acreedores. ¿Por qué ha de ser diferente con los pensionistas? Sin duda, una razón que une a todos los demócratas de nuestro país y que puede significar un avance democrático, blindar las pensiones en la Constitución.