Francia blinda en su Constitución el derecho al aborto y se convierte en el primer país del mundo en incluir en su Carta Magna la “libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Miles de mujeres lo celebraron en la Torre Eiffel donde podía leerse: “mon corps, mon choix” (mi cuerpo, mi decisión).
Es un triunfo y la culminación de un proceso de lucha de más de 50 años del movimiento feminista francés.
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En 1971 la filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir, publicaba un manifiesto firmado por 343 mujeres que afirmaban haber tenido un aborto y que se exponían a ser sometidas a procedimientos penales. El aborto estaba considerado como un homicidio. Y comenzaba así:
«Un millón de mujeres abortan cada año en Francia.
Se sume en el silencio a estos millones de mujeres.
Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado”.
Poco después de la publicación del manifiesto, Simone de Beauvoir y Gisèle Halimi, abogada feminista y activista, fundaron ese mismo año “Choisir: la cause des femmes” (“La causa de las mujeres”) un movimiento de lucha para la despenalización del aborto en Francia.
Un año después, en 1972, “La causa de las mujeres” daría un salto cualitativo apoyando a Marie-Claire, una joven de 16 años acusada de haber abortado. Choisir generó una importante movilización popular que influyó en el proceso judicial y favoreció la toma de conciencia de la opinión pública sobre las condiciones de las mujeres que deseaban interrumpir un embarazo no deseado. Desde entonces el movimiento de las mujeres y sectores progresistas de la sociedad francesa fue imparable.
Y cuatro años después, en 1975, se promulgó la llamada «Ley Veil», promovida por la entonces ministra de Sanidad Simone Veil, superviviente del holocausto y combatiente por los derechos de las mujeres. La ley autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el derecho al aborto no estaba reconocido como un derecho constitucional y, por lo tanto, no estaba garantizado como tal.
El mismo día en que se legalizó, Simone Veil tuvo que defender la ley desde la tribuna del Parlamento entre insultos. Y aún tendría que pasar casi medio siglo, enfrentando todo tipo de dificultades y concienciación de la sociedad francesa, antes de su constitucionalización.
50 años y 18 meses
Francia es el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en su Constitución pero han sido necesarios 50 años de lucha y 18 meses de debates parlamentarios para lograr un mayoritario respaldo popular y un amplio consenso político.
La idea de convertir el derecho al aborto en un derecho constitucional empezó a tomar fuerza a partir de junio de 2022, al ver cómo en EEUU algunos estados lo ilegalizaban. Ha sido un proceso parlamentario de año y medio hasta llegar a este 8 de marzo de 2024 en que ha entrado en vigor la ley que consagra el derecho al aborto como un derecho constitucional.
El blindaje constitucional del derecho al aborto se ha realizado en un congreso extraordinario de diputados y senadores. Un congreso de las dos cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, que se reúne en el Palacio de Versalles solo cuando hay que realizar cambios en la carta Magna. La última hace 16 años.
Una reforma constitucional apoyada en en mayoritario respaldo popular y un amplio consenso político
En el debate parlamentario quedó claro que sin el blindaje constitucional cualquier gobierno podría cambiar la legislación para limitar o recortar el aborto. Porque como dijeron varios parlamentarios citando a Simone de Beauvoir: “Basta un minuto para que todo lo que hemos conseguido se pierda (…)”.
La propuesta salió adelante en una emotiva sesión de tres horas con 780 votos a favor y solo 72 en contra, un resultado muy por encima de los 512 votos necesarios (las tres quintas partes de los parlamentarios). Una reforma constitucional que ponía de manifiesto el mayoritario respaldo popular y el consenso político, con apoyo de casi todos los partidos, incluido el de Marine Le Pen.
Francia ha blindado el derecho al aborto elevándolo a un rango constitucional en una sesión llena de referencias “a todas esas mujeres anónimas que han luchado, sufrido o muerto por defender sus libertades”.
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Blindar las pensiones en la constitución, ¡Sí se puede!
Si ellos pudieron, nosotros también
El Congreso aprobó en enero la reforma del articulo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. La francesa y la española son dos reformas sociales de la Constitución y son dos precedentes para la lucha del movimiento por el blindaje constitucional de las pensiones en nuestro país.
La MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones) desarrolla desde hace ya más de 10 años la lucha por el blindaje constitucional de las pensiones. Es una causa que se abre paso como una exigencia mayoritaria en la sociedad.
La MERP ha recogido ya casi 3 millones de firmas. Integran la MERP 500 organizaciones, se han publicado cinco manifiestos en El País y El Mundo, con el apoyo de cientos de personalidades, organizaciones y miles de firmas ciudadanas.
Ha organizado ya el primer debate en el el Congreso con los miembros del Pacto de Toledo y prepara un nuevo debate tras reunirse con la nueva presidenta del Pacto de Toledo, Mercé Perea.
Más de 60 ayuntamientos; parlamentos como el de Navarra o el Cabildo de Gran Canaria han apoyado ya la moción por el blindaje constitucional de las pensiones presentada por la MERP.
Y ha tenido reconocimientos como la Medalla de Oro de Madrid o el Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales de la Generalitat Valenciana…
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| La próxima reforma social de la Constitución. Las pensiones no están recogidas en la Constitución como un derecho fundamental. Ni la subida con el IPC, ni la reforma aprobada por el gobierno y negociada con Bruselas blindan las pensiones. La única garantía es blindarlas como un derecho fundamental: Una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, pasando a ser consideradas un derecho fundamental. |