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Después de permanecer ‘dormida’ durante años, la investigación del ‘caso del 3%’ ha dado un salto cualitativo con la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca y del director general de la mayor empresa pública licitadora de Cataluña, Josep Antoni Rosell i Polo. La Operación Petrum contra la financiación ilegal de CDC vuelve a situar el filo del escándalo del 3% contra el pecho de la burguesía burocrática catalana. Ya no es una investigación local o de casos aislados. La Petrum golpea al corazón financiero de la burguesía burocrática catalana, y pone bajo sospecha a todo su entramado territorial. Las constructoras que están bajo los focos de la Fiscalía son algunas de las más importantes del sector de la construcción el Cataluña, y algunas de ellas tienen importantes vínculos -cuando no son filiales- con el IBEX35. En el centro de la trama, el clan del antaño ‘molt honorable’ Jordi Pujol y el entorno del presidente Artur Mas.
Una trama conocida desde hace diez años.
La existencia de una tupida trama de corrupción institucional, por el que altos cargos y funcionarios de la Generalitat y de los ayuntamientos ligados a CiU -y eventualmente a ERC o al PSC- cobraban comisiones del 3% a cambio de la concesión ilegal de millonarios contratos de obra pública o de gestión de servicios a grandes empresas, era conocida desde hacía una década. En 2005, en un acalorado debate en el Parlament después del hundimiento de un túnel en el barrio del Carmel en Barcelona, y en medio de la negociación del Estatut, a Pascual Maragall se le escapó un trozo de verdad. “Ustedes tienen un problema, y se llama 3%”, dijo el socialista. “No siga usted por ahí o nos podemos hacer todos mucho daño”, vino a decir Artur Mas. “O retira eso o mandamos el Estatut a hacer puñetas”.
Así que Maragall, la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Zapatero se la enfundaron. Quizá fuera por el Estatut, o porque todos tenían que perder tirando del hilo. El tiempo ha demostrado que, en materia de corrupción, tanto PP, PSOE como CiU tienen toneladas de dinero sucio escondido en cajas B.
Pero el 3% había asomado la cabeza, flotando en el aire como una sospecha a gritos. Algo olía a podrido en el Palau de Sant Jordi, y el cuento del ‘oasis catalán’ y de que la ‘corrupción era cosa de España’ ya no colaba. Luego fueron viniendo los casos de corrupción ‘made in Catalonia’ para confirmarlo. El caso ‘Palau de la Música’, donde trincaron a su presidente, Félix Millet -muy próximo a CiU-; el ‘caso Pretoria’, donde cayeron varios cargos de confianza de Jordi Pujol y un alcalde del PSC por corrupción urbanistica; o el ‘caso Pallerols’, donde se desviaron 400.000 euros de un fondo de parados para financiar a Unió.
La corrupción en Cataluña paso ya no eran rumores malintencionados de Madrid, sino una espesa y tupida realidad. El oasis catalán se esfumó, era sólo un espejismo, un timo, una estafa: la clase política catalana roba tanto como la madrileña, la valenciana o la andaluza, aunque quizá de forma más sigilosa.
Ahora, tras años de relativa lentitud o inactividad en la investigación la Operación Petrum ha vuelto a poner el escándalo del 3% de plena actualidad. No existen las coincidencias en política. La ofensiva soberanista de Artur Mas y del sector más independentista de la burguesía burocrática catalana ha decidido a los aparatos judiciales a reabrir este frente, que puede ser clave para hundir al líder convergente. «La Operación Petrum -lo mismo que la Gürtel para el PP- golpea al corazón financiero de la burguesía burocrática catalana.»
La ‘Petrum’ golpea al corazón financiero de la burguesía burocrática catalana…
En julio tuvo lugar la detención del director de la constructora Teyco, en cuya contabilidad se habían encontrado partidas del 3% de varias adjudicaciones hechas por ayuntamientos convergentes. En agosto se registraron las sedes de CDC y de las dos fundaciones instrumentales del partido: CatDem y Barcelona Fòrum. Semanas después, la operación ha culminado con la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca y del director general de la mayor empresa pública licitadora de Cataluña, Josep Antoni Rosell i Polo. Ambos son hombres de confianza de Artur Mas, que llegó a calificar de ‘modélico’ el comportamiento de la empresa que controla la obra pública
La implicación del tesorero de CDC y la constatación de que el pago de comisiones ilegales es una práctica extendida por toda Cataluña, desde las concesiones de la Generalitat a las de los ayuntamientos, resitúa en toda su dimensión el escándalo del 3%. Ya no es una investigación local o de casos aislados. La Petrum -lo mismo que la Gürtel o la Púnica para el PP- golpea al corazón financiero de la burguesía burocrática catalana, y pone bajo sospecha a todo su entramado territorial. Las constructoras que están bajo los focos de la Fiscalía son algunas de las más importantes del sector de la construcción el Cataluña
En el centro de la trama del 3%, no lo olvidemos, está la familia Pujol-Ferrusola, con el ‘molt honorable’ como patriarca de prestigio indiscutible, arropado de la senyera y del “España ens roba”, preside una trama de comisiones ilegales a través de la cual la burguesía burocrática catalana se asegura la adjudicación de lucrativos contratos públicos -base de su subsistencia- y al mismo tiempo financia el aparato político-administrativo nacionalista que ha asegurado su mantenimento durante décadas. Todo ello al mismo tiempo que ha enriquecido obscenamente a su clan familiar y a su entorno, robando miles de millones a los catalanes y a todos los españoles. Una red mafiosa amparada desde el poder de la Generalitat y multitud de ayuntamientos de toda Cataluña, ante la ‘omertá’ de las altas esferas políticas catalana y de los medios de comunicación afines.
Todos los vástagos del clan Pujol-Ferrusola medraron a la sombra del patriarca hasta acumular una escandalosa fortuna beneficiándose de una trama corrupta de comisiones, aprovechándose de su hilo directo con el poder político. Al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, le correspondió el honor de cobrar las “mordidas” del 3% a los empresarios a cambio de adjudicaciones.
Oriol Pujol, que iba a ser el delfín de Mas, y el representante de la línea más soberanista dentro de Convergencia, vio truncada su carrera política tras ser imputado en el ‘caso ITV’. El secretario general de CDC utilizó su peso político para que unos empresarios lograran, de forma ilícita, la adjudicación de estaciones de ITV a cambio de sustanciosas comisiones. Josep Pujol se embolsó 9 millones de euros al vender su consultoría al gigante Indra, poco antes de que esta empresa obtuviera contratos por valor de 60 millones de la Generalitat. «En el centro de la trama del 3%, no lo olvidemos, está la familia Pujol-Ferrusola, con el ‘molt honorable’ como patriarca, arropado de la senyera y del “España ens roba”.»
El menor del clan, Oleguer Pujol, también es un alumno aplicado en el negocio del clan. A través de una compleja trama financiera desviaba la fortuna familiar, obtenida ilícitamente, hacia paraísos fiscales. Y luego utilizó ese dinero en multimillonarias operaciones inmobiliarias, beneficiando de paso en sus actividades delictivas a grandes fondos de inversión nortamericanos o a bancos tan ‘legales’ como el Santander o La Caixa.
Como el órdago soberanista seguía en su ofensiva, los poderes del Estado fueron a por el patriarca, sacando a la luz que el ‘molt honorable’ Jordi Pujol tenía 500 millones de euros en una cuenta suiza, aunque luego se ha sabido que la suma asciende a 3000 millones. El círculo se va cerrando entorno a los Pujol y a su heredero político, Artur Mas.
… pero nadie va a por los corruptores.
Es posible que la investigación de la trama del 3% acabe con Artur Mas en la cárcel, o que se lleve por delante a Convergéncia. Pero ¿que hay de las grandes empresas que han pagado las “mordidas” beneficiándose de multimillonarias concesiones fraudulentas o de pactados sobrecostes en obras o servicios públicos?. ierto que entre los grandes benefactores ilegales de los convergentes hay importantes constructoras catalanas como Copisa, Teyco o el grupo Soler, pero también hay empresas del IBEX35 como ACS, FCC o Indra… o grupos como Agbar (Aguas de Barcelona) de capital francés.
Estas grandes empresas, estos gigantescos monopolios, son los verdaderos benefiarios de esta estafa institucional, de esta trama mafiosa que ha larvado durante 40 años las arcas públicas catalanas. Si consideramos sólo las empresas investigadas por la Operación Petrum, se han beneficiado con más de 215 millones de euros sólo en 5 años… ¿qué no habrá robado el conjunto de la trama en 4 décadas? ¿Es que no va a sentarse ningún oligarca en el banquillo de los acusados por el escándalo del 3%?