Aunque intente disfrazarlo como sea, el Gobierno de Zapatero, un gobierno que se autodenomina socialista, ha decidido convertir a TVE, la televisión pública nacional, en una televisión marginal, al estilo de la PBS, la televisión pública estadounidense. Con un doble objetivo, satisfacer, por un lado, las perentorias necesidades financieras y los inconfesables intereses económicos de dos monopolios privados, resultantes de las fusiones de Antena3 y la Sexta, y de Telecinco y la Cuatro; y, por el otro lado, dar un paso decisivo en la monopolización total y del control absoluto de la información política, de la comunicación social y de la oferta artística y cultural en España para que se mantenga al servicio de la banca, de las grandes empresas de telecomunicaciones y de energía, y de su instrumento político, la partitocracia.
Todo ello, desués de sólo tres años de haber sacado una ley (la de 5 de junio de 2006) que, por primera vez, permitía a TVE un alto grado de independencia respecto del Gobierno y que seguía los criterios del dictamen de un ‘comité de sabios’ como Fernando Savater, Victoria Camps, Emilio Lledó, etc., y por una ley “urgente” aprobada en pleno verano del año pasado, mediante un fraude político, disfrazado de progresista, se priva a la población española de una cadena pública de calidad, fuerte y competitiva que potencie una programación digna, con información y contenido cultural, nacional y común en toda España. Eso sí, las televisiones “públicas” autonómicas seguirán al servicio de las respectivas castas burocráticas regionales en Galicia, la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia, etc.; seguirán derrochando el dinero público para mantenerse en el poder y debilitar a España. Y, de nuevo, intentarán vendernos como “progresista” una ley que acude al endeudamiento público para garantizar los beneficios de los dos grandes monopolios de la televisión, Planeta-Imagina y Prisa-Mediaset (ésta además de propiedad extranjera, de Berlusconi). Una ley aprobada no sólo por el PP sino por los partidos de “izquierdas” y los nacionalistas (PSOE, IU, CIU y ERC), toda la partitocracia junta y dispuesta a “socializar las pérdidas” y a terminar con cualquier posible modelo de televisión pública independiente.