Elena Salgado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, ha declarado, toda orgullosa, que Telefónica e Iberdrola no estarán obligadas a devolver, de ninguna manera, las deducciones fiscales que consiguieron para poder comprar, respectivamente, la operadora de telefonía británica O2 y la empresa energética Scottish Power. Telefónica e Iberdrola gozan de una situación de monopolio, compartido con dos o tres empresas más, en sus respectivos sectores, de telecomunicaciones y de energía. Junto a los enormes beneficios que nos sacan a los ciudadanos españoles de a pie, mediante las altas tarifas que mantienen en condiciones monopolistas de mercado, se aprovechan de las ayudas fiscales, nuestro dinero, para financiar su expansión en Europa.
La Comisión euroea encargada de los asuntos relacionados con las prácticas que atentan contra la competencia ha estado investigando si las ayudas públicas concedidas a las compañías españolas que compran empresas extranjeras las han situado de forma ilegal en una posición ventajosa para adquirir dichas sociedades extranjeras. Y aunque no se sabe la cantidad exacta, se calcula por parte de fuentes fidedignas que se eleva a 30.000 millones de euros. Este importe se ha detraído de los ingresos fiscales de nuestra Hacienda. Estos monopolios han dejado de pagar impuestos para expandirse a otros países europeos. Un dinero público para aumentar sus beneficios monopolistas. España no había notificado este régimen de ayudas a la Comisión europea antes de su aplicación. En el que se establece que empresas españolas pueden amortizar el fondo de comercio financiero que resulta de la adquisición de participaciones significativas en empresas extranjeras durante los veinte años siguientes a la adquisición. La amortización del fondo de comercio financiero consiste en la posibilidad de deducir de la base imponible de la empresa adquiriente la diferencia entre el precio de adquisición de las acciones y el valor de mercado de los activos de la empresa adquirida. Pero estamos hablando de las citadas compañías, Telefónica e Iberdrola y también de las ofertas realizadas por las constructoras Sacyr, Abertis y Cintra para obtener la concesión de las autopistas en Francia. Empresas tipo Telefónica que mantiene los precios, medios por minuto en las llamadas de móvil, más altos de la Unión Europa sobre la base de un acuerdo monopolista con Vodafone y Orange. E igual sucede con las tarifas eléctricas. Estas ayudas fiscales para que las empresas monopolistas españolas lleven a cabo su expansión europea unido a los planes públicos de rescate para la banca dejan el erario público, nuestro dinero, esquilmado. Además de extraernos con sus tarifas los enormes beneficios que obtienen, se apoderan también de nuestros impuestos.