El gobierno portugués ha caído. António Costa, Primer Ministro socialista de Portugal, dimitió tras ser investigado por corrupción en la “Operación Influencer” sobre la concesión de negocios en energías renovables. Seis días después de la dimisión, se descubre que la Fiscalía ha confundido el nombre del Primer Ministro al transcribir las escuchas telefónicas. El juez instructor declara que no hay pruebas suficientes. Sin vuelta atrás, Portugal volverá a las urnas de forma anticipada y precipitada por una llamativa secuencia de acontecimientos.
El pasado 7 de noviembre una operación judicial contra la corrupción provocó la caída del Gobierno socialista portugués. La Fiscalía pone en marcha a primera hora del día 40 registros policiales, incluida la residencia del primer ministro. António Costa dimite de forma inmediata después de que la Fiscalía haga público que será investigado por supuesta corrupción. La operación judicial determina que el Tribunal Constitucional esclarezca el papel de Costa en aprobar concesiones para varios proyectos relacionados con la transición ecológica. A mediodía, la renuncia es un hecho. “Obviamente, presenté mi dimisión”, declara António Costa.
Al día siguiente, la foto del Primer Ministro es portada en todos los periódicos. A toda página: dimisión, adiós, fin de ciclo. Dos grandes medios, Jornal de Negócios y Diário de Notícias, aprovechan las declaraciones de Costa para titular: “Obviamente, dimito” y “Obviamente, adiós”. Lo que parecía tan “obvio” se desmorona en apenas 4 días. El juez desinfla el caso, libera a los principales detenidos y declara dañada la investigación por varios errores. Lo único obvio son los hechos consumados. La dimisión tumba al gobierno socialista de mayoría absoluta y Portugal tendrá elecciones anticipadas en marzo. Las últimas encuestas de octubre daban, por primera vez, una ligera ventaja de 2,5 puntos al bloque de la derecha.
¿Todo esto fue un error?
La investigación de la Fiscalía hace aguas antes de acabar la semana, se descubre un grave error al transcribir una de las escuchas de la “Operación Influencer”. Han confundido el nombre del primer ministro con el titular de Economía, António Costa Silva. La petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía para los principales investigados es denegada por el juez instructor. Tras interrogar a los detenidos y conocer las pruebas, considera desproporcionada la prisión preventiva. Tampoco los mantiene como sospechosos: ni de corrupción, ni de prevaricación en la concesión de los proyectos energéticos del hidrógeno verde y la explotación de litio.
El amigo personal del primer ministro António Costa y su antiguo jefe de gabinete fueron puestos en libertad con medidas cautelares leves. El juez sólo ve “indicios de tráfico de influencias”, en contra del criterio y actuación de la Fiscalía. Su resolución sostiene que los hechos descritos por la Fiscalía no demuestran la existencia de corrupción pasiva o activa. Los indicios del delito son insuficientes y todos los detenidos están ya libres. ¿Una dimisión por corrupción, o corrupción para una dimisión?
Dos conclusiones claras
La “Operación Influencer” pasará a la historia por dos motivos innegables. En primer lugar, por forzar la renuncia de un primer ministro en activo por primera vez en medio siglo de democracia en Portugal. Además de hacer añicos la histórica mayoría absoluta del gobierno socialista, elegido hace menos de dos años, y quebrar la estabilidad asociada desde 2015 a António Costa. Su ciclo político ha sido sinónimo, hasta ahora, de seguridad institucional y respeto internacional. Una trayectoria que lo situaba en todas las apuestas para ocupar puestos de relevancia en la Unión Europea.
En segundo lugar, la investigación será un ejemplo histórico de la falta de rigor jurídico a la vista de lo descubierto en los últimos días. La confusión del nombre del primer ministro en la transcripción de una conversación telefónica. La precipitación en la operación sin haber justificado la gravedad de los delitos investigados. La imprudencia al no evaluar la proporcionalidad entre los indicios y el impacto causado, poniendo en duda la presunción de inocencia. Como guinda, convertirlo en un espectáculo público con filtración a la prensa y la rápida salida a la luz de los detalles significativos de la investigación.
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Europa a las puertas
António Costa, referente de la socialdemocracia europea, está apartado de cualquier carrera política mientras no se cierre la “Operación Influencer”. Los tiempos no serán cortos, justo cuando 2024 va a ser un año decisivo en el continente. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y serán decisivas para los socialistas europeos. Más próximo e inminente está el cierre de los acuerdos para la última entrega y condiciones de los Fondos Europeos en cada estado miembro.
Junto con Sánchez en España, Portugal era parte del cada vez más reducido grupo de gobiernos europeos encabezados por socialistas. Con Malta, el país más pequeño de la UE, y las coaliciones de gobierno en Rumanía y Alemania se termina la lista. Con la caída portuguesa, o empujón y caída, el puzle socialista pierde una referencia clave. Costa era el único que gobernaba con mayoría absoluta. Un panorama UE que empeora: pérdidas de gobierno, bajada de popularidad, coaliciones forzosas y la extrema derecha al alza en la mayoría del continente.
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“Don Quijote y Sancho” en la UE
Con la renuncia de Costa, Pedro Sánchez pierde un gran aliado. Juntos consiguieron la excepción ibérica para el mercado eléctrico. Han permanecido unidos en otros asuntos de relevancia, marcando un contrapeso en la UE pese a la dura oposición que Holanda lideró, refiriéndose a ambos como el tándem “Don Quijote y Sancho”.
En las embarradas negociaciones para sacar adelante el fondo de recuperación español, el ministro de Finanzas holandés (W. Hoekstra) solicitó en las peores olas de la pandemia investigar las cuentas españolas por no tener margen presupuestario. Costa tomó partido calificando sus declaraciones de “repugnantes, mezquinas y una amenaza para el proyecto comunitario”. Finalmente se suavizaron las condiciones para España. Ambos líderes defendieron recientemente en el Consejo Europeo, a finales de octubre y en clara minoría, que la resolución final de la UE incluyese la petición a Israel de un “alto el fuego humanitario”.