Primero te la venden, luego te la derriban por ilegal y luego la revenden legalmente. Este es el recorrido inmobiliario más probable para «los ingleses» de Alamnzora, que han optado por manifestarse para evitar la demolición. Las constructoras proponen, la Junta de Andalucía dispone.
El lan, que se anuncio en septiembre, se ha puesto en marcha ya en ocho ayuntamientos de la Comarca de Almanzora (Almería) con el censo del 60% de las cinco mil viviendas construidas fuera de la ordenación urbana. Los afectados, cinco mil británicos, se han movilizado creando la asociación “Abusos Urbanísticos Almanzora-no”. La exigencia principal es la creación de una comisión mixta de técnicos autonómicos y afectados para hacer un seguimiento del plan, canalizar las indemnizaciones a las casa derribadas y que haya la máxima trasparencia. Uno de los portavoces expreso en la movilización que el viernes día 8 protagonizaron varios cientos de vecinos afectados en Almería, la preocupación de muchos por que sus viviendas se vean derribadas. Además expuso la ironía de que se permita un hotel de veintidós plantas en plena playa de Carboneras pero se derriben casas de dos alturas en otros espacios. La cuestión es ¿que hay detrás de todo esto? Es decir, en Almería hay 750.000 residentes británicos. Gente que ha venido, ha comprado su casa y se ha venido aquí a vivir. Es cierto que este tipo de turismo es muy criticado socialmente porque va promoviendo la especulación desmesurada, en un margen muy amplio no hay ninguna integración social con la localidad en que viven e incluso muchas veces crean sus propias redes comerciales con importación de productos de sus países de origen, dejando así una cantidad de riqueza menor en el país. Pero ellos compraron esas casas y han sido los ayuntamientos los que han tolerado en todo momento la construcción de miles de viviendas ilegales. Porque, como expresaba Lenox Napier, las construcciones ilegales casi se ven desde el balcón del ayuntamiento, es decir en poblaciones tan pequeñas se sabe quien, cuando y como construye y se tolera impunemente. Ahora una vez construido, vendido y cobrado viene la regularización. Regularización que inevitablemente va a demoler un porcentaje de casas y obligar a la construcción del mismo numero de viviendas y cuyo coste saldrá en primer lugar del bolsillo del propietario y a toro pasado de las arcas de la Junta. En segundo lugar primero se permite que se construya sin orden ni control destruyendo el medio y luego se legaliza. Pero eso si, otra vez solo al pequeño, al socialmente mas débil, al “guiri”, porque de cuando mil millonarios hoteles y complejos se trata la ley se amolda rápidamente. Ahora la Junta rellenara sus arcas con miles de nuevos impuestos, derribara e implícitamente obligara a construir un gran número de casas, removiendo así el sector de la construcción; pero todo esto sin importar como afecta a la vida de miles de personas que han destinado parte de sus ahorros en vivir aquí.