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* Orientadora Educativa en la escuela de la Comunidad Valenciana. Miembro del colectivo Quererla es Crearla.
La semana pasada se ha celebrado una votación para la elección de la lengua base en los centros educativos de toda la Comunidad Valenciana. En la votación las familias elegían en qué lengua base se estudiará en el curso de sus hijos e hijas. Algunas familias no han tenido derecho a voto, son las familias que tienen a sus hijos matriculados en la modalidad de Unidad específica en centro ordinario (UECO) o en Centro de Educación Especial, es decir, cuyos hijos tienen discapacidad.
Esta votación tiene importantes implicaciones educativas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas, del valenciano y el castellano, sobre todo. Esto ha sido lo que más polémica ha traído en los medios de comunicación y se han puesto recursos a la ley. Pero no se ha hablado nada de lo que supone en términos de discriminación y exclusión del alumnado más vulnerable.
En primer lugar, la ley directamente segrega y excluye de la consulta a las familias de alumnado con Necesidades Educativas Especiales escolarizados en aulas UECO y en centros específicos. La argumentación de la ley dice que estas familias no votan porque elegirán de forma individual. Esto que parece un trato preferente, en realidad es una exclusión en toda regla, en la que se les niega a estas familias la capacidad de decidir igual que el resto.
La ley directamente segrega y excluye de la consulta a una parte del alumnado
Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda en qué medida esta ley es discriminatoria: Un alumno con una modalidad de escolarización UECO (Unidad específica en centro ordinario). Este niño pasa un 30% del tiempo en el aula UECO y un 70% del tiempo en su aula ordinaria de 3º. La familia de este niño no puede votar, lo que prevé la ley es que comunicará al centro individualmente en qué lengua quiere que reciba la escolaridad, pero no puede participar en la votación, con lo cual, no decide ni en qué lengua base se va a educar el 30% del tiempo en el aula UECO, (son un único grupo que trabaja conjuntamente), pero tampoco habrá participado de la elección del aula ordinaria en la que pasa el 70% del tiempo.
Es grave que la ley ataque la educación inclusiva de este alumnado, que tiene derecho a educarse con sus compañeros. A este alumnado se le habla en grupo y no únicamente de forma individual, igual que al resto. Parece ser que los que han hecho la ley presuponen que, en las aulas, cuando se habla en gran grupo o pequeño grupo, realmente el profesorado no se dirige a este alumnado, que están allí, pero como si no estuvieran y sólo “existen” cuando hay una atención individualizada en la lengua que ha elegido su familia. Todo esto atenta contra el derecho a la educación inclusiva, en el que los centros educativos y las aulas deben romper las barreras para el acceso, el aprendizaje y la participación, y trabajar para hacer accesible la experiencia en la escuela a todo el alumnado con todos los medios a su alcance. Los docentes tienen la obligación de amplificar el mensaje por diferentes medios para llegar a todos y todas, sea en la lengua que sea, y que el alumnado con discapacidad participe como uno más.
Se da por hecho que la familia no puede elegir las dos lenguas cooficiales
Por otra parte, hay otro presupuesto paternalista y discriminatorio en el texto de la ley: La elección individual que puede hacer la familia se restringe a la lengua habitual en su ámbito familiar o la lengua en la que el alumno tenga mayor dominio. Esa restricción se marca únicamente para este alumnado. Se da por hecho que la familia de este alumnado no puede elegir que su hijo o hija se eduque y domine las dos lenguas cooficiales, que si ellos son de origen migrante renuncien a que su hijo o hija aprenda valenciano y pueda estar más incluido en la sociedad valenciana. En las aulas UECO y en los Centros de Educación Especial hay alumnado muy diverso, es cierto que a una parte de este alumnado con muy poco lenguaje oral se le recomienda hablarle en su lengua materna, pero también tenemos alumnado que domina varios idiomas, con esta ley se está haciendo “tábula rasa”, como si no importara la inclusión social que puede obtener este alumnado al educarse en una de nuestras lenguas cooficiales, ni tampoco importara el derecho a decidir de estas familias.
En tercer lugar, es excluyente porque vuelve a establecer las dos líneas (Castellano y Valenciano) que había antes en nuestra comunidad; estas líneas en las que se segrega al alumnado según sea la lengua de elección de las familias sabemos que termina siendo un gran problema para la inclusión del alumnado de hijos de migrantes i el alumnado racializado. En gran parte de los colegios que tenían dos líneas, terminaba habiendo un grupo muy reducido de alumnado en la línea en castellano, con un nivel de competencia curricular más bajo y con muchos «repetidores» y otro grupo muy numeroso con el resto de alumnado, cuyas familias, hablaran el idioma que hablaran en casa, los matriculaban en Valenciano para huir de la segregación que suponía la línea en castellano.
El viento antidemocrático que arrecia en la Generalitat también ha golpeado a las personas con discapacidad.