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El Ministerio de Interior ha deportado a 21 ciudadanos saharauis que solicitaban asilo en España.
El Gobierno no ha atendido ni siquiera a la petición del Defensor del Pueblo, que por carta solicitó que a dos mujeres y un niño se les autorizase a quedarse en España para poder trámitar su solicitud como apátridas.
Entre los deportados estaba Rachida Amaador quien denunció haber estado detenida y torturada por las autoridades marroquíes por haber protestado al no dejarle visitar en la cárcel a su sobrino. Y varios de los solicitantes de asilo contaban con el resplado de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyos informes también se ignoraron.
Los saharauis fueron españoles hasta su independencia y deberían poder viajar y residir en nuestro país con un trato especial, no como extranjeros.
Condenados a vivir en campamentos en el desierto de Argelia por la ocupación marroquí de su territorio, Naciones Unidas ha determinado que deben poder ejercer la autodeterminación. Esta resolución es apoyada mayoritariamente por los países del Mundo; pero el Gobierno España ha girado su posición pasando a justificar que Marruecos se quede el Sáhara y le conceda solo una autonomía.
El servilismo del Gobierno con EE.UU. explica este cambio. Marruecos es un aliado militar norteamericano, el único país árabe que acepta el estado de Israel, y ha pasado a albergar bases militares estadounidenses.
Plegándose a Washington, la dirección del PSOE traiciona a los Saharauis, y sin duda al sentir de los españoles, incluidos sus militantes.