Democracia y respeto a la ley

Artur Mas ha llegado hasta aquí en unas circunstancias ciertamente difíciles: una crisis económica sin precedentes, con severos recortes en el gasto público; un trasfondo de fuerte malestar social; una gravísima situación financiera de la Generalitat, sin acceso al crédito externo y dependiente del pulmón artificial puesto en marcha por el Estado central; descrédito general del sistema de partidos políticos, con una fuerte erosión de la coalición gobernante en Catalunya como consecuencia del caso Pujol, un asunto de enorme alcance en la opinión pública y de innegable impacto en las expectativas electorales.El presidente de la Generalitat ha cumplido su palabra y el Gobierno de España también cumplirá con sus enunciados. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en las Cortes españolas, entiende que la citada convocatoria contraviene la legalidad y la recurrirá de manera inmediata ante el Tribunal Constitucional. Un Consejo de Ministros extraordinario se reunirá en las próximas horas para aprobar el citado recurso. En el momento en que sea admitido a trámite por el Alto Tribunal, la convocatoria de la consulta y la ley catalana que la ampara quedarán cautelarmente suspendidas. Estamos entrando, por lo tanto, en un momento político inédito. Nos encontramos ante la primera gran colisión institucional entre el Gobierno central y un gobierno autonómico: el Gobierno de la autonomía que más aporta a la economía española, el Gobierno de la Catalunya que abanderó durante la transición la reformulación del Estado español. No es una situación fácil de gestionar, pero no deberíamos caer en el dramatismo. Cuidado con los excesos teatrales estos días. No vivimos en los años treinta. Vivimos en una democracia consolidada, con instituciones fuertes, en el interior de un marco europeo fundado en los principios de la libertad y del respeto a la ley. Democracia y respeto a la ley, esa es la ecuación que debe aplicarse en este momento difícil. Hay una realidad política y social en Catalunya que no puede ser ignorada. Una realidad que se ha expresado en las urnas, que se ha manifestado en la calle y que es seguida con mucha atención por los principales medios de comunicación internacionales. Y, a la vez, debe respetarse la Constitución. El cumplimiento de la ley no es una posibilidad más, entre otras. Es la única opción posible en la Europa democrática. Es el fundamento de la seguridad jurídica, sin la cual no hay progreso económico posible. Esa ecuación deberá funcionar en los próximos días y meses. Y hay margen para ello. Es obligación de los gobernantes cumplir y hacer cumplir las leyes. Es responsabilidad de los gobernantes cumplir con el mandato electoral. Y también es responsabilidad de los gobernantes no colocar a la sociedad, a la que se deben, ante callejones sin salida.El president Artur Mas ha demostrado determinación y coraje, aun a costa de elevar la tensión política. En cualquier caso, Mas ha reiterado en diversas declaraciones públicas que no figura entre sus propósitos la violación de la ley, circunstancia que abocaría a la sociedad catalana a una grave división interna y colocaría a la Generalitat en una situación de objetiva debilidad ante el Estado central. De los errores del pasado hay que aprender. Un nuevo Sis d’Octubre, en versión posmoderna, sería una colosal equivocación. Cualquier temeridad que diese pie a la activación, total o parcial, del artículo 155 de la Constitución (artículo que prevé la suspensión de una autonomía previo acuerdo del Senado por mayoría absoluta) echaría por la borda el fenomenal caudal de energía civil desplegado estos últimos años por el catalanismo, no obtendría ningún apoyo de Europa y supondría un fenomenal retroceso político para Catalunya. No queremos ni pensar que, dentro de un mes, el tema en el orden del día fuese cómo negociar el levantamiento de una suspensión parcial de la autonomía. Eso no puede ocurrir. Y no va a ocurrir. Artur Mas ha cumplido y ahora debemos confiar en que aplique el mismo tesón y coraje a la gestión de los próximos días y semanas. Ha cerrado puertas, pero estamos seguros de que sabrá evitar el callejón sin salida. Dispone de prerrogativas para acortar la legislatura y si decide culminarla dispondrá de la mayoría parlamentaria necesaria para conducirla hasta el 2016. El president cuenta hoy con el respeto de una amplia mayoría social y dispone de margen político y parlamentario. Mas no es hoy el rey ahogado del juego del ajedrez. Hay margen para una inteligente conducción política de la situación. A tal fin, el president necesita buenos asesores y evitar metáforas en exceso. Sobriedad, conexión con la sociedad, ampliamente entendida, y serenidad. No todo depende de Barcelona. Ni mucho menos. La gestión inteligente de la actual coyuntura depende en buena medida del Gobierno de España, que no puede vivir encadenado a una visión seca y reglamentista del mandato constitucional. Un Gobierno atento al sentir social, capaz de archivar en pocos días un proyecto legislativo tan delicado como el de la modificación de la ley del aborto, no puede ignorar el sentir de la mayoría de la sociedad catalana. No es de recibo. El Gobierno Rajoy sabe rectificar. Lo hemos visto esta semana, sacrificando a relevantes ministros, incluso. No puede haber alta sensibilidad para unos asuntos y nula disposición para otros. Sería una irresponsabilidad.Hace poco, Rajoy se felicitó públicamente del resultado del referéndum en Escocia, del que tanto había recelado. No pudo resistir la tentación de asomarse a ese gran ejemplo de democracia que ha dado el Reino Unido. Sabemos cuáles son las diferencias constitucionales entre España y el Reino Unido. Pero también sabemos que el ejemplo británico ha generado una corriente de consenso en toda Europa a favor de la federalización y del pactismo. Pacto, pacto y pacto. Esa es la lección de la que ha tomado nota toda Europa, sin excepción. El Gobierno de España tiene la obligación de escuchar a la sociedad catalana. No es una posibilidad. Es su obligación, en un momento político extremadamente delicado y con unas perspectivas de recuperación económica favorables que podrían verse negativamente afectadas por una mala gestión del problema. En una España en la que se producen situaciones delirantes, como la rebaja de impuestos en comunidades perpetuamente beneficiarias de la solidaridad interna, el Gobierno no puede ser una figura enjuta escudada en la Constitución. Debe escuchar, atender, comprender y ensanchar el margen de la política.