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La campaña electoral se inundó de anuncios del gobierno: desde avales para compra de vivienda, o descuentos en tren para jóvenes, hasta otros gastos de mayor calado en sanidad, educación… Además llovieron promesas desde comunidades y ayuntamientos. Más 15.000 millones de euros se han comprometido en campaña, sin anunciar cómo aumentará la creación de riqueza y la recaudación para sufragarlos. Los presupuestos anuales de gobierno, autonomías o alcaldías se aprueban siendo deficitarios ya sobre el papel, y que todo gasto adicional sea más Deuda. Una montaña de Deuda Pública que nos roba recursos a todos.
¿Realmente falta dinero y es obligatorio endeudarse? La Agencia Tributaria desvela que no, que en España sobra dinero; pero se evade (ilegal) o se elude (legal) el pago de impuestos por las mayores compañías, financieros e inversores.
Este año pasado abonamos más de 31.000 millones solo en intereses de Deuda Pública y para amortizar la antigua emitimos nueva Deuda, incrementando el total. Todos esos millones dejan de poder ser usados para sanidad, educación, inversiones, ayudas, o para rebajar los impuestos a los trabajadores.
Y además la Deuda futura subirá de precio (pagaremos más elevados intereses) porque el Banco Central Europeo (BCE) ha dejado de comprar deuda a los países de la eurozona, lo que mantenía su coste más bajo. La factura que tendremos que pagar en 2026 está calculada ya en ¡46.500 millones! Una subida en tres años de 14.900 millones que el ministerio de Economía califica de «moderada y asumible». Pero ¿cómo va a ser asumible esta inmensa pérdida de dinero público?
¿Por qué hay que endeudarse?
Si España recaudara en impuestos a las grandes compañías y bancos, en la misma proporción en que pagan trabajadores o pequeñas y medianas empresas, no haría falta endeudarse.
En abril la Junta de accionistas de la constructora Ferrovial aprobó el cambio de su domicilio a La Haya en Países Bajos. Simplemente para pagar menos impuestos. Al ser territorio comunitario, los impuestos allí pagados dejarán de tener que hacerlo en España. No son los primeros: otra de las grandes que cotiza en la bolsa española, la farmacéutica Grifols ya había hecho lo mismo hace meses… Esto se conoce como «elusión fiscal«, un eufemismo para nombrar la manera en que «legalmente » consiguen evitar el pago de tributos.
Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo, son refugios fiscales en el corazón de la Unión Europea. Todo legal y admitido, no hay que trasladar capital a una recóndita isla caribeña (donde también va una parte como veremos).
Solo en Países Bajos hay domiciliadas ya 211 filiales de compañías españolas, 136 en Irlanda. El informe de la Agencia Tributaria de este año desvela que las 126 multinacionales españolas que facturan más de 750 millones anuales tienen registradas un total de 14.854 filiales por todo el mundo (4.906 en España, 2.515 en los otros 26 países de la UE, 1.048 en el resto de Europa, 4.414 en América, 528 en África y 1.440 en Asia y Oceanía).
Tal despliegue es una necesidad administrativa y económica para su expansión, argumentan los monopolios. Nada de eso. Las naciones con más filiales domiciliadas no son donde mayor cifra de negocio tienen las compañías matrices, sino donde menos impuestos se pagan.
Con tal maraña de sociedades dependientes, el dinero se traslada de manera «legal» a las naciones con esos impuestos más bajos. A pequeñas delegaciones con un puñado de trabajadores se les asigna una facturación desorbitada, y así salen datos absurdos en las estadísticas como que en Luxemburgo la rentabilidad por trabajador asciende a 620.571 euros.
Con la «elusión» miles de millones dejan de pagarse en España. Este mecanismo está tan consentido como que los datos globales se publican, pero los nombres de las empresas y cuántas de esas filiales son de cada matriz se mantienen en riguroso secreto por la Agencia Tributaria, discrección asegurada por una ley europea. Faltaría más.
De la elusión a la evasión
La ONG Oxfam Intermon publicó en uno de sus informes anuales que España en 2019 dejó de ingresar 4.300 millones por el traslado de beneficios hacia paraísos fiscales. Esto sí es ilegal; pero también relativamente protegido para los grandes capitales. Este febrero el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a normas europeas, redujo el número de países considerados paraísos fiscales, donde se traslada ilegalmente capital para evadir impuestos, de 48 a 24. El criterio para definir un paraíso fiscal se ha afinado como una «jurisdicción no cooperativa», es decir un estado que no facilita información sobre las finanzas. Los estados de origen del fraude quieren esa poderosa información, aunque no siempre se usa contra los más grandes evasores… aquí también hay clases.
Las mayores empresas españolas (Ibex 35) tienen 858 filiales en diferentes paraísos fiscales, según el listado más amplio de países así considerados por Intermón Oxfam. Esta cifra se ha triplicado desde 2009. El número uno es Delaware, una región de EEUU que tiene menos de un millón de habitantes pero registra 1,3 millones de compañías. Las empresas radicadas en Delaware incluso pueden operar de manera anónima a través del agente encargado de crear la compañía. Y sin embargo este Estado norteamericano no es considerado un paraíso fiscal.
Con cifras de hace dos años, entre las 35 mayores grandes empresas españolas que cotizan en la Bolsa acumulan en este rincón de EEUU, 352 filiales domiciladas.
El chollo de la Deuda
Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar el verdadero paraíso económico de multinacionales y banqueros: nuestro propio país. Hemos visto que recaudando los impuestos que evaden o eluden los grandes grupos económicos no haría falta endeudar a las administraciones públicas. Pero es que ademas estos gigantes se lucran de la Deuda Pública.
La banca española compró emisiones del Tesoro por 26.000 millones en 2022, y ya acumula 166.208 millones de euros. Como rentistas de esta gran Deuda ganan unos 3.900 millones de euros anuales. Se benefician doblemente prestando al Estado el dinero que descuadra en los presupuestos por los impuestos que no pagan. Y ojo que toda esa emisión de deuda que poseen es solo una décima parte del total. ¿Quién tiene el resto? ¿Quién más cobra los intereses anuales de la Deuda española? Pues hasta un 41% (unos 12.000 millones de euros), se va a tenedores de Francia y Alemania.
Desde La Haya hasta Delaware y de allí a Madrid, el expolio es inmenso. Entre lo evadido a paraísos fiscales, lo evitado de pagar con las tretas legales de la elusión fiscal, más los intereses anuales de la Deuda Pública, claro que se podría financiar hasta la última promesa electoral. Y aún habría saldo positivo en los presupuestos públicos.